En un comunicado emitido ayer, la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala manifestó su preocupación por los niveles de homofobia, lesbofobia y transfobia que se viven en el país, acentuados y perpetuados por la negación de derechos, la nula legislación y el desinterés político de promulgar leyes sensibles   en favor de gays, lesbianas, bisexuales y trans, que ahora se ven matizados por graves declaraciones del Presidente.

Además de contrariar el principio constitucional de laicidad, Pérez Molina nuevamente vulneró la independencia del Estado al reconocer la coordinación con la Alianza Evangélica y el nuncio apostólico la posición del país frente a la Declaración de la Asamblea de la OEA. El presidente también ha minimizado el alcance de las   resoluciones anteriores de la OEA, lo cual ha puesto en evidencia, una vez más, el errático trabajo en materia de política internacional encabezado por el canciller Fernando Carrera.

Otto Pérez ha desconocido también acuerdos alcanzados en el seno de la Organización de estados Americanos, especialmente los emitidos en la ciudad de Medellín en el 2008, en el cual los  35 países integrantes de la OEA aprobaron por consenso la necesidad de ” manifestar su preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género”.

Guatemala ha acumulado llamadas de atención de diversas instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos. El año pasado, el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala evidenció que “(los) prejuicios y estereotipos homofóbicos han marginado a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Estas han sufrido también ataques físicos y verbales, y 12 personas transgénero fueron asesinadas en 2012”; en el mes de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió a los movimientos LGBT del país, una audiencia temática,  precisamente porque reconoció la fragilidad de la respuesta gubernamental a la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, especialmente hacia las comunidades LGBT y, recientemente, el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió recomendaciones puntuales al Estado de Guatemala para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT.

En este contexto, el sábado pasado, 1ro de junio, en Guatemala, activistas LGBT de las Américas y el Caribe concentraron sus esfuerzos en jornadas de articulación regional para incidir positivamente en los debates y propuestas generadas en el marco de la Asamblea de la OEA, un esfuerzo estratégico considerando las brechas que en materia de ciudadanía y derechos enfrentan las comunidades LGBT en la región.

La agenda de esta Asamblea es muy compleja; en ella destaca el debate en torno a la despenalización de las drogas, lo que ha revestido al presidente Otto Pérez Molina de un aire progresista y cuestionador frente a los enfoques tradicionales de la lucha contra las drogas y su controvertida eficacia, especialmente en materia de reducción de hechos de violencia, posición que ha defendido con ahínco.

Apropiándonos de este enfoque, demandamos coherencia al presidente Pérez, y la aplicación de esa presumida progresividad y ahínco en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT en Guatemala, donde las violencias, exclusiones, detenciones, crímenes de odio e incluso ejecuciones extra judiciales son el pan diario para muchas y muchos de nosotros.

La movilización de la respuesta al VIH y el trabajo para mejorar la calidad de vida a las comunidades, requieren de ese mismo ahínco y esa beligerancia con la que se enfrenta a la política de las drogas, pero esta vez, su agenda rezuma progresividad insuficiente para defender las libertades básicas de gays, lesbianas, bisexuales y trans en el país.

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