Como hemos desarrollado en artículos anteriores, podemos decir que en muchos países de la región -particularmente en Centroamérica- estamos asistiendo al asesinato sistemático de personas transgénero. Una rápida explicación del fenómeno podría orientarse a enmarcarlos dentro de los crímenes de odio, de los que también son víctimas gays, lesbianas y trabajadoras sexuales. Son sin lugar a dudas crímenes de odio, pero también genera una particular sospecha que el blanco prioritario de estos asesinatos sistemáticos sean las líderes (y protectoras de los derechos humanos) de las organizaciones de trans.

Hay algo que no responde al azar ni es aleatorio en muchos de los homicidios de personas trans en Honduras. Hoy, todas las trans en Honduras (como en otros países) son un “blanco fácil” de los perpetradores de crímenes de odio, sean estos miembros de las fuerzas de seguridad, de bandas o personas sin afiliación en particular.

En primer lugar, resulta particularmente sospechoso que en menos de dos años prácticamente toda la junta directiva y miembros clave del Colectivo Travesti de Honduras hayan sido asesinadas. En segundo lugar, es oportuno detenernos en los métodos empleados: se caracterizan por ser asesinatos muy violentos, muchos con arma de fuego y disparos en la cabeza o por la espalda, como así también la aparición de los cuerpos mutilados de las víctimas.

Los blancos y los métodos responden también a una forma sistemática de neutralizar a las organizaciones que luchan contra la transfobia y hacen denuncias, aniquilando a las defensoras de los derechos humanos, y enviando al mismo tiempo un claro mensaje público de amenaza y miedo al estilo mafioso.

Uno de los catalizadores para los crímenes de odio, sean estos perpetrados por funcionarios o por personas sin afiliación particular, es la impunidad. La mayoría de estos asesinatos no son ni denunciados ni investigados ni castigados. Las denuncias de las organizaciones de trans son en ocasiones rechazadas por no existir un vínculo familiar o sanguíneo entre la víctima y la denunciante. En otros casos no hay forma de comprobar que la denuncia ha sido efectivamente procesada, y mucho menos acceder posteriormente a la causa. Son crímenes sin verdad ni justicia.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida de Honduras debe urgentemente articular un mecanismo por el cual las organizaciones de trans y de derechos humanos puedan formalizar una denuncia y darle seguimiento como particulares afectadas. Este paso urgente podría hacer una gran diferencia en cuestión de meses. Claro está, si es seguido por el compromiso del gobierno por investigar y castigar estos hechos. Mientras no lo haga, y hasta tanto existan señales claras de que terminar con estos crímenes es una cuestión de Estado, el gobierno hondureño será cómplice y participe necesario. Y los asesinatos seguirán sucediendo.

La mayoría de las personas trans, según refiere el Colectivo Travesti de Honduras, ejercen el trabajo sexual en la vía pública y ya esto las hace vulnerables a todas las formas de abuso y violencia. Sumado a esto, está en vigencia un artículo dentro de la Ley de Convivencia Social Ciudadana que reprime la denominada “vagancia en la vía pública” y que habilita a las fuerzas de seguridad a reprimirlas. Es muy difícil poder trabajar con el gobierno y con las fuerzas de seguridad cuando la actividad ejercida por las trans para procurarse su sustento es además considerada ilícita. Y esta es una de las principales excusas de la evidente inacción oficial.

Los medios de comunicación masiva no ayudan mucho dado que tratan estos casos en forma amarillista, justificando sutilmente esta violencia por vincularla con el trabajo sexual o minimizándola como hechos puntuales de violencia entre trabajadoras y clientes.

El contexto no es nada propicio. Honduras ha atravesado una grave crisis política con consecuencias en su calidad institucional. Existe un porcentaje importante de la sociedad hondureña con fuertes creencias religiosas y conservadoras. Y cualquier cambio profundo requerirá -además del compromiso en las más altas esferas gubernamentales- mucho tiempo. Mientras tanto, la comunidad trans está en riesgo, y al menos aquellas que realizan un trabajo de denuncia y defensa de los derechos humanos requieren una urgente protección personal. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Hoy, cuando caiga el día, habrá cientos, si no miles, de trans trabajando, paradas en alguna esquina de Tegucigalpa o San Pedro Sula, al igual que en otras tantas ciudades de otros países de la región. Ciudadanas sin mejores opciones laborales, poniendo el cuerpo con miedo, poniendo sus vidas en juego para subsistir y alimentar a los suyos.

Debemos luchar coordinadamente y en todos los frentes para que nadie se ponga en riesgo debido a su orientación sexual, a su trabajo o a su identidad de género. Debemos poder ser quienes somos sin perder la vida en el intento.

Documentos de la REDLACTRANS sobre crímenes de odio en Honduras

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