“En muchos países, las leyes, políticas, prácticas discriminatorias y actitudes sociales estigmatizantes empujan al trabajo sexual a la clandestinidad, obstruyendo los esfuerzos para alcanzar a las trabajadoras sexuales y sus clientes con programas de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo del VIH… Se debe responder efectivamente al estigma y la discriminación; se debe reducir la violencia y el abuso hacia las trabajadoras sexuales; y se deberían revisar las barreras legales para su participación. Lograr los cambios en las condiciones sociales y legales que limitan el acceso a los servicios [de VIH] llevará tiempo, pero es crucial implementar ahora las reformas legales y de políticas necesarias.” Guía de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual.

La tan esperada actualización de la Guía de Trabajo Sexual y VIH se ha publicado recientemente y aporta una serie de precisiones en sus anexos que responden oportunamente a temas emergentes relacionados con el trabajo sexual. Dado que esta guía se encuentra aún en inglés, por medio de una serie de artículos analizaremos algunas de sus recomendaciones más recientes. Estas se agrupan en:

1. El entorno legal y de políticas sobre el trabajo sexual, incluyendo las leyes penales y otras que afectan a las trabajadoras sexuales.

2. Cambiar el enfoque estratégico de la reducción de la demanda de trabajo sexual a la reducción de la demanda de sexo pago sin protección.

3. La equiparación problemática de trabajo sexual con tráfico de personas; y

4. El empoderamiento económico de las trabajadoras sexuales.

En este primer artículo centraremos el análisis en el primer punto: el marco normativo, las políticas y su aplicación (ver artículo anterior en el que hemos abordado temas relacionados).

Leyes, aplicaciones y políticas que obstruyen las respuestas efectivas al VIH para las trabajadoras sexuales

En muchos países, las trabajadoras sexuales enfrentan marginación social y exclusión, que se convierten en barreras al acceso universal y están exacerbadas por una amplia variedad de leyes, prácticas para el cumplimiento de las leyes, y políticas. Las leyes penales son solo una parte de este entorno legal y de políticas. Entre las leyes, políticas y prácticas que pueden socavar los derechos de las trabajadoras sexuales y su acceso a los servicios para el VIH se encuentran las siguientes:

- Prohibiciones penales contra el trabajo sexual o aspectos relacionados

La oferta de sexo es un acto criminal en ciertos lugares, y las actividades asociadas con la oferta de sexo –gestionar un burdel, solicitar servicios de prostitución, vivir de las ganancias del trabajo sexual, y transportar o gerenciar a trabajadoras sexuales- son penalizados con frecuencia.

Existe muy escasa evidencia que sugiera que cualquier ley penal referida al trabajo sexual detenga la demanda de sexo o reduzca el número de trabajadoras sexuales. En su lugar, todas ellas crean un entorno de miedo y marginalización para las trabajadoras sexuales, que a menudo deben trabajar en lugares remotos e inseguros para evitar ser arrestadas o que arresten a sus clientes.

Estos abordajes prohibicionistas son parte del problema que promueven el proxenetismo y la explotación, no dejando espacio para que grupos de mujeres trabajadoras sexuales autónomas se organicen bajo su propia empresa o cooperativa. Así tampoco pueden promover sus servicios en forma independiente.

“Allí donde se penaliza el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales son muy vulnerables a los abusos y extorsión por parte de la policía, tanto en lugares de detención como en otros.”

- Leyes y regulaciones municipales

Una amplia gama de leyes municipales referidas al “orden público” a menudo afectan a las trabajadoras sexuales, tanto si se aplican leyes penales como si no. Estos estatutos dan amplia libertad a la policía para arrestar y detener a las trabajadoras sexuales. Aún si no resultan en largos periodos de detención, contribuyen a una atmósfera de temor y marginalización.

- Leyes antitráfico

Las trabajadoras sexuales han sido arrestadas y llevadas a prisión bajo cargos de trata y tráfico, aun cuando nunca fueron víctimas del tráfico y no solicitaron “rescate”. Las razzias en los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales en nombre de la lucha contra el tráfico son dañinas y antieconómicas, desplazando a menudo a las trabajadoras sexuales autónomas y socavando irónicamente el trabajo antitráfico de las organizaciones de trabajadoras sexuales. La confusión entre trata, tráfico y trabajo sexual autónomo en la mayoría de los casos no es casual, responde a una agenda de abolir y prohibir. Paradójicamente, de-victimiza a “las víctimas”, siendo el blanco de fácil acceso en operativos mediáticos que poco hacen por reducir el impacto de las redes y mafias enquistadas en los niveles más altos del poder.

- Otras leyes penales

Muchos países criminalizan la transmisión del VIH y en estos contextos las trabajadoras sexuales son particularmente vulnerables a ser juzgadas bajo estas leyes.

- Regulaciones y prácticas de salud

Cualquiera sea el régimen penal, las trabajadoras sexuales son objeto de pruebas compulsivas de VIH y otros procedimientos médicos. Esto se exacerba en un contexto en el que las trabajadoras sexuales estén atemorizadas por el abuso y la extorsión policial.

El impacto en las vidas de las trabajadoras sexuales

La penalización del trabajo sexual puede obstaculizar la capacidad de las trabajadoras sexuales para organizarse, asociarse y formar emprendimientos autónomos. Como consecuencia, se incrementa la exposición de esta población a la violación sistemática de sus derechos humanos, promoviendo un mayor estigma y discriminación. La criminalización funciona como un “justificativo social” para los abusos, la violencia y la impunidad.

La publicación cita como una buena práctica a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), la que ofrece asesoría legal a mujeres trabajadoras sexuales y ha desafiado la persecución policial y las restricciones acerca de los lugares donde las trabajadoras sexuales pueden ejercer su labor, en parte a través de su alianza con sindicatos de trabajadores.

A título de recomendación, las guías mencionan las siguientes acciones:

- Los Estados deberían abandonar la penalización del trabajo sexual o actividades relacionadas.

- Cualquiera sea el régimen legal, los Estados deberían asegurar que las trabajadoras sexuales no sean objeto de pruebas compulsivas de VIH o restricciones a sus libertades civiles, tengan libre acceso a todos los programas de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo del VIH, y participen de manera significativa en el diseño de programas y políticas que las afectan.

- Los Estados deberían tomar las medidas necesarias para permitirles a las trabajadoras sexuales gozar de protecciones laborales como cualquier trabajador.

- Allí donde rija una ley penal, los gobiernos y los donantes deberían apoyar el acceso de las trabajadoras sexuales a servicios legales, mecanismos de rendición de cuentas por abusos policiales, información sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, y eliminación de los obstáculos para crear organizaciones de trabajadoras sexuales. La reducción del estigma relacionado con el trabajo sexual debería incluirse en los programas de toma de conciencia e información pública.

- Allí donde los gobiernos han reconocido la legalidad del trabajo sexual, las regulaciones de salud referidas al trabajo sexual no deberían solicitar procedimientos médicos obligatorios, deberían respetar el derecho de las trabajadoras sexuales a la participación significativa en los servicios de salud, y dar prioridad a las medidas que empoderen a las trabajadoras sexuales para protegerse a sí mismas del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe Hispano, RedTraSex, en el marco del proyecto regional que se encuentra implementando con el Fondo Mundial, ha lanzado un estudio a gran escala sobre los marcos legales, regulatorios y su aplicación. Esta investigación en quince países de la región proveerá evidencias sobre la relación que tienen los marcos normativos, su uso y abuso, con la vulnerabilidad, el estigma y la discriminación de esta población. Las raíces y meandros de nuestra arquitectura legal son complejos y a veces perversos.

En el próximo artículo de esta serie nos centraremos en los abordajes que apuntan a reducir la demanda.

Uno puede escuchar que en un país el trabajo sexual no está ni prohibido ni perseguido, pero hay que pasar de la superficie para encontrar las mil y una maneras en que nuestros sistemas arcaicos y conservadores regulan el ejercicio de este trabajo, raramente reconocido como tal. Conviven la hipocresía, la retórica y el asistencialismo con una agenda emergente de algunas organizaciones de mujeres influyentes que imaginan “un mundo sin trabajo sexual”. Estas, en ocasiones con mayor poder para marcar algunas agendas.

Así, a quienes se les niegan los derechos desde la ley y se las intenta erradicar con paternalismo desde la academia, estas miles de mujeres que trabajan en una esquina o establecimientos por decisión para sostener a sus familias, forman poco a poco y con esfuerzo un movimiento de reivindicación que es, a estas alturas y por suerte, irrefrenable.

Fuente: ONUSIDA

Colaboración: Cecilia Dávila

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