“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, reza la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El derecho a la salud es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, y por ende el Estado tiene la obligación de generar condiciones en las cuales todos y todas puedan vivir de la manera más saludable. Una de las condiciones es garantizar la disponibilidad de servicios de salud, además de condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, ya que el derecho a la salud no se limita al hecho de estar sano.

Según la OMS, el derecho a la salud abarca cuatro elementos fundamentales:

- Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

- Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos dentro de la jurisdicción del Estado Parte; no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información.

- Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.

- Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Y por último, al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones, a saber:

- Respetar: exige abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la salud.

- Proteger: requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que no sean el Estado) interfieran en el disfrute del derecho a la salud.

- Cumplir: requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud.

Pero parece que en El Salvador estos elementos para cumplir con el derecho a la salud no son tomados en cuenta. Desde el pasado mes de abril está ocurriendo un desabastecimiento de reactivos para la toma de exámenes de carga viral (que mide cuántas copias del VIH hay en el organismo) y conteo de células CD4 (que identifica la cantidad de defensas que tiene el organismo y el estado del sistema inmunológico).

El Programa de Visita Domiciliar que lleva a cabo la Asociación Atlacatl Vivo Positivo ha logrado identificar a 241 personas a las cuales no se les han realizado exámenes de carga viral o CD4 en los últimos meses. Algunas de ellas manifiestan no haber podido realizarse los exámenes desde hace un año y medio, lo que pone en riesgo su salud al no conocer de primera mano cuál es el comportamiento del virus en su cuerpo, la efectividad del tratamiento o si está generando resistencia a los medicamentos.

Diariamente, alrededor de doce personas que viven con VIH asisten a los hospitales nacionales a realizarse el examen de carga viral y CD4. Un 80% de ellas regresa a sus hogares sin haber podido cumplir con este paso clave en su tratamiento. Esta situación provoca el menoscabo de la salud de las personas que viven con VIH y coloca en riesgo inminente su vida, ya que sin estos exámenes el médico no puede constatar el estado de salud del paciente ni corroborar cómo está respondiendo al tratamiento actual, cuál es el progreso de la infección y si está teniendo una adecuada adherencia a la medicación.

El desabastecimiento de reactivos atenta contra la protección de los derechos establecidos en los artículos 1, 2, 3 y 65 de la Constitución de la República de El Salvador y varios compromisos internacionales ratificados por el Estado salvadoreño, entre los que se cuentan los artículos 5, 7 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los compromisos 23, 55 y 57 de la Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA (UNGASS), el compromiso 65 de la Declaración Política sobre el VIH/SIDA del 2011; el sexto objetivo de Desarrollo del Milenio y los compromisos asumidos por el proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, por citar solo algunos de los varios acuerdos, declaraciones y compromisos asumidos.

Por ello, el pasado jueves 23 de agosto la Asociación Atlacatl Vivo Positivo interpuso una demanda contra el Ministerio de Salud, dirigida al Dr. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La demanda resalta que “el hecho está violando los derechos humanos y en especial los de la salud” y afirma que “es importante hacer una investigación sobre esta situación.”

La petición destaca la importancia y la necesidad de que las personas con VIH se realicen los exámenes de carga viral y CD4 regularmente y cómo este tipo de violaciones al derecho a la salud pone en tela de juicio a El Salvador por incumplir los tratados internacionales antes mencionados.

La Jefa del Programa de ITS/VIH-SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto, reconoció que existe desabastecimiento en algunos hospitales nacionales, pero no en todos: “Hemos tenido problemas este año por retrasos en la entrega de reactivos para carga viral, y eso nos ha obligado a priorizar la toma de exámenes de carga viral a mujeres embarazadas, niños y casos especiales”, señaló. Y explicó que los casos “especiales” pueden ser “personas que llegan en fase de VIH avanzado y hay que determinar su carga viral para iniciar tratamiento”. Al parecer, no todas las personas que viven con VIH son una prioridad, ya que dejan de lado al 80% de quienes necesitan sus exámenes para conocer el estado de su tratamiento y la progresión de su infección.

Por su parte, la Ministra de Salud, Dra. María Isabel Rodríguez, declaró que “A nadie le hace falta el tratamiento cuando lo necesita”, y que “no se pone en riesgo la vida de los pacientes.”

Frasco de ARV entregado en el mes de su vencimiento. El envase contiene medicación para tres meses de tratamiento.

A este desabastecimiento de reactivos para exámenes de carga viral y CD4 se suma que desde el año pasado muchas personas no están recibiendo su tratamiento antirretroviral de manera completa sino en forma fraccionada, es decir que no les están entregando el frasco de medicación como lo hacían habitualmente. La mayoría de las personas con VIH que reciben tratamientos en los hospitales nacionales deben viajar más de tres horas para conseguir su medicación y además se incrementan los gastos de transporte. A esto se agrega que el medicamento que se les entrega tiene una fecha de caducidad de dos a tres semanas como máximo.

Si las personas con VIH antes se desplazaban cada uno, tres o seis meses al hospital para buscar sus medicamentos, ahora deben hacerlo semanalmente. Si no están en condiciones de acudir cada semana, podrían suspender tomas y crear resistencia a los antirretrovirales que venían tomando, haciéndose necesario indicar medicamentos de mayor rango y acortando el tiempo en que la persona puede continuar con la misma línea de medicamentos. Esto genera mayores gastos para el Estado en la compra de medicamentos.

El día de hoy las organizaciones de la sociedad civil CEMUJER, Colectivo Alejandría El Salvador, Asociación Cristiana de Jóvenes, Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar, Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+), Puntos Focales de REDCA+ y Asociación Atlacatl Vivo Positivo convocaron a las personas afectadas y otras organizaciones a una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Presidente a fin de evidenciar los hechos denunciados.

Según la Dra. Nieto el problema se solucionará en dos semanas, pero ¿le habrán notificado al virus que sea paciente y no siga multiplicándose en el cuerpo de las personas hasta que el Ministerio de Salud tenga todo en orden?

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