El Paraguay es uno de los pocos países donde el activismo por el acceso a tratamiento integral y por la no discriminación de las personas que viven con VIH no ha surgido de organizaciones LGTB (grupos de lesbianas, gays, trans y bisexuales) sino desde las propias personas afectadas –tanto heterosexuales como homosexuales– allá por 1996. Las personas viviendo con VIH iniciaron un proceso de incidencia en políticas públicas para lograr una nueva Ley que por primera vez garantizara el acceso a la prevención del VIH en la población general, la atención integral de la salud y el respeto por los derechos humanos con enfoque de género.

Si bien eran pocas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que soñaban con aplicar a un fondo multilateral que pudiera complementar los esfuerzos nacionales para dar cobertura integral de prevención y atención en VIH, se fueron sumando a la elaboración de propuestas al Fondo Mundial desde la primera ronda y solicitaron el apoyo del gobierno de Brasil para tratamientos. En un comienzo no existían muchas instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que hablaran de VIH o que desearan trabajar con las personas viviendo con VIH ni defender sus derechos. Sin embargo, hoy se utiliza fácilmente a las personas que viven con VIH como trofeo o se les busca como piedras preciosas para adquirir fondos y decir que se trabaja con y para ellas.

Esto es algo muy bueno si se lo mira desde el punto de vista de que se está generando mayor interés en el tema y que existen más organizaciones involucradas. Pero dando seguimiento al proceso nos preocupa ver cómo la constante violación de los derechos humanos sigue siendo el pan de cada día, no solo en los servicios de salud sino desde las propias organizaciones o personas de la sociedad civil que trabajan en VIH y que constantemente divulgan el estado serológico de sus pares, violando el artículo 4 de la Ley Nº 3940/09 que dice que la prueba debe ser “voluntaria, gratuita y confidencial”.

Hoy sabemos que una de las denuncias más fuertes que realizan las personas viviendo con VIH de las seis regiones sanitarias del país es la falta de confidencialidad de promotores y promotoras, consejeros y consejeras de pares o representantes de instituciones de la sociedad civil que hacen caso omiso de la ley y convierten en un problema para las personas afectadas por el virus lo que en algún momento se propuso como solución para disminuir el estigma y la discriminación.

Es interesante ver la aparición de nuevas organizaciones que se proponen trabajar con las personas que viven con VIH en propuestas presentadas al Fondo Mundial o la CIAT (Coalición Internacional de Activistas en Tratamientos). A pesar de que varias de ellas hablan de su trabajo con las personas que viven con VIH, hasta ahora no se las ha visto liderando procesos de incidencia para la sostenibilidad del tratamiento ni preocupadas por la calidad de los servicios, el aumento del presupuesto para el Programa Nacional de Control de SIDA-ITS o su fortalecimiento.

Por otro lado, las personas que viven con VIH no saben qué camiseta usar: ¿la de activistas o la del Estado? Hay quienes pierden su rol de activistas al convertirse en funcionarios estatales, por más que solo hayan sido contratados en el marco de un proyecto con el Fondo Mundial para dar consejería pre y post test a sus pares, y así poder disminuir el estigma y la discriminación hacia quienes viven con el virus en los servicios de salud.

En general, quienes son activistas de la sociedad civil hoy están corriendo detrás de los indicadores del Fondo Mundial, pero sin tener en claro cuál será la sostenibilidad de lo que hoy inician. Genera una gran preocupación ver experiencias de otros países donde en vez de aprovechar al Fondo Mundial para complementar los esfuerzos nacionales, los grupos de personas que viven con VIH y las organizaciones de la sociedad civil se han atomizado y se ha perdido el rol de los programas nacionales de SIDA.

Es el momento de analizar como país si estamos en el rumbo correcto. El Mecanismo de Coordinación País debe tomar las riendas lo antes posible en el proceso de aplicación al Fondo Mundial para evaluar el impacto en el camino que estamos tomando.

 

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.