En el marco de Concasida 2010 fue celebrada la conferencia satelital “Homo Lesbo Trans fobia: Derribando barreras para la incidencia, la accesibilidad y la prevención”, con el auspicio del Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (HIVOS) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC. Funcionarios y activistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá firmaron la Declaración de San José.

Ofelia Taitelbaum, responsable de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, manifestó el apoyo incondicional a las demandas de las comunidades de la diversidad sexual y a las acciones que contribuyan a la erradicación de la homo lesbo trans fobia en cualquiera de sus manifestaciones. También participó Luiza Carvalho, Representante Residente del PNUD en Costa Rica, que consolidó el compromiso de las agencias que integran el sistema de Naciones Unidas para impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la diversidad sexual en la región.

Posteriormente, comisiones intersectoriales integradas por activistas y gestores de procesos, así como representantes de las defensorías de los seis países, socializaron el resumen de sus propuestas de trabajo. Todos coincidieron en la necesidad de institucionalizar, dentro de los Estados, el apoyo a las denuncias impulsadas por las comunidades de la diversidad sexual. También coincidieron en la urgencia de fortalecer la defensa y la promoción del ejercicio ciudadano como una alternativa legítima para la equiparación de Derechos.

Un hecho inédito en la región lo constituye la designación de Samira Montiel, coordinadora del Grupo de Mujeres Lesbianas de Nicaragua, como Defensora de la Diversidad Sexual para la Procuraduría de Derechos Humanos de su país. Montiel destacó que, pese a los retos y dificultades que supone la movilización de acciones vinculadas a la diversidad sexual en contextos tan adversos como los de Centroamérica, se está reescribiendo la historia con hitos como estos. “Los Estados tienen la obligación moral de apropiarse de las demandas de la diversidad sexual y actuar en consecuencia”, opinó.

Posterior a la presentación de planes y luego de la ronda de preguntas y respuestas con las y los participantes, se procedió a la firma de la declaración de intenciones, la cual –aunque no es vinculante- constituye un paso fundamental para la extensión de puentes necesarios entre actores de la sociedad civil y las oficinas de defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Carlos Romero Prieto

Equipo de Corresponsales Clave

San José, Costa Rica – 4 de marzo de 2010

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.