El 5 de julio la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un decreto que prohíbe la publicidad de oferta sexual en los medios de comunicación y a la vez crea un órgano de control dentro del Ministerio de Justicia. La medida fue recibida con visiones encontradas. Algunas líderes de organizaciones de mujeres y de trabajo en el combate a la trata de personas celebraron el decreto, mientras el movimiento de trabajadoras sexuales agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) fijó una posición contraria con un comunicado, a la vez que se lamentó en particular por el decreto de una medida en forma inconsulta.

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner

La norma fue anunciada como un paso tendiente a erradicar la trata de personas, en particular con fines de explotación sexual. En este sentido AMMAR refirió: “No nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales. No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legítima como es la nuestra.”

Sin lugar a dudas esta medida es parcial e insuficiente para reducir el fenómeno de la trata y es percibida como una norma en contra de las trabajadoras sexuales, algunas de las cuales ponen dinero en una cesta común para alquilar un departamento y publicar avisos en forma autónoma, cooperativa y lejos del proxenetismo. Hay que resaltar además que actualmente en la Argentina una medida de este tipo tiene un impacto mayor en la comunidad de personas trans y de hombres que ejercen el trabajo sexual que en el de las mujeres, dada la cantidad de avisos que publica cada grupo diariamente.

La medida fue también presentada como una forma de combatir la violencia contra la mujer y así lo refirió la Presidenta: “Se trata de una de las tantas discriminaciones contra la mujer, tal vez sea la más humillante. Nosotros jamás vamos a condenar a ninguna mujer, porque en la mayoría de los casos, nadie elige la vida que tiene“.

En el movimiento de las trabajadoras sexuales existe la sospecha de que esta medida fue el resultado de un avance de los grupos de mujeres abolicionistas del trabajo sexual cercanas al gobierno. Postura que reflejamos en ocasión del Día de las Trabajadoras Sexuales en este artículo: “Vemos a la prostitución como una violación a los derechos humanos de las mujeres porque es violencia, subordinación y opresión. Implica la mercantilización del cuerpo y de la subjetividad de las mujeres en la sociedad capitalista y patriarcal en que vivimos (Artemisa).”

En este sentido Elena Reynaga, Secretaria General de AMMAR, explicó: “Creo que hay personas abolicionistas del movimiento feminista que tienen mucho poder, mucha llegada. En estos momentos de campaña electoral, el tema de trata es música para algunos oídos y el reconocimiento del trabajo sexual no, nosotras somos piantavotos (que alejan votantes). Nadie se quiere jugar a escuchar a las chicas”.

Las posiciones entre trabajadoras sexuales y grupos abolicionistas son irreconciliables por las miradas extremas que plantean sobre un mismo fenómeno. Es importante aquí señalar que esta medida –que probablemente tendrá un impacto mayor sobre el trabajo sexual que sobre la trata– fue inconsulta y refleja un interés parcial. Se presentó también como una medida para regular la violencia de género en los medios de comunicación prohibiendo estos avisos, cuando basta ver la violencia explícita, implícita e invisible que inunda la grilla televisiva criolla disfrazada de publicidad, humor y entretenimiento.

En este medio reflejamos en diversas oportunidades la denuncia de las organizaciones de trabajadoras sexuales, en particular en Centroamérica, respecto de que las nuevas leyes contra la trata terminan incrementando la criminalización del trabajo sexual. Así también, que la atención excesiva puesta sobre el tema estaría financiada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Curiosamente, el día después del decreto, la primera mandataria argentina recibió una carta de felicitación de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajadora Vilma Martínez explicó que “cuando llegó al país hace casi dos años, uno de sus mayores compromisos fue el de trabajar con el gobierno de Cristina y con la sociedad civil para aumentar el conocimiento público del tema de la trata de personas y compartir nuestras experiencias en el combate de este flagelo“.

Marcha de AMMAR

Para concluir hay tres temas que sobre los que quisiera reflexionar:

El primero, sobre el punto de inflexión y de tensión en la sociedad civil y sus organizaciones que crean estas medidas, sobre todo para aquellas organizaciones que tienen una mirada diferente a la del gobierno. Fijar una postura diferente a la del gobierno en un contexto en el cual la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil lo apoyan por sus probadas políticas progresistas es un síntoma de madurez, coherencia y consecuencia. Aquí, los 16 años de existencia, crecimiento y militancia de AMMAR quedaron en evidencia, como así también la importancia de no “prostituir” las creencias y valores traicionando a sus bases.

El segundo asunto se relaciona con la parcialidad de la medida. Es que cualquiera que lleve unos años trabajando en el terreno y en temas relacionados con trabajo sexual sabe que el tema de la trata de personas para la explotación sexual sólo se resuelve con leyes, medidas y liderazgo político en todos los niveles. Similar al narcotráfico, las redes de trata operan bajo la connivencia de autoridades locales y fuerzas de seguridad.

El tercero es más profundo y tiene que ver con el paternalismo, una forma compleja y multifacética de violencia de género. Paternalismo que se refleja en la constante negación de la identidad de las trabajadoras sexuales por parte de un grupo de organizaciones de mujeres que representan una élite teórico-académica con la pretensión de imponer identidades. La misma mirada complaciente que ha resultado en la no participación y consulta para la adopción de esta medida. Una forma muy sofisticada de seguir objetivándolas, en este caso, como víctimas.

Las verdaderas víctimas no son las y los trabajadores autónomos, más allá del oficio que ejerzan, sino quienes son secuestradas, traficadas, explotadas y reducidas a la esclavitud tanto sexual como laboral.

Estimado lector: debe usted saber que seguramente alguna de las etiquetas y marcas que lo visten en este mismo momento están salpicadas por la trata y explotación de personas en talleres que nos han hecho acceder a tan bonita prenda a un precio más accesible.

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