En el marco de la 6ta Conferencia de la IAS sobre Patogénesis, Prevención y Tratamiento del VIH, especialistas de distintas partes del mundo compartieron los resultados de los programas de reducción de daños para usuarios de drogas inyectables que se ejecutaron en distintas regiones durante el último año.

Los números lo dicen todo: según las estadísticas presentadas por Adeeba Kamaroizaman, de la Universidad de Malaya, el uso de drogas inyectables fue reportado oficialmente en 151 países y, para 2010, 93 países aceptaron en sus territorios la implementación de programas de reducción de daños. Además, 79 de esos países ya cuentan con sus propias políticas de reducción de daños y, a lo largo del año pasado, 83 países aplicaron programas de distribución de jeringas descartables y 75 tratamientos de sustitución de opiáceos para usuarios de heroína.

¿Y entonces? Parecería que todo está bien… pero en la práctica no es tan así. Las estadísticas también informan que, a pesar de que muchos más países se están acercando a estas políticas, a lo largo de 2010, a nivel global y en promedio, solamente se han entregado 22 jeringas por usuario de drogas en todo el año y, en cuanto a la sustitución de opiáceos, solamente 8 de cada 100 usuarios de drogas se encuentran en tratamiento. A esto hay que agregar que muchos países –como Rusia, Japón y Estados Unidos- se oponen firmemente a adoptar estas políticas y, además, ejercen presión en Naciones Unidas para obstaculizar su implementación.

Los obstáculos son numerosos. Como explicó Patrizia Carrieri, representando al Open Society Institute, aún se sigue tratando a los usuarios de drogas “como si fueran menos que humanos, y se aplica con ellos derechos menos humanos”. Es que, mientras se siga criminalizando el consumo, penalizando la tenencia y demonizando a los usuarios, los avances no van a llegar.

En la última Reunión de Alto Nivel sobre Sida de Naciones Unidas, se establecieron dos claros objetivos: se renovó el compromiso para financiar y apoyar el tratamiento, los cuidados y la prevención del VIH en usuarios de drogas, a través de la implementación de programas de reducción de daños; y se planteó el desafío de remover las barreras legales y políticas que existen actualmente, a través de la reorientación de las políticas de drogas punitivas hacia otras basadas en los derechos humanos.

¿Qué hace falta? Básicamente, pruebas. Como explicó Liudmyla Shulga, representante de la International HIV/AIDS Alliance de Ucrania, “hay ausencia de estadísticas”. En la misma línea, Adeeba Kamaroisaman, remarcó la importancia de “continuar aplicando políticas para contar con evidencias. Es importante probar la efectividad de estas políticas, particularmente a nivel de beneficios económicos por la reducción de costos que representan”.

“Tenemos que entender que la drogadependencia es un asunto de salud que debe ser tratado medicamente. Los esfuerzos deben estar apuntados a despenalizar la dependencia a las drogas y terminar con el estigma hacia la adicción”, afirmó Kamaroisaman hacia el final de su presentación. “Tenemos que entender que la reducción de daños es un derecho humano”, agregó Don Des Janais, otro de los oradores de la sesión. Y tenemos que entender también que las viejas políticas no han dado resultados, que ya es hora de dar un paso adelante y no más pasos al costado.

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