En El Salvador se han dado muchos avances en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, ya que se cuenta con una política de salud sexual y reproductiva que busca garantizarla a toda la población en las diferentes etapas del ciclo de vida, así como fortalecer el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación. Sin embargo, en cuanto al aborto legal y seguro “hemos tenido un retroceso bastante grande desde 1998, año en el que se prohibió totalmente cualquier tipo de aborto”, explica Xiomara Rodríguez, secretaria general de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos que toda persona tiene para decidir con quién, cuándo y cómo tener o no tener relaciones sexuales y, eventualmente, hijos. Son derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva.

Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia, suponiendo unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y que garanticen la integridad de ambos y el respeto mutuo, asumiendo de manera compartida las responsabilidades y consecuencias que se deriven de sus comportamientos sexuales.

La Organización Mundial de la Salud definió en 2002 que los derechos sexuales abarcan derechos humanos reconocidos por leyes nacionales, documentos internacionales de derechos humanos y otros acuerdo de consenso, que son parte integral e indivisible de los derechos humanos universales.

En relación al derecho de la mujer a optar por continuar o no con un embarazo, Rodríguez explica que “existe una intencionalidad que hasta el momento no se ha traducido en acciones concretas porque el Opus Dei y la iglesia católica siguen teniendo mucho peso y recursos para trabajar en este tema”.

“En nuestro país, lamentablemente nunca ha existido una política o una estrategia que vaya dirigida esencialmente hacia este tema [la salud sexual y reproductiva], aunque en la actualidad se han querido implementar nuevos programas y normas especialmente dirigidas a la adolescencia, tratando de abordarlos a través de la educación sexual”, señala el Dr. Carlos Gómez, Doctor en Medicina General, quien también indicó que “al hablar de salud sexual se tiene que hablar de planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión sexual y el uso consistente del condón como método de barrera, que muchas veces no se contemplan en programas de educación debido a la cultura que todavía predomina en nuestro país”.

“El factor cultural, que predomina en nuestro país, es el principal obstáculo para poder abordar a los jóvenes, ya que hablar del preservativo es un tema tabú, y las personas creen que al hablarles de métodos de barrera es incentivarlos a iniciar o tener una vida sexual activa”, señala Gómez. Y agrega que “aún el personal de salud tiene el tabú de dirigirse a los jóvenes con libertad y hablares sobre salud sexual y reproductiva”

Los derechos sexuales en nuestro país no son respetados al cien por ciento, debido a que no existe un trabajo profundo en cuanto a la educación preventiva y concientización. Vivimos en una cultura machista solapada, y son pocas las mujeres que verdaderamente se sienten seguras de defender sus derechos sexuales y reproductivos.

En cuanto a la población trans, la activista Alejandra Menjívar menciona que “se está trabajando en el acceso a la información y, a la vez, en la desagregación de la salud sexual y reproductiva y la salud sexual; en las mujeres trans no vemos una priorización de la salud reproductiva, sino de la salud sexual”.

Con respecto a la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres trans, Menjívar sostiene que “el hecho de que exista una política trabajada desde las organizaciones de la sociedad civil para que se abarque a todas las poblaciones no es suficiente, ya que el Estado no ha creado un mecanismo articulado; han creado como pantalla las clínicas VISIT única y exclusivamente para la atención de ITS y VIH, pero no hay un esfuerzo por parte del estado para brindar una salud integral a las mujeres trans.”

En conclusión, hay ciertos sectores que se han sentado a la mesa para crear mecanismos que marquen la pauta para mostrar avances en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, pero estas estrategias están marcadas por negociaciones “debajo de la mesa” que benefician “a unos cuantos”. Es así como se marcan las divisiones en las organizaciones de la sociedad civil y se genera un doble discurso que pone en entredicho los esfuerzos que se llevan a cabo, no solo por parte de las ONG, sino también desde los organismos del Estado.

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