El pasado 25 de agosto, cerca de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), fue encontrada asesinada una mujer que, a pesar de que no pudo ser identificada formalmente por no portar documentos de identificación, se supo que era una mujer trabajadora Sexual (MTS), que ejercía el trabajo sexual desde hace diez años y era conocida en la zona como la “Seca”.

La “Seca”, de aproximadamente 30 años de edad, madre de dos niñas, de 11 y de 3 años, fue muerta a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Hasta el momento no se cuenta con una real hipótesis del crimen; la Policía Nacional Civil (PNC), junto a Medicina Legal (ML), realizaron el levantamiento del cuerpo y de las evidencias de forma inexperta y fue notoria la falta de compromiso para dar seguimiento a este crimen.

El desinterés de las autoridades es evidente; se burlan de las víctimas o hacen declaraciones estigmatizantes. Entre los ajetreos del reconocimiento del cuerpo de la compañera, se escuchó decir a un agente de la Policía: “por putas, pisonas, sidosas y ladronas les pasa esto, bien merecido perra”.

Se cree que esta muerte tiene que ver con la renta (o extorsión) que pagan semanalmente las MTS a un sujeto de la Mara 18 (una violenta pandilla local) por un equivalente de $ 20.00 dólares.

Al indagar con el resto de las compañeras sobre lo que vieron o saben, prefieren callar. Diana (nombre ficticio) nos dice: “podría hablar y decir quienes fueron pero la próxima sería yo”.

Las mujeres trabajadoras sexuales en El Salvador están expuestas a violencia cotidianamente, no solo de parte de los proxenetas que les cobran la “renta”, sino también a los abusos policiales y, como hemos visto, los impunes asesinatos, que ha cobrado en la historia la vida de muchas mujeres trabajadoras sexuales que desde temprana edad ejercen el trabajo sexual.

La situación de violencia e impunidad también afecta a las mujeres trans trabajadoras sexuales. Ellas, armadas de valor, denunciaron los abusos ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia reveló las extorsiones de las que son víctimas y las amenazas de muerte de las que son sujetas; las denunciantes proporcionaron mucha información como números de placas de los vehículos, licencias, números de celulares, direcciones de viviendas de los extorsionistas y nombres completos. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con una resolución o investigación como lo exige la ley y se cree que, nuevamente, la impunidad las dejará aún más expuestas a sus abusadores.

Aun cuando en El Salvador no existe una ley que penalice el trabajo sexual, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) aplica una ley contravencional regulatoria a toda trabajadora sexual y sus clientes, ejerciendo abusos contra las mujeres y mujeres trans, sometiéndolas a maltratos, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.

Orquídeas del Mar, asociación que trabaja por el respeto y reconocimiento de las MTS, desconocía del caso hasta ser abordadas por Corresponsales Clave, evidenciando la necesidad de desarrollar una red de trabajo desde la comunidad que permita conocer la situación de las trabajadoras sexuales incluso en horas de la noche, así como dar seguimiento a los asuntos judiciales.

Es clara la necesidad de que El Salvador cuente con leyes que protejan a las mujeres y mujeres trans que se dedican al trabajo sexual; leyes que garanticen su seguridad, que les permitan tomar decisiones en relación trabajo sexual. Es necesario también que se ejerza presión desde las instancias nacionales e internacionales para que la Policía y los operadores de justicia, fiscales y jueces, cumplan con garantizar el derecho al debido proceso, a la investigación y a la reparación.

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