Pese al cuestionamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, de organizaciones de la sociedad civil, de unidades ejecutoras del Fondo Mundial, de diplomáticos y de otras instancias involucradas en la respuesta a la epidemia, el Congreso de la República no ha avanzado en el proceso para concretar la firma de los convenios, por lo que a las demandas mencionadas se sumó el sistema de Naciones Unidas, a través de un comunicado de prensa emitido el pasado 21 de enero y una visita ese mismo día a Roberto Alejos Cámbara, presidente de la nueva Junta Directiva del Congreso.

En su parte principal el comunicado reza: “El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria aprobó en 2010 una donación para la prevención y control del VIH por US$38 millones para ejecutarse en los próximos tres años, de los cuales el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementará US$17.5 millones. Para el uso de estos recursos de donación es urgente y fundamental que el Honorable Congreso de la República analice a la mayor brevedad y apruebe la iniciativa de ley No. 4309, la cual contiene el Acuerdo de Subvención del Proyecto “Intensificación de las acciones de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA en grupos Vulnerables y Áreas Prioritarias de Guatemala, Fase I de Continuidad”.

Las entidades del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Fondo de Población de las Naciones Unidas(UNFPA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) apelan al Honorable Congreso de la República para que de manera urgente conozca esta iniciativa de ley y acuerde la aprobación de una donación estratégica para el país, que asegure la continuidad en las acciones del Estado relativas al combate contra el VIH/SIDA.

Con las acciones y actividades planificadas a través de estos fondos se garantiza la atención integral y el tratamiento para beneficiar a 15.000 personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Guatemala, y el fortalecimiento de los servicios del Ministerio de Salud en la prevención y atención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del VIH, acciones que beneficiarán a aproximadamente medio millón de personas”

La situación en el Congreso de la República

El Partido Líder, perteneciente a la oposición, ha impulsado dentro del Congreso Nacional la “agenda del adulto mayor” –una de sus principales fuentes de base- cuyos programas sociales son administrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A partir de ello han planteado una interpelación sobre su gestión a Mario Illescas, responsable de dicha cartera. Y aunque los diversos entes políticos y sociales reconocen la importancia de la auditoría a los programas gubernamentales, este caso ha generado reacciones adversas pues en las dos primeras sesiones del pleno no ha habido cuestionamientos sustantivos o planteamientos puntuales sino que se ha obligado al Ministro Illescas a leer los nombres de más de cien mil beneficiarios de los programas sociales del Ministerio durante horas. Y lo que se percibe es una estratagema para detener la agenda legislativa, la cual –además de la iniciativa 4309- contiene iniciativas sensibles para los y las congresistas y sus partidos.

El escenario ha tomado un cariz irreal y ha movilizado a un variado espectro de actores, los cuales ahora enfilan sus demandas al Partido Líder, que insiste en una actividad estéril y a todas luces contraproducente para la discusión de puntos fundamentales para la salud pública. Para el martes 25 de enero se prevé un nuevo piqueteo en las afueras del Congreso de la República, cuyas consignas pretenden detener la interpelación y allanar el camino para la emisión del ya célebre decreto 4309.

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