Como señaló la Organización Mundial de la Salud, América Latina es la región que más avanza en cuanto a acceso a tratamiento antirretroviral en relación con la proporción de las personas que lo necesitan. Asi, el mercado latinoamericano se vuelvió progresivamente más atractivo para la industria farmacéutica por las grandes utilidades que puede obtener.

Una de las estrategias que utiliza la industria farmacéutica multinacional para sostener una posición dominante en el mercado, que en ocasiones puede ser dominante, es la protección de la propiedad intelectual. A través de las patentes de productos farmacéuticos, restringen el ingreso al mercado de medicamentos genéricos, que podrían producir competencia y presionar los precios hacia abajo.

A través de la RedLAM, la sociedad civil intenta neutralizar esta estrategia y se ha propuesto, utilizando todas las alternativas legales que existen, desafiar el monopolio que tienen algunas empresas farmacéuticas en los países de la región.

Argentina

Así, en Argentina, la sociedad civil organizada presentó una oposición contra una solicitud de patente de una combinación de tres antirretrovirales de uso prioritario en el país: tenofovir+emtricitabina+efavirenz, que se comercializa con el nombre de Atripla®.

Cabe señalar que esta combinación es la que actualmente recomiendan las Guías de la Organización Mundial de la Salud para el inicio de tratamiento antirretroviral en adultos, ya que requiere una sola toma al día y, al estar disponible en una sola tableta, contribuye en la adherencia al tratamiento.

El tratamiento con este esquema por persona por un año cuesta actualmente al programa nacional US$ 2605 dólares estadounidenses. Mientras que la versión genérica es comercializada en India por US$ 119 por persona por año, según indica la Organización Médicos sin Fronteras (MSF) en su publicación Untangling the web.

Las compañías Gilead Sciences y Bristol Myers Squibb han solicitado una patente por este producto, la cual se encuentra en estudio en el Instituto de Propiedad Industrial (INPI) en la Argentina.

A través de la oposición, las organizaciones argentinas buscan llamar la atención de las autoridades respecto de la carencia de “novedad” y “esfuerzo inventivo” en el producto que solicitó la patente, ya que se trata de una combinación de compuestos existentes que son de dominio público o cuyas patentes están prontas a expirar.

Perú

En Perú, el Grupo Impulsor de la Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales (GIVAR), la Red Peruana de Pacientes y Acción Internacional para la Salud (AIS), presentaron una carta al Ministerio de Salud para que declare de interés público el medicamento atazanavir y se otorgue una licencia obligatoria.

Las organizaciones hacen notar en su comunicación a la Ministra, que en el último año, el país invirtió cerca US$8.5 millones de dólares de más en el medicamento en cuestión, cuya tableta de 300mg se comercializa en el país a cerca de US$13 (trece dólares), mientras que Bolivia logró adquirir una versión genérica por alrededor de US$ 0.5, lo que demuestra una diferencia de precio considerable.

El Perú otorgó una patente de este medicamento a la farmacéutica Bristol Myers Squibb, que tiene vigencia hasta el año 2018. “En los cinco años que quedan de vida de la patente, el Perú invertirá más US$ 35 millones más que si comprara la versión genérica”, explicó Javier Llamoza, investigador asociado de AIS.

Colombia

En Colombia, las organizaciones de sociedad civil que presionaron por una licencia obligatoria para el medicamento lopinavir/ritonavir, conocido como Kaletra® y cuyo productor –Abbott- tiene la patente, celebraron la decisión judicial que ordenó aplicar control de precios al producto.

Frente a la solicitud de licencia obligatoria, el precio de Kaletra® se redujo de US$4 mil por tratamiento por año a US$1100. A pesar de esta reducción sustancial, el precio en Colombia superaba varias veces el de los competidores genéricos internacionales.

Luego de varios años en un proceso judicial, se logró en octubre de este año la ejecución de la sentencia del tribunal, y el organismo de control de precios fijó el precio máximo para Kaletra ® que significa ahora US$ 670 el tratamiento por año.

Costos de antirretrovirales mas razonables redundan en programas nacionales y respuestas al Sida más sustentables, en particular en un contexto futuro donde los recursos serán de nuestros presupuestos nacionales. Nadie duda que la industria farmacéutica como otras empresas del sector privado, por su naturaleza, priorizan la rentabilidad sobre el bien común y la salud pública. Es responsabilidad del Gobierno hacer el uso más eficiente de los recursos de sus contribuyentes asegurando un mayor acceso a los servicios de salud y una vida digna.

La sociedad civil debe acompañar y si es necesario presionar a los gobiernos en este sentido.  Si bien en el precio de todo producto o servicio se incluye la investigación y desarrollo de una versión mejor y más rentable, es difícil argumentar que el precio debiera permanecer inmutable en el tiempo. En un mercado normal la competencia hace que las empresas manejen con mucho cuidado sus precios, costos y el retorno de sus inversiones. Cuando las empresas tienen posiciones monopólicas marcan la reglas de juego y la fijación de los precios no responde a ningún criterio técnico o financiero, más allá del de una mayor ganancia.

La sociedad civil viene levantando con firmeza su voz en contra de estos comportamiento comerciales desde hace décadas, se abre con esta iniciativa un nuevo capítulo en nuestra región hacia lograr un mayor y mejor acceso a tratamiento antirretroviral.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.