Una mujer trabajadora sexual, de 25 años y madre de dos hijos, que ejercía su profesión en Sucre y Potosí, Bolivia, recibió la insólita condena judicial de prisión domiciliaria por haber continuado realizando su trabajo luego de haber sido diagnosticada VIH positiva.

Los hechos

El Servicio Departamental de Salud realizó la denuncia e impuso una medida cautelar al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a cargo de la Jueza Ximena Mendizábal contra la trabajadora sexual que vive con VIH por considerarla un riesgo para la salud pública. La Jueza determinó que la acusada era culpable por el delito contra la salud pública y debía someterse al tratamiento médico y, cada 15 días, presentarse ante el Ministerio Público para firmar el libro de registro. En su fallo ordenó también la prisión domiciliaria con escolta policial.

Esta noticia fue hecha pública en el matutino La Razón de hoy e incluyó declaraciones de la Organización de Trabajadoras Sexuales Nocturnas (OTN) y de la Jefa del Programa Nacional de VIH/SIDA.

Ella no sabía nada del VIH, cuando le hicieron la prueba rápida, accedió, pero fue sorprendida por el resultado. Haremos seguimiento para que no la discriminen”, justificó Lily Cortez de OTN. “No fue correcto que la trabajadora continúe ejerciendo su labor, pero habrá que ver las razones por las que continuó exponiendo a sus clientes”, indicó Carola Valencia responsable del Programa Nacional.

La confidencialidad fue violada y es un caso de discriminación. Además, el Estado tendría que darnos alternativas de trabajo en caso del VIH, pero no recibimos nada, ni siquiera apoyo psicológico”, aseveró la portavoz de OTN. Carola Valencia dijo: “que el Ministerio de Salud no puede buscar otra alternativa de trabajo para las que son diagnosticadas con el virus, pero aclaró que otorgan orientación psicológica y los medicamentos para tratar la enfermedad”.

Una lectura de los hechos

Esta mujer, trabajadora sexual, ha sido víctima de una serie de violaciones de los derechos humanos como resultado de los prejuicios y la ignorancia de funcionarios de salud y judiciales, que tendrán como resultado una serie de medidas discriminatorias para esta mujer en particular y un impacto negativo incalculable para las personas que ejercen el trabajo sexual y las personas viviendo con VIH/SIDA en Bolivia.

Esta trabajadora sexual ha sido victima de un acto de criminalización de la transmisión del VIH, de criminalización de su condición de Trabajadora Sexual y de mujer que vive con VIH. La Jueza la condenó por un delito que no cometió: “la transmisión del VIH a otra persona”. Hasta donde sabemos esto no se ha acreditado en la causa.

¿Qué hay detrás de este criterio judicial? La idea de que una trabajadora sexual que recibe el diagnóstico no debe continuar ejerciendo su profesión, transformándose en una especie de “arma peligrosa” para la salud de los demás, como por ejemplo, sus clientes.

El sesgado error judicial ha sido reforzado por la afirmación de la Jefa de Programa de VIH/SIDA, Carola Valencia, que considera (a título personal) que una trabajadora sexual positiva no debe continuar ejerciendo su labor y exponiendo a sus clientes. Notarán con qué facilidad la conjunción de las palabras ejercicio y exposición en la misma frase pueden criminalizar y estigmatizar a todo un sector.

Todas las guías técnicas internacionales sobre Trabajo Sexual y VIH, que incluyen a ONUSIDA, sostienen lo contrario. Los y las trabajadoras sexuales que viven con VIH pueden continuar ejerciendo su ocupación.

El caso de Bolivia incluye otras graves violaciones a los derechos de las personas que viven con VIH como son la confidencialidad y el derecho a la libre circulación.

Así, en combinación, se culpa a esta mujer por no requerir o recibir su tratamiento y no porque se hubiera acreditado pruebas de un caso de transmisión intencionada del VIH en una relación sexual. El tratamiento del VIH es voluntario. No recibir tratamiento no puede ser interpretado como la voluntad de dañar al prójimo. Más aún, si como dicen sus colegas, esta persona desconocía su estado serológico.

Que dice ONUSIDA

En abril del año pasado ONUSIDA publicó Guías sobre VIH y Trabajo Sexual -ver articulos previos-, donde define: “En muchos países, las leyes, políticas, prácticas discriminatorias y actitudes sociales estigmatizantes empujan al trabajo sexual a la clandestinidad, obstruyendo los esfuerzos para alcanzar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes con programas de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo del VIH (…). Se debe responder efectivamente al estigma y la discriminación; se debe reducir la violencia y el abuso hacia las trabajadoras sexuales; y se deberían revisar las barreras legales para su participación. Lograr los cambios en las condiciones sociales y legales que limitan el acceso a los servicios [de VIH] llevará tiempo, pero es crucial implementar ahora las reformas legales y de políticas necesarias.”

El tema central para la prevención del VIH debería ser cambiar las actitudes de los clientes hacia las mujeres, hombres y trans trabajadores sexuales, y el uso del condón. Típicamente, los actos sexuales involucran a dos personas. Ambos tienen responsabilidad por practicar sexo más seguro, si bien es importante reconocer que las dinámicas de poder en los encuentros sexuales comerciales tienden a favorecer a los clientes, en particular si éstos están dispuestos a pagar más dinero por tener sexo sin condón. Cualquiera sea el régimen penal, las trabajadoras sexuales son objeto de pruebas compulsivas de VIH y otros procedimientos médicos. Esto se exacerba en un contexto en el que las trabajadoras sexuales estén atemorizadas por el abuso y la extorsión policial.

Caza de Brujas

Lo que pasó en Bolivia, no es un hecho aislado, sino otro doloroso síntoma de una tendencia hacia la criminalización de la transmisión del VIH en América Latina. Hoy la víctima ha sido una Mujer Trabajadora Sexual pero mañana serán otras: una Trans, un Gay, un HSH o cualquier otra persona que vive con VIH.

Cualquier persona VIH positiva en muchos de nuestros países, aun desconociendo su estado, puede ser enjuiciada por no poder acreditar fehacientemente el uso de preservativos durante la relación sexual o haber comunicado su estado serológico antes de la relación sexual. Pero el caso de Chuquisaca sube aún más la apuesta, “los cazadores de brujas” irán ahora por aquellos pacientes díscolos que no vayan al médico ni tomen sus medicamentos.

Para algunos funcionarios, que a duras penas terminan de leer y comprender las nuevas directrices de OMS, interpretan en el concepto de “tratamiento como prevención” la justificación para sostener que “el que no se trata, transmite y por ende es peligroso”. Así vemos una expresión , precoz y extrema, de los efectos de la medicalización en la lucha contra el SIDA.

La RedTraSex y su contraparte nacional ONAEM están repudiando los hechos, pero uno se pregunta: ¿Qué harán las demás organizaciones de la Sociedad Civil de Bolivia y de la región? Pues, hoy es una Trabajadora Sexual la que duerme con un policía en la puerta, pero mañana será una trans, un gay, un usuario de drogas o cualquier otra persona que viva con VIH.

Nota del editor: Hemos enviado a la Jefa de Programa de Bolivia una serie de preguntas cuyas respuestas serían incluidas en este artículo. Al momento de la publicación no hemos recibido una respuesta oficial.

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