“Hoy estoy muy triste porque no entiendo cómo puede haber tanta maldad y, a la vez, tanta soledad y poco compromiso para llegar al fondo de nuestras realidades. Los estratos más bajos también tenemos derechos”. Estas son las palabras de Madonna Lozada, activista por los derechos humanos de personas trans, al referirse a la situación de violencia a la que son sometidas día a día. Es que en el último año dos de sus compañeras de la localidad de Mártires, Bogotá, fueron asesinadas, mientras los medios de comunicación sólo atribuyen las muertes a pasiones, robos o consumidores de drogas. Nunca mencionaron que se trataba de dos personas trans que trabajaban como líderes en organizaciones locales para., justamente, eliminar el estigma y la discriminación que debe enfrentar esta población.

Esta ola de violencia se expande no sólo en Colombia, sino también en todo Latinoamérica y el Caribe. Ha sido denunciada por los sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) y exige el compromiso de las autoridades locales, ya que se trata de personas que deben ver garantizados sus derechos. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos locales en materia de seguridad? En Colombia la situación sigue siendo una problemática nacional que, por ahora, no encuentra solución.

El pasado mes de julio, Andrea, una trans de 34 años de edad, fue brutalmente asesinada: fue torturada, apuñalada y quemada con ácido. Los medios lo caratularon como “un crimen pasional”. “Qué tristeza que los medios sólo ridiculicen nuestra vida, no muestran lo que pasa en realidad, no hay estadísticas de las muertes en nuestra población, nos clasifican como machos, hembras, masculino, femenino, hombre, mujer”, lamenta Madonna. “Nosotras también existimos, queremos vivir, ser libres y que se respeten nuestros derechos. Los medios de comunicación manejan nuestras desgracias a su modo, estamos cansadas de esta ciudad de supervivencia. Queremos trabajar y lo estamos haciendo, pero falta compromiso para que se respeten nuestros derechos”, agrega.

“El asesinato de Andrea es sólo uno de los tantos asesinatos que se cometen con las mujeres trans en América Latina por odio, por ignorancia, por falta de conocimiento. Es increíble que aún se sigan vulnerando los derechos y, en este caso, el derecho más preciado que es la vida”, asegura Laura Weins Nisen, Coordinadora en Formación en Derechos Humanos para Personas Trans del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) y Vocera de la Mesa Distrital LGBT de Bogotá. “Lo más sorprendente es que nadie ve ni sabe nada de lo ocurrido. Sólo se sabe una verdad a medias en el momento en el que se descubre el cadáver. Las gran mayoría de las personas trans viven en una soledad y marginalidad tan grande que nadie se da cuenta de lo que ocurre, se niega la identidad usando calificativos como él y no ella, lo cual opaca la realidad de lo que somos y niega nuestra construcción identitaria”, explica.

Las muertes son reiteradas en todo el país, pero las autoridades no se hacen cargo. Nadie se hace cargo. Mientras tanto, la organización social Madonna y sus Divas organizó en el último mes una movilización local bajo el lema: “No Más Crímenes de Odio por Identidad”, a la que asistieron organizaciones sociales y personas independientes, todos al grito unísono de NO MÁS. La movilización finalizó con un plantón de los asistentes frente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Además, la organización se reunió con la Policía Metropolitana en un Foro de Derechos Humanos, tratando de sensibilizar a las autoridades frente a las problemáticas de ésta población marginada y discriminada. “Trabajamos mucho para el reconocimiento de nuestra población, pero no es fácil. Esta ciudad nos está matando y perdemos credibilidad frente a nuestra propia comunidad, porque las chicas se preguntan ‘¿de qué sirve cambiar y construir una ciudad que cada día nos destruye?’”, admite Madonna.

“Los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual no sólo son aquellos cometidos cuando se mata, si no también cuando se violentan nuestros derechos. Se nos niega el trato que merecemos por nuestra condición de seres humanos y es tan grave como quitarnos la vida. Creo que esto es sólo el resultado de una sociedad en crisis que no ha aprendido a ver que en la diferencia podemos vivir”, opina Laura. “Lo peor de todo es que los medios de comunicación y los entes gubernamentales, que son los que tienen el poder de divulgar y hacer justicia, siempre lo maquillan con un calificativo que no es”, concluye.

Las denuncias se acumulan pero los cambios no llegan. Esperemos que casos como éstos, que vienen sucediendo no sólo en Bogotá, no sólo en Colombia, si no en toda Latinoamérica y el Caribe, tengan en algún momento la importancia que se merecen y, sobre todo, que las autoridades se den cuenta de que se trata del respeto de los Derechos Humanos de toda la población.

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