Imaginemos esta situación: luego de una entrevista laboral exitosa, el análisis preocupacional es el último trámite pendiente para empezar a trabajar. Y de repente sucede lo impensado: “lo sentimos”, “se cerró la búsqueda”, “no es el perfil que estábamos buscando”. El postulante al trabajo es descartado sin siquiera conocer los motivos. Ahora dejemos de imaginar y tomemos conciencia: miles de personas en Argentina se enfrentan cotidianamente a esta realidad. Frente a esta situación, el 1 de diciembre de 2011 se presentó ante el Congreso de la Nación una iniciativa legislativa de bases comunitarias que tiene por finalidad terminar con la discriminación laboral.

Esta exclusión puede darse porque, de acuerdo a la ley 19.587, se dispone a cargo del empleador el efectuar los exámenes médicos regulados, y al trabajador, la obligación de someterse a los mismos. El propósito primero de estos análisis es el de “determinar la aptitud del postulante conforme a sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán, determinando las enfermedades prexistentes y bajo ningún motivo incurrir en actos excluyentes o discriminatorios”, según detalla el proyecto Ley de Análisis Preocupacionales. Lamentablemente, en la realidad cotidiana, las empresas incluyen en los análisis el test de detección de VIH, a pesar de que realizarlo de forma compulsiva y no confidencial es ilegal. En algunos casos no se lo comunican al postulante; en otros, lo hacen firmar un consentimiento informado antes de hacer el test. En todos los casos hay discriminación. Además, o encima, el postulante jamás conocerá los resultados. Siempre pierde.

Como suele ocurrir en este tipo de problemáticas, lo más difícil es hacerlas visibles: “El acto discriminatorio es difícil de visibilizar, ya que en la mayoría de los casos son laboratorios privados los que, una vez que tienen la muestra de sangre, realizan de forma ilegal y sin aviso el test de VIH. O por el contrario, viene como parte de un formulario que uno debe firmar sin oportunidad de negarse, ya que a priori lo dejaría en desventaja”, explica el Dr. Carlos Fiorentino, autor del proyecto junto a Hernán Aguilar. Agrega que lo que busca el proyecto principalmente es dar el marco regulatorio necesario para evitar los baches que tiene la legislación actual, que habilita que esta realidad pueda seguir ocurriendo.

¿Cuáles son las trabas? Fiorentino cree que, principalmente, hay intereses económicos que obstaculizan el camino: “Hay empresas de salud laboral que se encargan exclusivamente de llevar a cabo este tipo de prácticas y sin dejar evidencias. Esto entorpece el trabajo de la Justicia, ya que sin pruebas es muy difícil fundamentar el acto discriminatorio”. La otra gran traba es la falta de visibilización de la problemática, que genera a su vez un desconocimiento en el plano político.

¿Cuál es la propuesta? Que el Estado Nacional y los Estados provinciales sean garantes del derecho de acceso igualitario al trabajo y la protección de los datos personales. La idea es que sea el servicio público de salud el responsable de los chequeos. Y que el postulante sea el dueño de sus datos. Suena lógico, ¿no?

Desde su presentación, el proyecto ha tenido importantes repercusiones: ha sumado apoyos nacionales e internacionales y fue seleccionado por la Comunidad Global para ser expuesto en la última Conferencia Internacional de Sida, realizada en Washington en julio pasado. Además, a fines de agosto, el Departamento de Estadísticas e Investigaciones en Salud Laboral dio dictamen favorable a este proyecto, que ya ha recorrido diferentes áreas del Ministerio de Trabajo.

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