Un millón de inmigrantes en España han sido despojados del derecho a la salud. El gobierno del Partido Popular firmó un Real Decreto (eufemismo político-monárquico que hace las veces de un decreto de urgencia) en 2012 que dejó a casi 950.000 inmigrantes, que viven y trabajan en condiciones semi clandestinas, en el total desamparo. Se les quitó la tarjeta sanitaria que les permitía acceder a los centros de salud y hospitales para su atención médica cotidiana. Una gravísima vulneración del derecho a la salud, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según un informe de Amnistía Internacional “la normativa del Gobierno y su aplicación en diferentes comunidades autónomas está poniendo en peligro la salud de cientos de miles de inmigrantes”. El presidente Mariano Rajoy ha eliminado la palabra universal del derecho a la salud argumentando que de esa manera se “evitará la falsificación de la tarjeta sanitaria española”, dejando a los inmigrantes en situación irregular, y restringiendo la asistencia sanitaria gratuita sólo a casos de urgencia o accidentes, y en embarazo, parto y posparto.

Según el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, “…el servicio de salud universal no está para todo el universo y el gratis total no existe. La inmigración debe estar vinculada al empleo regular y los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países de origen”. ¿Cuántos españoles que tuvieron que emigrar por la guerra y el Franquismo y que fueron recibidos en muchísimos países deben sentirse más que avergonzados con las afirmaciones de este diputado?

Para los demás asuntos médicos los usuarios y usuarias deberán pagar los servicios (cosa que no ocurre con los ciudadanos españoles ni con los inmigrantes “regularizados”).

Este sistema perverso, que hipócritamente sostienen las potenciales mundiales (entre las que se encuentran varios países de Europa), necesita de mano de obra barata, que mantiene oculta, clandestina y sin protección alguna. Seres humanos, trabajadores y trabajadoras sin las que la industria y el comercio español se pararían, llegan de las zonas más paupérrimas de América Latina, explotadas sexualmente por algún proxeneta que las engañó con un futuro europeo de trabajo digno. Otras llegaron de los países más desolados de África escapando de guerras étnicas y dejando atrás a sus familias -que en el mejor de los casos tuvieron la suerte de no haber sido masacradas por los paramilitares o las dictaduras de turno y otras fueron traídas a golpes desde Europa del Este o desde los Balcanes, en condiciones de esclavitud para un futuro asegurado de uso, abuso y muerte.

Las medidas del Partido Popular, adornadas por la metáfora del “ajuste económico necesario para salir de la crisis” no son otra cosa que una condena de muerte. Otro genocidio al que no podemos dejar de condenar con toda nuestra energía.

La España campeona del mundo en fútbol, la de Rafa Nadal, la de Almodóvar y Penélope Cruz condena a miles de personas a la muerte porque el partido que gobierna ese país ha decidido que hay personas que valen y otras que no.

Estas medidas dan marcha atrás a cualquier planteo esperanzador en el camino de la lucha contra el Sida y en las metas de llegar al acceso universal. Algunos informes médicos calculan que el retiro de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares viviendo con HIV tendrá como consecuencia un aumento anual de los nuevos casos de entre 10 y 20 por ciento.

Las voces de alerta y denuncia por parte del sector médico se han hecho escuchar. El presidente del GESIDA (Grupo de Estudio del SIDA) expresó que “más allá de las consideraciones éticas, advertimos al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del HIV y de otras enfermedades infecciosas – como tuberculosis – a la población general; y mayor probabilidad de transmisión materno fetal del VIH… En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención.”

En el alarmante informe el GESIDA señala que entre 1,800 a 3,220 pacientes ya diagnosticados podrían quedar desatendidos, de los cuales entre el 70 y 80 % están actualmente con tratamiento antirretroviral.

La retirada de los tratamientos sólo provocará empeoramientos en los estados de salud de las personas viviendo con HIV, su hospitalización, y en definitiva aumentará las muertes. Los supuestos ahorros que quiere hacer el gobierno se verán sobrepasados por los altos costos de las ingresos en los hospitales, al nivel de los años ’80.

Afortunadamente la mayoría de los profesionales de la salud han advertido que podrían manifestarse objetores de conciencia con esta normativa, y mantendrían la atención de los pacientes.

La Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha advertido que de acuerdo con el análisis del Ministerio de Sanidad ‘Vigilancia Epidemiológica del VIH/Sida en España’, actualizado en junio de 2011, el 56 por ciento de los últimos diagnósticos en las transmisiones sexuales corresponden a hombres que tienen sexo con hombres y que, de estos, el 35,6 por ciento corresponden a personas inmigrantes.

Ana Mato, Ministra de Salud de EspañaSin embargo el Gobierno de Mariano Rajoy insiste en que este sector sin recursos se acoja a convenios especiales -a la manera de un seguro privado-, algo que es impensable cuando estamos hablando de un sector en situación de exclusión o riesgo social.

La presidenta de la FELGBT, Boti García Rodrigo, expresó que “la exclusión del sistema sanitario a una minoría social supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el Artículo 43 de la Constitución Española, donde se reconoce la protección a la salud”.

La otra cuestión, no menos importante, es la situación de retorno de muchas de estas personas viviendo con HIV a sus países de origen, donde les espera una difícil batalla con débiles sistemas de salud. Sin dinero, sin trabajo, sin seguro social ni seguro médico, en muchos casos el desamparo será la resultante.

Pero también debe tomarse en cuenta los casos de represión para las personas de la comunidad LGBTI en muchos de esos países.

¿Qué supondría este retorno por ejemplo para una persona trans que vive con HIV cuyo país de origen sea Honduras, Perú o India, u otro país donde seguramente será perseguida y criminalizada? ¿Qué supondría este retorno para un homosexual viviendo con HIV cuyo país sea Nigeria, Camerún, o Rusia?

Y más allá de las personas de la comunidad LGBTI, ¿cómo afrontarán los sistemas de salud de los países del sur el retorno masivo de personas viviendo con HIV que necesiten inmediato tratamiento y asistencia sanitaria? ¿Cuentan con los recursos necesarios? ¿Existen planes de enrolamiento acelerado?

España está quedando a la cola de Europa y también de muchos países de Latinoamérica con respecto a cuestiones de derechos humanos, sociales, de salud y educativos. Las medidas contra el derecho a la salud de las personas reflejan el absoluto retroceso del Partido Popular y debe llamarnos a una denuncia internacional en los congresos, simposios y conferencias de VIH y Sida.

Miles de personas están siendo condenadas a muerte en España.

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