Costa Rica ha presentado a finales de marzo el Informe de Seguimiento a la Declaración de Compromisos de UNGASS correspondiente a los años 2008-2009, tal como estaba previsto que hicieran todos los países del mundo.

Durante la última sesión de validación de este informe, tanto las organizaciones de la Sociedad Civil como las de Gobierno estuvieron de acuerdo en la calificación dada a la mayoría de indicadores, pero hubo dos desacuerdos importantes: el primero, en lo que respecta al apoyo del Gobierno a la Sociedad Civil; el otro, en el punto que refleja la existencia de leyes o normativas que obstaculizan los procesos de prevención y atención del VIH.

Sobre el apoyo político, pese a aceptar que las instituciones gubernamentales brindan algunas facilidades técnicas, la Sociedad Civil resiente la falta de apoyo financiero para que sus organizaciones puedan desarrollar sus propuestas y campañas de prevención. Y con respecto a la existencia de normativas que obstaculizan el trabajo, las OSC mencionan sobre todo que la entidad central encargada de la atención, la Caja Costarricense de Seguro Social, mantiene la política de proveer condones solamente mediante receta médica, además de que rehúsa atender a personas en condición migrante o móvil.

Concretamente, el informe señala que “la Sociedad Civil discrepa de que el apoyo político en Costa Rica sea de alta calificación y considera que debe fortalecerse”. El reclamo de las OSC se refiere, principalmente, a la ausencia de programas de apoyo financiero, ante la inoperancia del Gobierno para acceder a los recursos que provee el Fondo Global. Además, se indica que ninguna autoridad de alto nivel ha comparecido en favor de los esfuerzos relacionados con la respuesta al VIH, y que más bien estas oportunidades son delegadas a funcionarios de menor rango.

Por otro lado, las organizaciones señalan la existencia de leyes, reglamentos, directrices o normativas que obstaculizan la prevención, el tratamiento y la atención eficaces dirigidas a las subpoblaciones vulnerables; mientras que el informe apunta a que se deben fortalecer los mecanismos para una mayor participación civil en dicha respuesta.

Durante la última sesión de validación, algunos miembros de la Sociedad Civil criticaron la rigidez de los indicadores que provee ONUSIDA para dar seguimiento a estos compromisos, lo cual no permite enriquecer con mayores aportes un análisis evaluativo que podría brindar mejores herramientas para emprender acciones a futuro. Al respecto, se conoció que una de las ONG participante, la Asociación Humanitas, ha venido elaborando nuevos indicadores para desarrollar con la Sociedad Civil, en un intento de ofrecer a las organizaciones instrumentos que les permitan monitorear la respuesta al VIH y, a la vez, realizar incidencia política.

Sergio Ruiz

Equipo de Corresponsales Clave

San José, Costa Rica – 15 de abril de 2010.

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