El delito que cometieron no lo conocemos. La sentencia tampoco. No hay necesidad de saber eso: están adentro y sus días los pasan sin salir del Centro Penitenciario de A Lama en Pontevedra, en la región de Galicia en España. Allí también previenen la transmisión del VIH.

José (su nombre es ficticio al igual que el de otros compañeros que nombraremos en el artículo) pasó de limpiar la aguja con limón creyendo que así la desinfectaba a explicar e informar a otros sobre la necesidad de usar jeringas nuevas para cada dosis de drogas inyectables. Esto, luego de recibir información en el marco del proyecto de monitores de la Cruz Roja Española.

Desde que se capacitó, José habla cara a cara con otros internos para prevenir la transmisión del VIH. No lo hace desde un discurso cómodo y moralista. Lo hace como ex usuario de drogas inyectables, que por la ansiedad de recibir una dosis llegó a compartir jeringas con otras personas, creyendo que unas gotas de limón “limpiarían” el virus. El ácido no sirvió para nada. El diagnóstico lo sospechaba y lo confirmó en la prisión. Desde entonces recibió información por parte de voluntarios de la Cruz Roja Española y su voz ahora sensibiliza a quienes consumen drogas al igual que él en otras épocas. Hoy reconoce que lo del cítrico fue “una metedura de pata hasta el fondo.”

En España, como en otros países, está prohibido el ingreso y consumo de sustancias psicoactivas en las unidades penales. De hecho, muchos extranjeros están allí procesados por narcotráfico. Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, reconoce que las drogas ingresan a las prisiones a pesar de la seguridad y los controles. Por cuestiones de derechos humanos es imposible chequear a los visitantes con rayos X sin su consentimiento, al igual que hacer exploraciones. El cuerpo humano y sus múltiples orificios. El ser humano y su gran imaginación para ingresar lo prohibido. Los directivos de los penales y el personal de la Cruz Roja comprendieron que el consumo existía y, por una cuestión de salud pública, debían entregar jeringas descartables para los usuarios de drogas inyectables. También entendieron que la medida es más eficaz cuando se implementa entre iguales.

Este proyecto de la Cruz Roja Española inició en 1999; antes se limitaban a dar capacitación a los cuidadores o auxiliares que atendían a las personas con VIH. Pilar Méndez, Coordinadora Provincial de Pontevedra de la Cruz Roja Española, explica que lo que buscan es ‘normalizar’ el VIH: “que se vea como una enfermedad crónica, que con una atención adecuada se puede tener un buen nivel de vida”. El reparto de jeringas en las prisiones es una realidad desde hace 13 años y España es actualmente un referente en la materia.

“España es modelo a seguir”, informa para el periódico ElMundo.es Tomás Hernández, Secretario del Plan Nacional Sobre el Sida, y agrega: “introducir el intercambio de agujas en las cárceles ha supuesto una reducción importantísima de las infecciones. Ahora, menos del 10% de los reclusos está infectado”. Esto significa que la prevalencia es hoy 25 veces menor de lo que era en 1989. Esos números se traducen en nombres, en rostros, en personas que al cumplir su condena y salir tendrán una mejor calidad de vida para ellos y los suyos.

El Centro Penitenciario de A Lama tiene diferentes módulos donde los internos pueden integrarse e intercambiar experiencias. Uno de ellos es el Módulo Terapeútico de Atención a Usuarios de Drogas. Pedro, un interno que forma parte de este módulo, sabe que las doce horas que puede durar el ‘viaje’ le hace correr el riesgo de transmisión al utilizar jeringas usadas. Confiesa que algunos compañeros temen pedir jeringas porque creen que “les pueden encontrar la droga o sufrir represalias.” Otros ya vencieron esa barrera y aceptan recibir material nuevo. Además, todos los meses los internos reciben un paquete con rastrillos, papel sanitario y condones.

Los monitores de VIH contribuyen a que población migrante como la mexicana, colombiana o asiática también acceda a la prevención del virus. Al menos 400 internos del Centro Penitenciario de A Lama en Pontevedra son migrantes y entre ellos hay latinos, gitanos y marroquíes, la mayoría detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Los agentes de prevención formados en la unidad también visitan escuelas para contar su experiencia con las drogas, cómo se rehabilitaron e informar sobre las formas de transmisión del virus y los modos de prevenirla.

En países latinoamericanos como Colombia, Guatemala o México los recursos destinados a mejorar el sistema penitenciario son escasos o nulos y son frecuentes las violaciones a los derechos humanos tanto de internos como de visitantes. En México, por caso, aún no se resuelven problemas estructurales como el hacinamiento y la ausencia de servicios básicos en la prisión. Como ocurre en el Penal de Puente Grande en Jalisco, donde las autoridades carcelarias reconocen un 160 por ciento de sobrepoblación, la falta de clasificación de internos de forma correcta y la ausencia de personal médico para servicios básicos.

Las personas privadas de su libertad que narran su experiencia como monitores de VIH lo hacen mientras caminan vestidos con ropa corriente, a diferencia de las prisiones mexicanas donde aún se usa uniforme color beige. Mercedes Gallizo señala que, aunque es común que se crea que “las prisiones no reinsertan o se destina demasiado dinero a personas que no cambiarán nunca”, es necesario trabajar para la reinserción social porque “no podemos apostarle a una sociedad justa en un entorno injusto”. Por eso los centros penitenciarios deben ser espacios dignos y habitables.

El derecho a la salud es un derecho que ni las rejas pueden eliminar. La prevención del VIH a través del programa de monitores en España confirma que de interno a interno la información da buenos resultados. ¿Cuánto tiempo pasará para que esto ocurra en las prisiones mexicanas y de otros países de Latinoamérica?

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