En un artículo previo señalaba el ominoso escenario que actualmente enfrentan las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en Honduras, las cuales son asediadas a través de una estrategia de acoso, intimidación y violencia sin precedente en Latinoamérica. A partir del golpe de estado a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, han sido asesinados más de cuarenta activistas del movimiento, lo que además de vulnerar la organización comunitaria y la respuesta al VIH, ha ocasionado una verdadera desbandada de activistas que han recurrido al exilio como última alternativa para resguardarse de este auténtico genocidio.

De igual manera reseñé hace algunos días el buen sabor de boca que dejó en mí la elección de “Miss Gay Nicaragua”, pese a las agitadas aguas debido a la discusión del código de familia en el Congreso, pues desde ese espacio las comunidades y activistas lanzaron mensajes claros y legítimos a las y los parlamentarios sobre la necesidad de incluir a las familias diversas en el nuevo código. Sin embargo, no había pasado ni un mes del evento, cuando una de las participantes –Nathaly Dixon- fue tiroteada en una de las calles de Managua.

El hecho coincidió con una serie de movilizaciones de sectores fundamentalistas para presionar a los congresistas a omitir acciones de protección a las comunidades LGBT. El crimen impactó tanto a las comunidades y activistas que la Procuradora Especial para la Protección de los Derechos Humanos LGBT –Samira Montiel- y el mismo Procurador de Derechos Humanos –Omar Cabezas- conminaron a Aminta Granera –Directora General de la Policía Nacional- a movilizar personal para resguardar las acciones organizadas por las comunidades LGBT.

Recientemente, el Congreso costarricense designó al diputado Justo Orozco como presidente de la comisión de Derechos Humanos, lo que fue percibido como una afrenta a los movimientos sociales y especialmente a los movimientos LGBT, pues anteriormente Orozco fue señalado como xenófobo y homofóbico al sostener que ni extranjeros ni homosexuales deberían gozar del acceso a la salud en Costa Rica. Las comunidades han movilizados los recursos disponibles y están gestando un movimiento sin precedentes en las redes sociales.

No por casualidad se celebró recientemente en Guatemala el Encuentro Latinoamericano de Mujeres Trans, el cual –además de incidir para la aprobación de la ley de identidad de género- planteó la necesidad de impulsar acciones sostenidas para garantizar la integridad de las comunidades LGBT, especialmente de las mujeres transgénero.

En Guatemala, el secretario de la Secretaría de la Paz –SEPAZ- manifestó a los medios de comunicación la incomodidad que le ocasionaba escuchar decir que en Guatemala hubo genocidio durante el conflicto armado, desconociendo lo sostenido en el informe nacional de recuperación de la memoria histórica -REMIH- y ha ordenado clausurar los Archivos de la Paz, dependencia encargada de investigar los archivos militares del conflicto armado interno, el cual aportó peritajes en casos emblemáticos de genocidio, como el que se lleva contra Efraín Ríos Mont, ex presidente de facto. Aunque aparentemente estos hechos no afectan directamente a las comunidades LGBT, brindan luces sobre el fuerte carácter militarista y conservador del actual gobierno, pese a haber tomado posesión hace solo cinco meses y medio.

Lamentablemente, una de las principales trincheras del movimiento LGBT en el país se ve amenazada por el inminente relevo del Dr. Sergio Morales como procurador de Derechos Humanos, quien acompañó algunos procesos vitales para las comunidades, pero desatendió el pedido de institucionalizar la respuesta desde la procuraduría, la cual siempre estuvo a cargo de una asesora. Hoy, con su salida, la incertidumbre invade al movimiento pues no se vislumbran escenarios favorables para sostener la respuesta desde la procuraduría, próximamente a cargo de Jorge de León Duque, vinculado estrechamente al actual gobierno.

Durante el mes de junio fueron asesinadas tres mujeres trans (como siempre con índices de brutalidad inhumanos); incluso la última de ellas fue atacada el día que celebramos el III Foro Comunitario Nacional de Derechos Humanos LGBT, el 28 de junio último, presuntamente a manos de un policía. La cantidad y condiciones en las que se cometen estos crímenes de odio en contra de las comunidades LGBT –especialmente en contra de las mujeres trans- no tienen comparación y pese a todo vemos brillar una luz al final de túnel, pues hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de William Geovanni Aguilar Pérez y Alison, quienes se identificaban como mujeres trans, y que de acuerdo a la información recabada fueron tiroteadas hasta la muerte el 17 de junio pasado, presuntamente por pandilleros.

Además, en el marco del mencionado Foro, el Comisionado Presidencial contra la Discriminación y el Racismo -Bécquer Chocooj- y el Secretario Privado del Ministerio Público -Javier Rosales- reconocieron la necesidad de establecer una unidad especializada para las comunidades LGBT, asumiendo públicamente la existencia de homofobia, lesbofobia, transfobia y crímenes de odio.

Pese a la relativa pequeñez del territorio centroamericano, la complejidad de las realidades de cada país es abrumadora y los movimientos LGBT, lejos de verse fortalecidos, enfrentan terribles maquinarias de terror ante la indolencia de los estados y de los grandes operadores políticos presentes en la región, quienes hacen oídos sordos a situaciones que deberían ser prioridad en sus agendas. El año pasado el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) exigió a través de una resolución “a los países de la región que cesen los crímenes de odio contra la población transgénero y de diversidad sexual”, la cual tuvo poco eco en medios de comunicación y otros movimientos sociales y políticos, como una muestra más de la poca relevancia que el tema supone en el istmo.

Ayer, aquí en Guatemala, un destacado columnista hizo un serio señalamiento sobre el asedio a defensores y defensoras de derechos, y otro mordazmente ha cambiado Guatemala por Guatebala en su publicación, enlaces que incluyo para matizar lo planteado arriba y que no dista mucho de otras realidades centroamericanas configuradas por la pobreza, la impunidad, la violencia social y política y el crimen organizado.

Muchos actores políticos y agencias de cooperación demandan acciones contundentes desde los colectivos LGBT para responder de mejor manera a estas situaciones, pero no asumen su coresponsabilidad en la transformación de estas realidades, que no son propiedad sólo de los movimientos. Pocos asumen activamente acciones que reguarden la vida de las y los activistas y nadie –absolutamente nadie- está brindando acompañamiento y soporte a quienes en medio de la más sórdida ola de violencia sostienen la defensa y promoción de los derechos, librando posiblemente la última de sus batallas.

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