En 2004 un empleado de Aval Card fue destituido luego de oponerse a que le realizaran la prueba de VIH. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lo acompañó y logró su reincorporación al puesto de trabajo en iguales condiciones, y además se acordó que la empresa le pagara a éste indemnización. Los directivos de esa empresa y Med Lab, el laboratorio que hizo las pruebas y comunicó los resultados, fueron sancionados.

En el 2006 “El Nuevo Diario”, un periódico de circulación nacional, publicó una noticia que algunos empleados del Hotel Real Intercontinental de Metrocentro también habían denunciado: les estaban realizando el test de VIH bajo el pretexto de que eran pruebas contempladas en la Ley General de Salud para extender un certificado médico, requisito anual para obtener la licencia sanitaria del Ministerio de Salud (MINSA).

En Nicaragua, como en la mayoría de los países de la región y del mundo, las fuerzas económicas e ideológicas han estado en manos no solo de los gobiernos sino también de la empresa privada, que domina un amplio sector de este país en desarrollo. Aunque resulte paradójico hablar de las garantías de salud en los centros de trabajo en un país con alto índice de desempleo, en este segundo artículo sobre las reformas a la Ley 238 buscamos poner de relieve el papel empresarial en este asunto de salud pública.

En el artículo 40 de la propuesta de reforma, que habla sobre la Coordinación de las Instituciones Públicas y Privadas, Movimientos y Organizaciones Sociales, se señala que: “Las instituciones gubernamentales de manera articulada, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y la CONISIDA, dictarán las medidas necesarias para la prevención del VIH y SIDA, fomentando la participación de los entes estatales, las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto.”

Hasta el momento, la actividad empresarial más llamativa en este sentido fue “B CHIC, Moda con Causa, porque más que verse bien es hacer el bien”, lema utilizado por Fashion Models y Miss Nicaragua 2011 a beneficio de los niños y mujeres con VIH. Además, algunas empresas conceden “permisos” a las ONG para que informen a sus trabajadoras y trabajadores sobre la prevención del VIH.

“Lo importante no es sólo crear la política sino que se implemente. El sector privado apenas empieza a conocer el tema. Para hablar de una verdadera respuesta tendría que hacer más y mejores esfuerzos sostenidos. Por ejemplo, aportar económicamente a la estrategia nacional que tanta falta hace en Nicaragua. Es un gran avance pero sigue estando a cargo de la cooperación internacional el impulso de procesos donde el Estado y las empresas respondan ante la pandemia”, aseveró el máster en Derechos Humanos Ramón Rodríguez.

En abril pasado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dio sus primeros pasos gracias al apoyo de USAID/PASCA: “Este es un esfuerzo del que nos sentimos satisfechos porque hemos logrado llegar a los sectores más propensos al tema del VIH, como el agrícola, turismo, migrante, transporte, construcción y vigilancia, y con este primer llamado a las empresas, cinco de ellas ya han dado el paso en firme para crear estas políticas de prevención”, explicó a un medio nacional José Adán Aguerri, Presidente del COSEP.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado una declaración enérgica a través de un repertorio de recomendaciones prácticas sobre el VIH en el mundo del trabajo. Por ejemplo, hace énfasis en que los gobiernos y autoridades competentes deberían ser “coherentes” y velar porque en los programas nacionales de respuesta al VIH figuren representantes de los empleadores, trabajadores, personas que viven con el virus y ministerios responsables de los asuntos laborales y sociales.

En el caso de la Comisión Nicaragüense del SIDA (CONISIDA), este organismo está conformado por diversas organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables, ministerios de salud, gobernación, trabajo y el Instituto de Turismo. Sobre la empresa privada solamente señala “un representante”, sin hacer referencia específica a la entidad en cuestión. Dicho sea de paso, de las 28 organizaciones ninguna representa a las organizaciones de mujeres ni al trabajo con niñez y adolescencia.

“La reforma de la Ley debe recoger la obligación del Estado de Nicaragua de asignar en el presupuesto general de la república la partida suficiente para el funcionamiento de la CONISIDA y la respuesta nacional a la epidemia. Actualmente todo el tratamiento para las personas con VIH es comprado con fondos de la cooperación externa, lo que repercute gravemente en la sostenibilidad financiera que debe crearse a corto plazo, incluso por exigencia del mismo Fondo Mundial”, señaló Rodríguez. Cabe destacar que, en Nicaragua, la totalidad del tratamiento que reciben las personas con VIH es asumido por la subvención del Fondo Mundial.

Según un informe de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), el Presupuesto General de la República estipula un 14% para el Ministerio de Salud, siendo el gasto promedio por habitante de US$42. “Los recursos provenientes del Tesoro para programas de VIH/sida han sido moderados y en algunos casos nulos. Solamente el 2007 registró asignaciones presupuestarias de C$15.7 millones (US$0.9 millones)”, detalla el informe.

Es pues importante tanto para Nicaragua como para el resto de los países de Centroamérica velar para que la respuesta ante el VIH no sea vista como un “tema social de moda” sino como un asunto clave de salud pública y desarrollo. Solo ofreciendo una respuesta integral que involucre a todos los sectores responsables e influyentes se podrá decir que el virus irá cediendo, de lo contrario veremos pasar cortinas de humo disfrazadas de responsabilidad social empresarial mientras la epidemia sigue teniendo un impacto sanitario, económico y político.

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