Por Vladimir Encarnación Jáquez.

Para nadie es un secreto que en la República Dominicana la “supuesta” respuesta nacional al SIDA se financia con fondos de la cooperación internacional. Este es un tema de especial importancia por la gravedad que reviste, y amerita toda la atención posible por parte del Estado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil de la República Dominicana (ver artículo anterior en este vínculo). Sin embargo, y pese a los continuos reclamos para que el Estado asuma dentro del presupuesto nacional el tratamiento a las personas que viven con VIH y el abastecimiento continuo de antirretrovirales, considerarlo posible es cada vez más utópico. Y así, mientras el hacha va y viene, caminamos lentamente hacia un callejón sin salida donde los más perjudicados serán quienes, por su condición de salud, dependen del Estado para seguir con el tratamiento que les permite continuar sanos.

Recientemente, el presidente de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales en el área de VIH y SIDA (Coalición ONG SIDA) Nicomedes Castro, informó que en República Dominicana existen más de 33 mil personas con VIH. Entre ellos, más de 20 mil corren el riesgo de quedarse sin medicamentos antirretrovirales, debido a que los mismos son adquiridos con el financiamiento del Fondo Mundial, cuyo apoyo se anunció será retirado o en el mejor de los casos reducido.

Más recientemente, el pasado 9 de agosto, la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH (REDOVIH), junto a otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, denunció en una conferencia de prensa que los hospitales del país carecen de varios de los fármacos que demandan diariamente las personas viviendo con VIH o SIDA.

Toda esta situación tiene su génesis en el origen del financiamiento y en la falta de responsabilidad por parte del Estado para asumir su rol como garante principal de la salud y el bienestar de cada ciudadano. Lo más lamentable es que me mientras se buscan soluciones provisionales, las vidas de miles de personas están en peligro.

Es necesario que el Estado entienda que el financiamiento externo no es eterno. Incluso los programas de prevención, que supuestamente son apoyados con financiamiento directo, están en un limbo. Según declaraciones del mismo Nicomedes Castro, las iniciativas preventivas están en un vacío, pese a que es el principal componente para evitar más infecciones por VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual.

Entonces, ¿qué hacer?

Apelamos una vez más a la sensatez de nuestros gobernantes y motivamos a la sociedad civil organizada y no organizada a levantar nuestras voces para evitar que más personas pierdan la vida por negligencia y falta de responsabilidad. De nosotros depende que esta situación mejore. Es tiempo de gestar los cambios necesarios y emplazar al Estado para que cumpla su rol de garante de nuestros derechos sin distinción alguna.

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