Por Vladimir Encarnación Jáquez.

Desde 1990 a la actualidad, cientos de programas, miles de proyectos e incontables iniciativas sobre VIH y SIDA han sido desarrollados en República Dominicana. Inicialmente el principal enfoque era preventivo, sin embargo, debido al aprendizaje colectivo generado por los procesos llevados a cabo, hoy entendemos que la temática involucra -además del contexto netamente de salud- determinantes sociales, valores, comportamientos, actitudes y derechos.

No obstante todos los esfuerzos realizados, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de las personas viviendo con VIH sigue siendo una constante. Por esta razón, en los últimos años las iniciativas desarrolladas se han tornado más educativas con la intención de entender al VIH como una condición de salud crónica cuya atención y tratamiento debe ser garantizada por el Estado pese al –aún latente- estigma del que son víctimas las personas que viven con el virus. También, con la intención de fomentar el abordaje del VIH y el SIDA como una problemática social y no solo como una prioridad sanitaria.

Según datos ofrecidos por el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), más de 33 mil personas viven con VIH en la República Dominicana, de las cuales más de 1200 son niños, niñas y adolescentes. Estos datos parecerían irrelevantes (0,35%) en comparación con la población total del país, que asciende a aproximadamente 9.5 millones de habitantes según el más reciente Censo Nacional. Pero, sobre todo, en comparación con las continuas violaciones e irrespeto de que son objeto las personas que viven con VIH, lo cual hace que el problema de la prevalencia sea mínimo en contraste con lo grave de las actitudes y acciones mal intencionadas y excluyentes que, pese al bombardeo de información sobre VIH y SIDA, siguen siendo variables en ascenso. El más reciente ejemplo es la “famosa” ley de VIH/SIDA 135-11 y sus dos polémicos artículos.

Carmen, 18 años, diagnosticada con VIH desde 2010, ha sido una víctima constante de rechazos y desconsideraciones por su condición. “Lo más difícil es sentir la mirada acusadora de quienes se supone deben ser un soporte o tu apoyo. Me refiero a los proveedores de salud, la gente que entrega los antirretrovirales que da el gobierno, las personas que están supuestas a atenderte y no juzgarte; ellos y ellas también necesitan ser sensibilizados y sensibilizadas”, indicó.

Altagracia trabaja en el área de servicio al cliente de un importante centro de salud. Allí se dan cita semanalmente más de 25 personas que, de una forma u otra, adquieren o solicitan servicios relacionados con el VIH y el SIDA. Narra que en su caso particular ha recibido muchas capacitaciones y entrenamientos sobre VIH y SIDA, pero confiesa que no puede evitar sentirse un poco incómoda frente a algunos pacientes: “No se trata de miedo, es que sencillamente no puedo evitar sentir esa fea sensación frente a algunos pacientes, yo sé que no está bien y me controlo pero reconozco que debo hacer algo al respecto”, expresó.

A todo esto se suma la incertidumbre que viven las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el área por una posible suspensión de los recursos para continuar desarrollando iniciativas de prevención y para entregar los fármacos antirretrovirales a más de 20 mil personas que viven con VIH. La razón: la dependencia del financiamiento externo y el poco compromiso del Estado dominicano con la financiación a partir de fondos propios de la respuesta nacional al VIH y al SIDA.

Miles de personas viven diariamente con una realidad que el estigma y la discriminación hacen aún más dura. Es necesario dejar de lado diferencias arbitrarias y miedos infundados para apostar al reconocimiento y respeto de los derechos de todas y todos. Pero, más aún, es necesario que nuestros Estados y nuestros Gobiernos asuman su rol y lideren la lucha contra la discriminación, la exclusión y el estigma asociados al VIH y al SIDA, de lo contrario -y pese a los esfuerzos realizados-, a pesar de creer que avanzamos, realmente retrocedemos.

Fuente: Ministerio de Trabajo defiende derechos de trabajadores con VIH-SIDA

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