Para nadie es desconocida la compleja conflictividad social en Centroamérica, que muchas veces contribuye a invisibilizar los niveles y alcances de los crímenes de odio, caracterizados por la saña de los atacantes y la indiferencia gubernamental e incluso de “actores clave y defensores de Derechos Humanos” quienes, a veces de manera velada y otras abierta, deslegitiman o minimizan los hechos.

El valiente accionar de los movimientos comunitarios y la sociedad civil ha impulsado verdaderos hitos para transformar esta vergonzosa realidad. Hace aproximadamente un mes, en Honduras fue promulgada una ley que tipifica como discriminación a acciones homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas; precisamente en uno de los países más violentos del mundo y con altos niveles de inestabilidad social y política. Asimismo, luego de varios meses de organización, gestión, incidencia y cabildeo, la Alianza Regional LGBT consiguió que el Consejo Centroamericano de Procuradores [y Procuradoras] de Derechos Humanos introdujera el tema en su XLVI reunión ordinaria, que se llevó a cabo el 19 y 20 de marzo en Ciudad de Panamá. Lamentablemente, los procuradores de Guatemala, Nicaragua y Honduras no asistieron.

Por otro lado, el miércoles pasado se presentó el informe con los argumentos, conclusiones y recomendaciones formuladas por los movimientos LGBT, que formó parte del informe de la situación del país que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado cuatro de noviembre en la ciudad de Washington, y que planteó la interseccionalidad como eje del análisis, es decir, el cruce de variables como la etnicidad, la pobreza y la migración y sus efectos en las comunidades LGBT.

A pesar de todos estos avances que nos llenan de orgullo, la realidad se ha encargado de restregarnos en la cara que lo realizado es insuficiente. Hace unos días, dos integrantes de la Organización Los Amigos de Santiago Atitlán – OLAS, un grupo de base comunitaria gay y trans de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá, Guatemala,  fueron agredidas por pobladores de la zona. Una de ellas se encuentra desaparecida y la otra ha perdido su ojo derecho como consecuencia de la brutal agresión.

Este hecho lamentablemente trae al debate la necesidad de abordar, acompañar y salvaguardar a los y las defensoras LGBT de los pueblos originarios, quienes enfrentan contextos hostiles, con pocos o nulos recursos para la defensa y promoción de derechos humanos. La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS) ha expresado su indignación ante los ataques y la inoperancia de los operadores de justicia frente al caso a través de un comunicado, en el cual también ha exigido al Estado la protección de los derechos humanos de las personas LGBT y la investigación de este caso en particular.

¿Cómo enfrentaremos estos nuevos retos? ¿Primará el racismo e ignoraremos una vez más las agresiones hacia los pueblos originarios? ¿Podremos asumir que la orientación sexual y la identidad de género se ven matizada por otras variables? Francamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, es que nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos –independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género- debe movilizar acciones que impidan que hechos como el acontecido en Santiago Atitlán vuelvan a suceder, ni en Guatemala, ni en ningún otro lugar del mundo.

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