El documento ha surgido de la preocupación de las instancias que integran REDESLAC (ASICAL, REDLA, COASCE, ICW, LACCASO, REDLACTRANS, REDTRASEX, RELARD  y el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas) así como de organizaciones y activistas de la sociedad civil, de las poblaciones vulnerables y de personas viviendo con VIH o Sida, quienes han seguido con preocupación los procesos de consulta regionales y nacionales realizados en 2006 y 2010, como parte del monitoreo al cumplimiento de metas y criterios establecidos en la declaración de compromiso sobre el VIH/sida de 2001, de la Declaración Política sobre el VIH/sida de 2006 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 6).

En el documento mencionan su desencanto por las brechas identificadas en diferentes niveles y que las metas planteadas para el 2003, 2005 y 2010 simplemente no se han cumplido. Sólo el 42% de los 1,4 millones de personas viviendo con VIH en Centroamérica y Sudamérica están incluidas en la cobertura de tratamiento antirretroviral, y durante el 2009 la cobertura sólo se incrementó en un 6%, cuando el promedio mundial fue de 30%.

Señalaron también la escasa transparencia en la toma de decisiones para el diseño, implementación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de políticas y programas y la falta de medidas contundentes contra la corrupción. De manera general y resumida, los diez planteamientos son:

Reconocer el VIH como un problema de salud, de derechos humanos y de desarrollo: las respuestas nacionales deben responder a la integralidad  de conceptos de desarrollo humano, social y económico, a la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y al acceso universal a los servicios de salud y otros vinculados, considerando a los derechos humanos como eje de todas las acciones en respuesta  a la epidemia del VIH, incluyendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos en las agendas integradas para responder al VIH y sida. El estigma y discriminación deben ser erradicados.

Basar las respuestas nacionales en el principio de los Tres Unos: para ello aún necesitamos un marco de acción sobre el VIH y sida, acordado multisectorialmente. Algunos países aún no tienen una autoridad nacional de coordinación del VIH y sida y otros no tienen un marco de monitoreo y evaluación establecido y funcionando.

Garantizar la cantidad, calidad y enfoque de la inversión en respuesta al VIH: los recursos limitados en tiempo de crisis, cuando el VIH y el sida no son más parte de la agenda prioritaria, deben ser optimizados, reduciendo las brechas entre epidemia e inversión, poniendo énfasis en poblaciones en mayor riesgo. Los estados deben aumentar sus inversiones nacionales. En la región hay grandes diferencias en la manera en que los gobiernos definen e implementan fondos para responder a las epidemias nacionales de VIH. El Fondo Mundial no debe ser utilizado para solventar las debilidades de los gobiernos que privilegian los proyectos en lugar de los programas, sino para repuntar el trabajo conjunto y la inversión focalizada, eficiente y transparente, que permitan abatir los problemas de VIH en los sistemas de salud.

Abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH: los estados y gobernantes deben incluir en sus agendas acciones basadas en evidencia y fondos adecuados para atender a las necesidades específicas de las mujeres y niñas en el contexto del VIH, implementando programas y políticas que aborden los derechos y necesidades con perspectiva de género, incluyendo acciones de prevención contra la violencia de género que es causa y consecuencia del VIH para mujeres y niñas, así como acciones contra el machismo y heterosexismo.

Garantizar el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación de las personas afectadas y en riesgo en la toma de decisiones: se deben aumentar los fondos para que la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones, grupos y redes de personas con VIH y de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo, puedan dar respuesta a las necesidades de sus poblaciones y para monitorear el cumplimiento de los compromisos gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial sobre el VIH y el sida.

Apoyo y cuidado a huérfanos: diseñar programas y servicios para niñas/os huérfanos o afectados por el VIH para otorgarles asesoramiento, apoyo psicosocial adecuado, y asegurarles escolarización, acceso a la vivienda, buena nutrición, y servicios sociales y de salud de calidad. Entre las deudas de los gobiernos se encuentra pendientes el relevamiento que permita dimensionar y caracterizar el universo de niñas/os y adolescentes afectados directamente o indirectamente por el VIH.

Prevenir con educación: los ministros de Salud y Educación de Latinoamérica firmaron en 2008 la Declaración “Prevenir con Educación”. Poco se ha avanzado. Exigimos una agenda concreta de acciones a fin de alcanzar las metas propuestas, incluyendo educación universal e integral sobre sexualidad dentro y fuera de las escuelas, con contenidos sobre DD.HH, equidad de género y diversidad sexual. Esto es esencial para disminuir el estigma y la violencia.

Atender a las personas privadas de la libertad: los estados deben reconocer las debilidades del sistema penitenciario, incluyendo sus sistemas de salud e incorporar el paradigma de la salud pública y el reconocimiento del derecho de las personas que viven en las cárceles a una atención integral de la salud, adoptando las medidas necesarias para la atención, cuidado y prevención de las personas privadas de libertad, resguardando el acceso a la información y educación sobre la prevención del VIH, al asesoramiento y pruebas voluntarias y confidenciales del VIH, a los medios de prevención (preservativos, desinfectante y material de inyección estéril), al tratamiento y atención, y a participar voluntariamente en ensayos clínicos relacionados con el VIH.

Promover respuestas basadas en la evidencia: los estados y los cooperantes deben promover y apoyar el desarrollo de investigaciones a nivel nacional y regional que permitan documentar la situación real del VIH en la región, las prevalencias en las distintas poblaciones y su evolución, el  impacto de la epidemia en los países de la región y en las poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, incluyendo vigilar la eficacia de los ARV, la toxicidad, los efectos secundarios, la interacción entre los medicamentos y la resistencia a los mismos.

Monitoreo y rendición de cuentas: la implementación de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que incluyan a las personas que viven con VIH y a las organizaciones de la sociedad civil es esencial para garantizar mejores definiciones sobre prioridades, calidad de los servicios, adecuación y distribución de recursos.

Este comunicado ha generado un sano y positivo debate al inicio de la reunión sobre el alcance de la respuesta y los roles asumidos por los actores, y es además un acto contundente desde las redes comunitarias, las cuales han contado con poca participación en la consulta.

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