“Pensándolo bien, yo hago esto porque me gusta. Yo vivo con mi papá y mi mamá, ellos me dan lo que pueden, pero yo salgo, me divierto y además me pagan. ¿Qué mejor que eso?”

María Patricia, trabajadora sexual

Por primera vez, si mi memoria no me falla, en la República Dominicana se habla abiertamente sobre trabajo sexual. La razón: un proyecto de ley presentado por la legisladora Esther Mirelys Minyety que busca “frenar el auge del trabajo sexual en lugares cercanos a monumentos culturales e históricos del país” (más detalles sobre dicho proyecto en nuestro artículo anterior sobre el tema).

La presentación de este proyecto abre un escenario de debate interesante, sobre todo por tratarse de un tema tabú en un país donde la doble moral, el cinismo y la hipocresía van de la mano con el ejercicio legislativo, judicial y político.

Además, nos lleva a analizar si se trata de un asunto de opciones, elecciones o necesidad. Les pregunto: ¿una mujer es trabajadora sexual porque no tiene otra alternativa? ¿Es trabajadora sexual porque tiene una familia que mantener, hijos pequeños y una vida miserable debido a las pocas oportunidades existentes? ¿O sencillamente lo es porque lo desea?

Recientemente, durante mi participación como Corresponsal Clave en el Foro de Asociados del Fondo Mundial celebrado en San Pablo, Brasil, escuché a Elena Reynaga, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales (RedTraSex), decir con orgullo que ella era una trabajadora sexual. Aún allí hubo quienes pusieron caras de asombro.

En la mayoría de los países de nuestra región el trabajo sexual no es reconocido como un trabajo y es visto como bajo, indecente, inmoral. Además, quienes ejercen esta práctica son víctimas de maltratos, violencia e irrespeto porque lo que hacen, sencillamente, no se acepta como un comportamiento de personas “decentes”. Sin embargo, las calles, avenidas y centros nocturnos están llenos de trabajadoras sexuales. Un dato interesante es que cada vez son más jóvenes.

Con tan sólo 19 años, María Patricia, también conocida como “la menor”, ejerce el trabajo sexual desde los 13 años. Según me cuenta –luego de aceptar contestar unas pocas preguntas si prometo no tomarle fotos– para ella es la mejor forma de sobrevivir. “Lo que gano en una noche es muchas veces más que lo gana mi papá en una semana. Yo necesito comprarme mis cosas y él no puede darme todo; yo salgo cuando lo necesito y no me preocupa porque sé cuidarme y lo hago lejos de mi casa”, afirmó.

Cuando le pregunté si conocía sobre el proyecto de ley para establecer una zona de tolerancia donde las chicas como ella podrán trabajar libremente me contesto que sí, pero que no le parecía adecuado porque las pondría en evidencia y eso, a ella y a muchas otras, les traería problemas. “Es verdad, muchas de las mujeres que se la buscan aquí tienen hijos, pero muchas también tienen otros trabajos y maridos, incluso algunos las traen y las vigilan mientras trabajan”, concluyó.

Hay miles de mujeres jóvenes y no tan jóvenes que ejercen el trabajo sexual en el país, al igual que María Patricia. Muchas se justifican y acusan al gobierno de su situación mientras que otras lo hacen por placer, dinero y diversión. El actual proyecto de ley no obedece a la necesidad de reconocer el derecho que tienen las trabajadoras sexuales a ejercer lo que consideran una profesión digna. Más bien, es una salida “diplomática” a las constantes quejas de los ciudadanos sobre la –cada vez más notoria– presencia de trabajadoras sexuales en zonas concurridas de la ciudad de Santo Domingo.

Es tiempo de que el gobierno preste atención y entienda que se trata de un tema importante que debe ser discutido abiertamente y sin prejuicios para dar paso a una legislación que no discrimine, no juzgue y sobre todo que respete los derechos humanos. Necesariamente es tiempo de cambiar, porque el trabajo sexual no siempre es por necesidad.

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