Más de 50 organizaciones y redes locales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y México entrevistaron a 337 mujeres trans, trabajadoras sexuales y mujeres, todas ellas con VIH, para documentar las principales violaciones a sus derechos reproductivos y cómo éstas se presentan en los servicios de salud, con el objeto de fortalecer la evidencia para la incidencia política en nuestra región. El viernes 23 de agosto se presentaron los hallazgos en una conferencia de prensa, en Managua.

La investigación fue desarrollada por Balance, organización feminista mexicana, la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH -ICW Latina, la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe -RedTraSex y la Red de Personas Trans de América Latina y el Caribe -REDLACTRANS.

Entre los hallazgos, cabe destacar que la mitad de las mujeres entrevistadas tienen entre 1 y 6 años de conocer su diagnóstico y la otra mitad más de 7 años. Respecto de la calidad de la aplicación de la prueba, se encontró que el 62 por ciento de las mujeres no firmó un consentimiento informado antes de que le realizaran la prueba, casi la mitad de ellas no recibió consejería pre-test y una tercera parte no recibió consejería post – test. El 31 por ciento refiere que violaron la confidencialidad de su diagnóstico, principalmente el personal de salud debido a las prácticas institucionales, pero también como una agresión o para fomentar los chismes. Entre las consecuencias que enfrentaron las mujeres a causa de lo anterior, encontramos el despido o la negación del trabajo, violencia en sus familias y la negación de servicios de salud.

En el tema de salud sexual, resalta que casi la mitad de las mujeres no ha tenido acceso a diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual y más de la mitad no logró acceder a tratamiento de las mismas; el 67 por ciento no tuvo acceso a estudios de papanicolaou para detectar el virus del papiloma humano (VPH) y prevenir el cáncer cérvico uterino. Esto es especialmente alarmante porque las mujeres con VIH son más vulnerables a adquirir otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VPH. El 70 por ciento de las mujeres no ha recibido condones femeninos y el 22 por ciento no ha recibido condones masculinos. El 85 por ciento de las entrevistadas no tuvo información sobre las interacciones entre hormonas y antirretrovirales, entre ellas, las mujeres trans.

En los temas de salud reproductiva, resalta que el tres cuartos de las mujeres entrevistadas no recibió métodos anticonceptivos, El 16 por ciento de las mujeres deseaban otro embarazo y le comunicó a su médico que les brindaba la atención en VIH que estaba intentando embarazarse; sin embargo, el 44 por ciento no recibió información sobre la prevención de la transmisión vertical y el 65 por ciento no recibió información para embarazarse sin trasmitir el virus a la pareja negativa.

En el tema de la salud materna – perinatal, el 31 por ciento no tuvo acceso a antirretrovirales en el embarazo, el 82 por ciento no recibió consejería sobre la opción de parto vaginal cuando la carga viral es menor a mil copias y el 31 por ciento no recibió fórmula para su bebé durante los seis meses.

María Teresa Martínez, de ICW Nicaragua, compartió algunas anécdotas de las mujeres entrevistadas, incluyendo la una adolescente que fue esterilizada después de que su madre fuera presionada con información sesgada para firmar el consentimiento informado. De la misma manera, hizo hincapié en la necesidad de realizar este tipo de investigaciones involucrando directamente a las líderes de las comunidades para aprovechar al máximo los resultados.

María Elena Dávila, representante de Redtrasex, Asociación de Mujeres Las Golondrinas y Los Girasoles, comentó la necesidad de erradicar la discriminación que sufren por ser mujeres, por ejercer el trabajo sexual y por vivir con VIH; además, hizo notar la relevancia de que los servicios de salud reproductiva sean integrales y que no se reduzcan a revisiones de infecciones de transmisión sexual como condición para seguir ejerciendo el trabajo sexual. En la conferencia, Dávila aseguró que las violaciones “responden a la poca sensibilidad que tienen los servidores públicos del sistema de salud, producto del estigma hacia las mujeres trabajadoras sexuales, en donde se considera que por ejercer el trabajo sexual pierden todos sus derechos”.

Mística Guerrero, representante de la Red Trans de Nicaragua destacó la importancia de que los servicios de salud sensibilicen y capaciten al personal para no discriminar a las personas trans y que respeten el uso del nombre social para no desincentivar el acceso a las pruebas diagnósticas, al tratamiento y a la atención médica. La constante presión que ejercen las y los prestadores de salud para que las personas trans usen el nombre legal se convierte en una barrera significativa para la respuesta al VIH, por lo que Gerrero acotó “las personas transgéneras somos parte integral de este país, por tal motivo somos ciudadanas de derecho, contribuimos al desarrollo socio-económico cultural de Nicaragua, es por ello que el estado debe asegurar que tengamos libre acceso a los servicios públicos, para lograr una sociedad equitativa y libre de prejuicios”.

Finalmente, Juanita Jiménez, defensora de derechos de las mujeres y abogada que acompaña esta estrategia en Nicaragua, mencionó que es momento de que se reconozca que estas discriminaciones son parte de las expresiones de violencia contra las mujeres en el espacio público y que son tan significativas como las que ocurren en los espacios privados.

En entrevista al finalizar la conferencia de prensa, Arely Cano, representante de ICW Latina comentó que ejercicios como este son fundamentales para fortalecer la articulación entre los diversos grupos de mujeres en la respuesta al VIH y con el movimiento feminista. Así mismo, señaló que ya están coordinando con el Consejo Nicaragüense de SIDA (CONISIDA) y con la Procuraduría de Diversidad Sexual los mecanismos administrativos para restaurar los derechos cuando las mujeres sufren violaciones relacionadas con su salud sexual y reproductiva.

Esta estrategia es relevante debido a que busca usar estrategias de incidencia política y judicialización estratégica que han sido usadas de manera efectiva por el movimiento feminista, pero que no han sido aprovechadas por el movimiento de mujeres con VIH, trabajadoras sexuales o trans. Es la primera vez que los distintos grupos de mujeres afectados por el VIH se unen para trabajar a favor de sus derechos sexuales y reproductivos. El hecho de que la documentación aborde los derechos reproductivos de las mujeres trans aporta por primera vez en la región una perspectiva de lo que significan y de cómo se pueden documentar.

La investigación se dará a conocer en todos los países participantes entre agosto y septiembre y su difusión está acompañada de reuniones con tomadores de decisiones y sociedad civil para definir prioridades para la incidencia política y los mecanismos para buscar mejoras en las políticas de salud.

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