Pese a los significativos avances de los dos receptores principales para cumplir con los requerimientos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FM), la firma de los convenios no se ha concretado aún por la falta de aprobación del Congreso de la República. La raíz de esta coyuntura es la designación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como uno de los receptores principales para VIH y único para malaria, y para constituirse como tal debe apegarse a los lineamientos que el país ha establecido para la suscripción de convenios de esta naturaleza, los cuales deben ser aprobados por el Congreso de la República a través de un decreto legislativo.

Las acciones de cabildeo entre los jefes de bancada (partidos representados en el Congreso) y otros actores clave de las comisiones de salud y educación han sido infructuosas, pese al ofrecimiento verbal para incluir el punto con carácter de urgencia nacional durante la última asamblea parlamentaria realizada el 22 de diciembre pasado. El 14 de enero, cuando termine el receso de fin de año, el parlamento se enfocará en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva y en la conformación de comisiones legislativas, que debería ser un proceso parlamentario más pero que se ha constituido en una pulseade política en la que las bancadas disputan las comisiones estratégicas, especialmente en este año electoral.

Sumado a la burocracia estatal y parlamentaria, el escenario es matizado por la compleja coyuntura nacional en la que sobresale una nueva crisis de seguridad que ha provocado la instauración del estado de sitio en el departamento de lta Verapaz debido al avance del crimen organizado, cuyos cabecillas a su vez han amenazado con una contraofensiva dirigida a blancos civiles y militares en todo el país.

La principal preocupación es la permanente sombra del desabastecimiento, así como la falta de recursos para sostener los servicios de atención. Por otro lado, desde el 31 de octubre pasado, las unidades ejecutoras para las acciones de prevención han suspendido actividades, y muchos de los procesos y las capacidades instaladas están siendo vulnerados. Algunas unidades incluso manifiestan la posibilidad de cierre definitivo al no contar con los recursos mínimos para afrontar la renta y los servicios básicos. Gran parte del personal capacitado y formado ha migrado hacia otros trabajos, ante la imposibilidad de esperar el inicio de la nueva fase.

Vale destacar que el Programa Nacional de VIH y SIDA del Ministerio de Salud es de carácter normativo –no ejecutor-, lo que significa que más del 90% de las acciones de prevención dependen de las ONG. Éstas, a su vez, necesitan en su gran mayoría de los recursos del proyecto del FM, lo que acentúa las brechas en materia de prevención, especialmente para las poblaciones en mayor riesgo que no están incluidas en las estructuras programáticas del Ministerio de Salud. De perderse esta oportunidad, se perdería con ella el acceso a pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B para poblaciones en más alto riesgo, así como la aplicación de pruebas de VIH para 65.000 embarazadas (se esperaba testear a 115.000 embarazadas con los recursos del FM).

Sobre el tema de las mujeres embarazadas, un comunicado conjunto del Colegio de Médicos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Capítulo Guatemala de ICW Latina señala que “Se estima que entre 150 y 200 mujeres dejarían de ser detectadas positivas con estos recursos, cada año; y entre 75 y 100 niños resultarían infectados anualmente por VIH, situación que podría evitarse, si la propuesta y los convenios firmados en tiempo, permiten acceder a estos recursos”.

Con relación a la malaria, los avances significativos para su erradicación en tres departamentos del país – Alta Verapaz, Petén y Quiché, que en el 2005 generaban el 80% de los casos- pueden verse comprometidos significativamente, pues las acciones de prevención han sido cesadas desde octubre del 2010. También se encuentra amenazanda la extensión de las acciones a otras regiones del país contemplada en la propuesta (pre eliminación de la malaria para el 2015).

Para el 23 de diciembre, el Mecanismo Coordinador de País (MCP) convocó a una asamblea extraordinaria para definir las acciones pertinentes y garantizar la emisión del decreto necesario, en la cual participó –además de la membresía del MCP- el viceministro de Salud, Pedro Rosales. Entre las acciones propuestas, la asamblea destacó la de impulsar la firma del convenio con HIVOS antes, para retomar las tareas en materia de prevención, pero se identificó la necesidad estratégica de firmar los convenios juntos con ambos receptores principales, especialmente debido a la interdependencia de las acciones. Finalmente, se consensuó en movilizar una estrategia en varios niveles que incluye acentuar la incidencia en el Congreso, la presión diplomática por parte de algunas embajadas de países cooperantes del Fondo, la movilización de medios de comunicación y la movilización de bases comunitarias.

El Congreso reiniciará actividades el 14 de enero con una sesión solemne, en la cual será juramentada la nueva Junta Directiva y en la misma se prevé recoger los frutos de la estrategia e incluir en la agenda la emisión del decreto con carácter de urgencia nacional. Luego de esta sesión solemne, se presume que las siguientes asambleas se centrarán en la conformación de comisiones, lo que compromete nuevamente las acciones de incidencia.

Lamentablemente, es difícil predecir lo que viene, pese a los grandes esfuerzos del MCP, su membresía, grupos de base comunitaria, la Procuraduría de Derechos Humanos, el cuerpo diplomático y algunas/os parlamentarias/os, pues en Guatemala el 2011 es un año electoral y la distribución de comisiones en el Congreso puede postergar la emisión del decreto, anteponiendo agendas partidistas a las urgencias en la agenda nacional.

También es impredecible el efecto de las acciones de cabildeo movilizadas por los actores enumerados anteriormente, pues pocas veces hubo un nivel de movilización tan activo como el actual. La coyuntura ha impulsado a explorar métodos alternativos de incidencia y se ha convocado a actores “no tradicionales” cuyo efecto y respaldo podrían orientar la balanza a favor de la iniciativa. Lo que es innegable es la gravedad de la situación, pues su no aprobación tendría efectos más allá de la salud pública, agravando la ya precaria situación que el país enfrenta.

Por último, cabe una reflexión sobre los niveles de apropiación de los recursos del Fondo Mundial por parte de nuestros países. Se conoce desde siempre la necesidad de este decreto habilitante; entonces, ¿cómo es posible que las autoridades nacionales tanto del ejecutivo como del legislativo lleguen a esta instancia e inexplicable demora? Si nuestros países acceden exitosamente a recursos del Fondo Mundial deben asegurar que todos los trámites legales, administartivos e impositivos estén resueltos y que los posibles retrasos en estas áreas no resulten en muertes – evitables en este caso en particular- porque el dinero está esperando en una cuenta para ser desembolsado.

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