En Nicaragua las diferentes organizaciones de la diversidad sexual han luchado no sólo contra los crímenes de odio sino también contra políticas y leyes nacionales que evidencian una falta de reconocimiento de que la identidad de género y la orientación sexual son derechos humanos.

Durante 15 años estuvo vigente en el país la penalización de la homosexualidad a través del artículo 204 del Código Penal que rezaba: “Comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo y será condenado a la pena de uno a tres años de prisión.”

Este artículo es ahora una ofensa hacia el enfoque de derechos. La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) de Nicaragua logró que se derrogara semejante muestra de homofobia en el año 2008. Hubo celebraciones pero sin embargo el camino sigue siendo estrecho.

En el apocalíptico 2012 se lanzó la propuesta de un Código de Familia que marcará las pautas fundamentales para las familias nicaragüenses. La activista Evelyn Flores de Puntos de Encuentro señaló que “La preocupación no es sólo que no se incorpora la diversidad de familias que pueden existir sino que poco a poco nos están imponiendo un cuerpo de leyes que generan odio y rechazo.”

“Con el  Código de la Familia el Estado nicaragüense invade los derechos individuales de mujeres y hombres, influido por creencias religiosas conservadoras que privilegian un enfoque heterosexista, nuclear y reproductivo”, señalaron ante la Asamblea Nacional las organizaciones que forman parte del Movimiento Feminista de Nicaragua.

Nicaragua ¿un país moderno?

Fue noticia mundial que en abril de este año el gobierno nicaragüense, dirigido por el Cdte. Daniel Ortega, apoyó el evento Miss Nicaragua Gay, prestando incluso las instalaciones del Teatro Nacional Ruben Darío (TNRD). Además, desde hace dos años, Nicaragua cuenta con una Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual, única en el mundo.

Pero solapadamente se proponen leyes que rechazan el derecho de gays, lesbianas y trans a formar una familia. “El gobierno da mensajes contradictorios a las poblaciones con identidades diversas -continúa Evelyn Flores- ya que por un lado muestra una actitud respetuosa pero por otro genera odio y actos de discriminación.”

Desde Corresponsales Clave preguntamos a Samira Montiel, Procuradora Especial por la Diversidad Sexual, cómo explica estas incoherencias gubernamentales. “Es una pregunta que deberíamos planteársela a la vocera del gobierno”, señaló.  Y puntualizó: “No obstante, no debemos olvidar la independencia de Poderes; es el Estado el llamado a proteger los derechos de la Población LGBTI y el Estado es la Corte Suprema, la Asamblea Nacional, el Poder Electoral y el ejecutivo. Ha sido curioso que tampoco la bancada llamada democrática haya propuesto o se haya pronunciado sobre el tema del reconocimiento de las familias homoparentales y los matrimonios igualitarios. Saludamos que el gobierno haya prestado el TNRD, lo consideramos un avance en este proceso.”

En contexto

La Procuradora Montiel también compartió información sobre casos de homo, lesbo y transfobia: “La mayoría de los casos son denuncias contra la policía Nacional, el Ministerio de Salud y el de Educación.  En el año 2010 tuvimos 15 denuncias y el 2011, 19.  El 95% de ellas fueron resueltas, restituyendo el derecho.”

Este año ya tuvimos que lamentar dos crímenes contra hombres gay: Eddy Ramírez y Pablo Reyes Plata. En el primer caso, se ha logrado una condena para dos de los tres acusados, estando pendiente la aplicación del agravante por discriminación en la sentencia que se les dicte. Si el poder judicial dicta sentencia, conforme a derecho, tendremos por primera vez la aplicación de esta figura jurídica.

En el caso de las escuelas, la mayoría de los casos son por discriminación en base a la identidad sexual. En agosto del 2010 la Procuraduría de Derechos Humanos sentó un precedente muy importante sobre la no discriminación por orientación sexual e identidad de género con el caso de la Escuela Nacional de Hotelería.

¿Qué hará la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual?

“Estamos profundizando la labor defensorial, pero también realizando fiscalizaciones que nos permitan conocer con más profundidad el fenómeno de la homofobia en las instituciones públicas y, de esta forma, mejorar nuestras estrategias defensoriales, promocionales y de incidencia”, finalizó Montiel.

Por su parte, Evelyn Flores hace un llamado a la comunidad internacional para que tengan la mirada puesta en Nicaragua: “Están rigiéndonos por la vía legal; por ejemplo, los consejos de familia comunitarios que se quieren instalar como una estructura de resolución de conflictos en los barrios. Eso invalida toda participación ciudadana y limita el proceso democrático laico”, explicó.

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