Desde el lanzamiento de la ronda 11 de financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria subsiste una gran confusión en relación a la aplicación del concepto de Poblaciones en Mayor Riesgo (PEMAR) a los programas. En algunos casos por confusión o falta de información, y en otros por picardía. Esto redunda en una exclusión de algunas poblaciones de las recientes propuestas, incluyendo las de ronda 11.

Como hemos mencionado y explicado en artículos anteriores, en especial en el que detallamos las nuevas políticas de Ronda 11, el nuevo criterio de Elegibilidad, Priorización y Financiamiento de contrapartida define la intervenciones específicas (ver documento). Esta es un versión renovada y evolucionada de la política de PEMAR de Ronda 10 (o MARPs, por sus siglas en inglés). De esta política se desprende una definición técnica de carga de la enfermedad en un perfil de epidemia concentrada, a saber: se considera una epidemia baja si la prevalencia en al menos una PEMAR es menor al 2,5%; moderada, hasta el 5%, y el siguiente grupo es considerado una epidemia elevada a partir del 10% de prevalencia (ver el cuadro completo en esta sección).

Lo que hace elegible a un país para presentarse al Fondo Mundial en una línea o en otra es su prevalencia en al menos una PEMAR. Por ejemplo, muchos países tienen cerca de un 20% de prevalencia en gays/HSH y alrededor del 30% en trans. Sin embargo, esto no significa excluir a otras PEMAR de la propuesta porque tienen menos del 10% o menos del 5%.

Un caso emblemático es el de las mujeres trabajadoras sexuales: en los pocos países que cuentan con datos serios y recientes sobre sus epidemias ha habido una reducción de la prevalencia y la incidencia del VIH en esta población, atribuible seguramente al resultado de muchas de sus intervenciones y un mayor acceso a condones. Sin embargo, en ningún país esta prevalencia está por debajo del 2%, siendo una media más o menos conservadora el 3,5%.

Ahora bien, lo que las hace PEMAR a las trabajadoras sexuales no es exclusivamente la prevalencia, sino su trabajo. Es un grave error técnico excluir de una propuesta del Fondo Mundial a una población clave por una cuestión de porcentajes. Y las consecuencias pueden ser que en unos años vuelvan a “calificar” como PEMAR, que al desatenderlas puedan demostrar que su prevalencia volvió a valores elevados, lo que sería una tragedia.

Las nuevas políticas de ronda 10 y 11 del Fondo llaman a usar las subvenciones para PEMAR –de un máximo de 12,5 millones de dólares en 5 años- en intervenciones de alto impacto en estas poblaciones. En ningún lado dice que sólo se deben incluir intervenciones en aquellas poblaciones con más de 5 o 10% de prevalencia. Esta interpretación se debe a una confusión o a falta de lectura por parte de los miembros de los MCP. La confusión se arregla preguntando pero para preguntar primero hay que leer.

En relación con la ronda 11 y por consultas de colegas, he enviado tres correos a Ginebra haciendo preguntas específicas sobre la interpretación de una política o de parte del formulario. Tanto el equipo regional de Latinoamérica y el Caribe como el equipo de propuestas me respondieron dentro de la misma semana. De esta manera no me quedé con mi interpretación personal de las cosas, que en algunos casos puede ser riesgoso.

Cuanto más trabajo con el Fondo Mundial, más confirmo mi teoría que muchas de las personas y los funcionarios de los MCP y de los Receptores Principales no leen ni preguntan. Están tomando decisiones desinformados. Quiero incluir en este grupo a algunos representantes de las agencias del sistema de Naciones Unidas y ONG internacionales que no hacen la “tarea para el hogar”. Me parece oportuno recordar que todas las agencias del sistema son socios técnicos del Fondo Mundial, y son los responsables de acompañar y asesorar a los RP, SR y MCP en nuestros países. Por último, también contribuyen a este fenómeno algunos integrantes de la “industria literaria de propuestas”, consultores que escriben propuestas para varios MCP y redes regionales que estarían dando información errónea o desactualizada. En cualquier caso, es responsabilidad del MCP informarse antes de decidir.

Tampoco debemos menospreciar el efecto del sesgo y del conflicto de interés en algunos miembros de los MCP que representan a alguna comunidad de PEMAR diferente a la cuestionada, ya que el resultado de una eventual exclusión redundaría en más recursos para su sector. Este jamás fue el espíritu de quienes idearon alguna vez el MCP y las posteriores políticas del Fondo Mundial. En cualquier caso esta es una cuestión de solidaridad, de moral y de ética que trasciende la dimensión técnica.

Usando un poco más el sentido común, esto no significa que vamos a intentar distribuir los recursos entre una larga lista de PEMAR. Nadie discute que las mujeres, las amas de casa, los y las jóvenes, los conductores de camiones, entre otros, se encuentran en estado de vulnerabilidad frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual, pero esto lamentablemente no las hace una PEMAR o población clave. Hay literatura de sobra en las recomendaciones y documentos de ONUSIDA, OPS y otras agencias. Y una campaña puerta a puerta en un barrio, avisos en la televisión o talleres en colegios no son considerados intervenciones focalizadas de alto impacto en PEMAR. El sentido común indica que no se puede llegar con intervenciones de alto impacto a un numero significativo de jóvenes con un fondo estratégico de 12,5 millones.

Un ejemplo:

Entre varios ejemplos, usemos uno reciente: el MCP de Bolivia. Este mecanismo tiene como estructura un Comité Técnico y en la actualidad, además de supervisar otras subvenciones, se encuentra trabajando en una propuesta de ronda 11. La Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales ONAEM solicitó su inclusión en el Comité Técnico y en la última reunión, de acuerdo al acta, se decidió lo siguiente: “… Se las convocará como invitadas especiales incluyendo a la OTN, haciéndoles notar que por razones epidemiológicas no forman parte del Comité”. El Comité es el principal impulsor del desarrollo de la propuesta, aún cuando existe un interesante entramado de Mecanismos des-centralizados de Coordinación Departamentales (MCD) que también aportarán.

Aquí hay un síntoma de que las mujeres trabajadoras sexuales podrían no ser consideradas una población relevante basándose en la epidemiología. Esta decisión y abordaje generan una entendible ansiedad en esta comunidad sobre el grado de inclusión de suficientes intervenciones con esta población en la propuesta. Como este ejemplo hay muchos más: la misma suerte corrieron las mujeres trabajadoras sexuales en la recientemente aprobada propuesta para PEMAR de Uruguay.

Consultamos a Daniel Ruiz Díaz, Presidente del MCP boliviano, quien se encuentra de viaje y nos manifestó que la parte de un acta que mencionamos arriba no es la del MCP sino la del Comité Técnico, y que posteriormente a la reunión de referencia se invitó a ONAEM a ser parte de la comisión redactora de la propuesta de VIH de Ronda 11.

Si quienes deben proveer apoyo técnico no lo hacen en forma oportuna y adecuada; si los miembros de algunos MCP toman decisiones sesgadas y no basadas en las evidencias y la información; si se imponen agendas por falta de lectura, corremos serios riesgos de cometer errores en la respuesta a la epidemia, que pagaremos a un alto costo en un futuro próximo. Perdemos credibilidad dentro y fuera de nuestros países y seremos testigos de una alta tasa de rechazo por parte del Panel Técnico Revisor del Fondo Mundial. Y en estos casos será más un problema de calidad que una cuestión política.

Actualización de último momento: Luego de publicado el artículo hemos recibido de Daniel Ruiz Díaz la carta de invitación a ONAEM para formar parte del Comité Técnico para la elaboración de la propuesta. Ver carta.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.