Desde el 12 de febrero, Venezuela ha sucumbido a una serie de hechos que comprometen los derechos humanos de todos sus habitantes, sucesos que han resultado de la situación social y económica que actualmente atraviesa el país y por la cual el pueblo venezolano se ha pronunciado.

Si bien los servicios vinculados directamente a la atención de las personas que viven con VIH no han sido interrumpidos y no se han registrado aún hechos que evidencien una vulneración específica de los derechos de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género, temas centrales en Corresponsales Clave, existe mucha evidencia de la vulneración de otros derechos que motivan este artículo.

A través de la criminalización de la propuesta, las detenciones arbitrarias, la restricción de la libertad de expresión, se está afectando la vida de millones de venezolanos y venezolanas como ha sido reseñado en un pronunciamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos hace unos días.

Este artículo no pretende alinearse a ningún pensamiento partidista del estado venezolano, sino que va dirigido a la reflexión y la crítica, trascendiendo los colores políticos, y busca brindar información sobre el contexto social y económico venezolano que ha resultado en esta crisis.

Parte del contexto: la crisis económica

La situación precaria de la economía de Venezuela fue lo que incentivó, en parte, los hechos violentos de los que hoy muchos venezolanos han sido testigos. El desabastecimiento de productos de la canasta básica y la alta inflación fueron los principales factores del descontento que desataron esta crisis.

Ahora bien, existen discrepancias de posiciones en torno a las causas. El Gobierno Revolucionario, por su parte, afirma que todo es consecuencia de una “Guerra Económica” que busca desestabilizar al país mediante las acciones organizadas de grupos de la “Derecha”, en alineación con las empresas privadas, para causar caos, especulación y desasosiego en la sociedad venezolana a través del desabastecimiento de productos o del incremento de los precios. A manera de ejemplo, en 2013, luego de la devaluación del bolívar, algunos medianos y grandes empresarios incrementaron los precios de su mercancía en más de 600 por ciento.

El tipo de cambio del dólar contribuyó también a la especulación. En Venezuela existe algo denominado “mercado negro o dólar paralelo”. El tipo de cambio oficial es de 6,23 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo un dólar equivale a alrededor de 88,21 bolívares. Por ello, algunos empresarios adquirieron su mercancía extranjera al tipo de cambio oficial y una vez en Venezuela distorsionaron los precios, según el equivalente en el mercado paralelo.

Este sistema cambiario, que no permite la libre adquisición de divisas extranjeras, ha incrementado el mercado paralelo que, sumado a la devaluación del bolívar, ha hecho que la inflación venezolana cada vez sea más alta. El 2013 fue fatal para Venezuela, la inflación acumulada llegó a 56,2%, según cifras del Banco Central de Venezuela, convirtiéndose así en el país con la peor inflación del mundo, seguido por Siria con 49,5%, hecho lamentable en un país tan rico en recursos.

Esto incide negativamente en la canasta básica y la canasta alimentaria, ya que el sueldo mínimo resulta insuficiente para cubrir los gastos.

En noviembre y diciembre del año pasado comenzaron los saqueos a la propiedad privada, en parte incentivados por las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro, quien en cadena nacional dijo “que no quede nada en Daka”, en referencia a una empresa privada de venta de electrodomésticos. Después de estos hechos violentos, el gobierno reguló los precios.

Si bien puede ser cierto que han habido acciones por parte de ciertos sectores para desestabilizar la economía, no debemos limitar la comprensión de la situación a la tesis de la conspiración ni “a la guerra económica”; el estado venezolano debe asumir los errores en su gestión, pues tiene la responsabilidad de sostener económicamente al país y velar por su desarrollo.

Hechos Violentos

Aunado a la crisis económica, Venezuela tiene un histórico y serio problema con la inseguridad y la delincuencia, lo cual la posiciona como el tercer país con mayor índice de homicidios en el mundo, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Todo esto en conjunto desbordó en actos violentos, que desde el 12 de febrero hasta la fecha han ocasionado 13 muertos y más de 137 heridos, según informó el pasado lunes la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

La violencia se ha dado por múltiples factores.

Protestas Violentas: Si bien han habido manifestaciones pacíficas, también es cierto que han existido grupos opositores que arremeten contra los bienes públicos y privados, así como contra los funcionarios públicos.

El gobierno por su parte, ha hecho caso omiso a muchas manifestaciones pacíficas, en vista de lo cual, los protestantes cayeron en la indignación, la frustración y la desesperación, y optaron por la violencia como salida natural.

Violencia por parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas: Numerosos son los videos que demuestran la violencia de funcionarios públicos hacia los manifestantes, violando el artículo 68 de la Constitución de la República que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas, en consistencia con las palabras de Simón Bolívar, quien dijo: “Maldito el soldado que vuelva las armas de la República contra su pueblo.”

El discurso del Presidente Maduro lo ha alejado del diálogo.

Presencia de grupos paramilitares: Del mismo modo circulan pruebas que avalan la presencia de grupos paramilitares armados afines al gobierno, que colaboran en sembrar la violencia en las manifestaciones y también han contribuido a los saqueos de los establecimientos privados, trayendo consigo al vandalismo.

El tono del discurso oficial no contribuye al diálogo

La violencia también se ha dado en el tono del discurso de los dirigentes políticos que buscan etiquetar y ofender a los ciudadanos que no comulgan con su partido, lo que contribuye a un círculo de odio y a un debate destructivo.  Tanto chavistas como opositores reciben insultos y adjetivos que, lejos de promover el diálogo, distancian a los sectores que deben involucrarse en la búsqueda de la mejor solución a la situación de Venezuela.

La izquierda es vista como aquella fuerza política que defiende la voluntad popular, y se ve a la derecha como aquella que defiende los intereses capitalistas individuales. Sin embargo, es necesario notar cuidadosamente que cuando comparamos la forma de acción de ambos sectores notaremos que no hay gran diferencia, pues no se trata de un color político, sino de la mentalidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Esto se ha evidenciado también en otros países de América Latina.

Censura de información.

Poco es lo que se está transmitiendo al nivel nacional e internacional de los hechos suscitados en Venezuela, pues el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión declaró que “la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares del país pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública”.

Por ello fueron revocadas  las credenciales a reporteros de la cadena estadounidense CNN en Español, fue apagada la señal por cable del canal informativo colombiano NTN24 y reporteros del canal Globovisión debieron renunciar.

Pero ha sido gracias a las redes sociales es que el pueblo nacional y la comunidad internacional se han mantenido informados.

En este contexto de restricción de la libertad de expresión e información, ser ONG está mal visto y se confunde el rol de las organizaciones de la sociedad civil con los servicios de espionaje. A través de la criminalización de la protesta, se afecta a la sociedad civil organizada en su rol de veedor social y control; así como se vulneran otros derechos humanos de forma más sutil y al amparo de la ley.

Y … ¿Cómo avanzamos?

Son numerosos los países y las agencias de cooperación intergubernamental que han exhortado al gobierno a garantizar la paz en Venezuela.

El día de miércoles tuvo lugar la Conferencia Nacional por la Paz, convocada por el Ejecutivo Nacional, a la cual asistieron grupos chavistas, opositores, empresarios, estudiantes, comunidad religiosa judía, cristiana y musulmán, alcaldes, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional. Todos los y las participantes intervinieron desde su perspectiva ofreciendo recomendaciones para solventar la crisis que está atravesando Venezuela, y como resultado se creó la Comisión de la Verdad de la Economía, que busca dar seguimiento a las recomendaciones expuestas ese día mediante la elaboración y ejecución de un plan de trabajo.

Venezuela espera con ansias que esta comisión tome acciones claras al respecto, no solo respecto a la seguridad ciudadana y la libertad de expresión que está en juego.

Las barricadas y protestas han traído consigo la suspensión de las actividades académicas, así como la paralización de parte del sector comercial y de transporte, por lo cual la mercancía no está llegando a los supermercados y éstos están agotando todo lo almacenado; un mayor caos podría estallar una vez que la población no tenga alimentos que comprar, caos que pondría también en riesgo el acceso a otros servicios como la educación, el trabajo y la salud. La experiencia en otros países nos ha mostrado cómo las crisis sostenidas terminan por debilitar las instituciones, interrumpir programas de atención en salud, interrupción de la provisión de medicamentos, entre otros.

Es necesario que el pueblo venezolano respalde el diálogo y se una en la acción a la solución de esta crisis. Venezuela tiene el potencial financiero, humano y profesional para levantar su economía, sólo necesita la unión de esfuerzos y deshacerse del color político.

Fotos: Reuters y EFE

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