Organizada por el Grupo Clínico Especial del Comité Integral de Salud del CONASIDA, la reunión contó con la participación  de los presidentes de todos los grupos de médicos y médicas que dan tratamiento antirretroviral en el país. Asimismo, se contó con la participación de la Academia Mexicana de Infectología, con el Director científico y presidente de la Fundación Huésped de Argentina, el Dr. Pedro Cahn, y  representantes de sociedad civil.

De acuerdo al Dr. Carlos Magis, Secretario Técnico del Comité de Atención Integral de CONASIDA, esta fue una reunión de discusión de la situación actual del tratamiento antirretroviral en México desde el punto de vista clínico en miras a la sexta edición de la Guía mexicana de tratamiento antirretroviral, que está a cargo de un grupo multisectorial nombrado por el Comité.

De acuerdo a la información presentada en la reunión, México tiene acceso universal desde 2003. A fines del 2012, más de 84 mil personas recibían medicamentos antirretrovirales en el país,  y se estima que al año se enrolan alrededor de 8 mil personas al tratamiento. Sin embargo, con todos estos avances, el país registra alrededor de 3 mil muertes por infecciones relacionadas al Sida.

México se precia de tener los mismos medicamentos que circulan en el mundo; y, según se afirmó en la reunión, tan pronto se presenta un nuevo a medicamento a nivel internacional, los laboratorios lo ofertan a México y presentan los documentos necesarios para la autorización sanitaria para su circulación en el país. No obstante ello, existen algunas presentaciones, como es el caso de la zidovudina inyectable, que no están disponibles.

Respecto al desarrollo de la nueva edición de la Guía de tratamiento antirretroviral, que se prevé será publicada el próximo año, se discutieron las implicaciones que tendría para el país adoptar las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud en julio de este año. Carlos Magis señaló que habría un crecimiento de personas en tratamiento de al menos 5 por ciento, según las estimaciones de la Secretaría de Salud, debido a que la guía de la OMS modifica el criterio de inicio a tratamiento medido por el conteo de CD4 de 350 a 500. Sin embargo, el Secretario Técnico del Comité de Atención Integral de CONASIDA comentó que el problema que enfrenta México no es el inicio del tratamiento, sino lograr el acceso de los pacientes a los servicios de salud, ya que alrededor del 50 por ciento de personas llegan a los servicios con niveles de CD4 por debajo de 250. “Se necesita hacer un esfuerzo más intenso de detección y para favorecer la atención y retención del paciente ya ingresado al sistema de salud”, expresó el funcionario.

La participación de personas que viven con VIH en la reunión fue bastante menor que la de los expertos y funcionarios de salud y mucho de ello tiene que ver con el nivel de especialización en el tema de tratamiento antirretroviral; sin embargo, la participación sirvió para apuntar las  necesidades concretas de las poblaciones clave frente a la toma de medicamentos antirretrovirales.

Luis Adrián Quiroz director de Derechohabientes viviendo con VIH del Instituto Mexicano de Seguridad Social (DVVIMSS) y miembro del grupo de trabajo de la Guía, enfatizó que “los diversos aspectos del tratamiento antirretroviral deben ser dominados por activistas de la sociedad civil, porque de ellos depende que exista un mayor involucramiento”.

En esta misma línea, Quiroz criticó que las voces que denuncian situaciones de desabastecimiento de antirretrovirales en México sean pocas; “me preocupa que los activistas prefieran conseguir medicamentos a través de donaciones antes que luchar por un sistema de salud efectivo”, expresó.

Aunque México asegura acceso universal a tratamiento para las personas que llegan a los servicios de salud, el problema se localiza en las barreras que preexisten al diagnóstico de VIH. Personas diagnosticadas con niveles de CD4 por debajo de 250, es evidencia del acceso tardío a la atención integral.

Las barreras al acceso, desafortunadamente, no fueron abordadas en la reunión, pero están directamente ligadas con el acceso a la prueba de detección de VIH y la situación de estigma, discriminación y maltrato que persiste en los servicios de salud, así como el entorno de vulneración de derechos de las poblaciones clave en México. Convendría apuntar estas barreras en futuras discusiones para lograr así el verdadero acceso universal.

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