Hace dos años que estoy en tratamiento antirretroviral. Por suerte, recibo la mitad de mi medicación de Fundación Huésped, debido a que estoy en el protocolo Gardel, y la otra mitad – la zidovudina/lamivudina- la recibo por el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Las obras sociales pueden compararse a lo que en otros países se conoce como seguridad social, aunque funcionan algo distinto.

Cada tres meses me hago los análisis bioquímicos en Fundación Huésped. También, cada tres meses debo renovar mi tratamiento en el IOMA.  En Fundación Huésped me dan una receta “normal”, “común y corriente”, pero IOMA, para entregarme los medicamentos, me exige una receta hecha en su recetario, que sólo lo tienen sus médicos,  sus prestadores exclusivos, para lo cual debo sacar turno y esperar hasta una o dos semanas para que la escriba.

Hasta ahora tengo dos recetas, la primera que hace mi infectóloga en un recetario “normal” y la segunda que me hace un médico prestador de IOMA.

Esto no es todo, además tengo que llevar mi historia clínica, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, una fotocopia del carnet de afiliado a IOMA, el último recibo de sueldo y los últimos análisis bioquímicos, junto a la receta del prestador a la sede del Instituto en mi localidad.

¿Ustedes creen que ahora sí me darán mis pastillas antirretrovirales? No es así.

Todo este trámite burocrático es para que puedan hacer una tercera receta en el plan MEPPES, una suerte de receta electrónica que producen ellos con una computadora después de que haya ido, en una semana o más, desde Luján (mi localidad) a Morón –un viaje de una hora aproximadamente- para que sea visto por un comité de doctores. Después de este recorrido me entregan la tercera  receta (ya del plan MEPPES) y debo ir a una farmacia, después de una semana y media, para obtener mi medicación.  Si sumamos los tiempos, todos estos trámites pueden tomar tres semanas.

Como ven, este recorrido lo tengo que hacer cuatro veces al año por el resto de mi vida. Mi pregunta es ¿ante qué comité de doctores tengo que comprobar, cada tres meses, que tengo una enfermedad crónica, que la voy a tener durante toda la vida? Esto mismo pasa con las personas que tienen diabetes, por ejemplo. ¿No existe una forma de generar un sistema informático que procese toda esta información de una manera rápida y accesible, donde se simplifique la burocracia y el tiempo que conlleva tener mis medicamentos  antirretrovirales?  ¿Cuántas personas dejan un tratamiento antirretroviral por cansancio, por no soportar o no entender el complejo entramado de papeleo que hay que llevar a cabo para llegar a los medicamentos? ¿Esto es un acceso universal al tratamiento?

IOMA es una prestadora de salud que debe realizar, en la Provincia de Buenos Aires, todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para los empleados de la actividad pública y privada que contribuyan a este régimen. Los empleados públicos de la provincia son afiliados obligatorios, como es mi caso, siendo profesor de escuelas públicas, y tendrán el descuento de IOMA de manera obligatorio.  Por más que elija y pague otra obra social u otros tipos de seguros de salud – cuestión que no puedo hacer ya que mi sueldo apenas me alcanza para vivir-, el descuento de este Instituto siempre lo voy a tener.

En definitiva, los empleados de la Provincia de Buenos Aires somos rehenes de este Instituto. El hospital público no nos brinda los medicamentos porque tenemos una afiliación  a IOMA y ésta pide una cantidad de requisitos para obtener la medicación que nos hacen sentir, cada tres meses, en un universo kafkiano y, muchas veces, temiendo por no llegar a tiempo con los trámites.

Mi novio, que no posee ninguna obra social ni otro tipo de seguro y que también es una persona que vive con VIH, retira los medicamentos en el Hospital Público de Luján, en el mismo lugar en el que se atiende. Sólo hace un trámite: la infectóloga le da una receta que él cambia, en la misma institución, a menos de cincuenta metros, por sus pastillas.

Pero la historia de los retrasos en la atención médica de IOMA parece tener larga data. En diálogo con Corresponsales Clave, el Estudio Jurídico Di Giano Asociadas, miembros fundadores de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), contó que “la mayor estafa al afiliado ocurrió entre los años 2002 y 2005 cuando se comenzó  a cocinar el plan MEPPES que, bajo la excusa de que estaban reestructurando en virtud de estar negociando, dejó a los afiliados con enfermedades crónicas y de alto impacto en la salud sin prestaciones y sin mediación durante todo ese lapso, debiendo recurrir a la herramienta jurídica del recurso de amparo, para seguir con juicios contra IOMA.”

“En esa oportunidad, presentamos  cerca de 40 amparos, todos favorables a los afiliados y que, recién en la actualidad, se encuentran cobrando las indemnizaciones por los daños ocasionados por la omisión de la prestación del servicio de salud durante un lapso prolongado”, añadió la vocera del Estudio.

Según las abogadas consultadas, IOMA trató de justificar  mentirosamente que la falta de entrega de la medicación tenía que ver con una falta de importación, debido a la crisis económica de aquella época; un discurso que no pudieron sostener ni probar en los juicios.

En aquel entonces, “la participación de la sociedad civil organizada fue enorme -según recuerda la vocera del estudio- que se reunía frente a las oficinas del IOMA, empapelaban la ciudad de Mar del Plata denunciando los abusos, se vestían de muerte para persuadir.”

Parece ser que este Instituto tiene una larga trayectoria en no sensibilizarse con los padecimientos de sus afiliados. Creo que es absolutamente necesario que se produzca un sistema más informatizado y accesible para que las pastillas de todos los que somos pacientes crónicos lleguen rápidamente y sin burocracia.

Hace unos días, volví a IOMA nuevamente y hablé con el Jefe distrital para saber si el Instituto tenía en mente facilitar el trámite. La respuesta fue que éste “era así” y que no había directivas de sus superiores para que cambie.

Nuestras entrevistadas del estudio jurídico DI Giano asociadas expresaron su punto de vista: “Se está hablando, hace tiempo, de que el IOMA está en una gran crisis (…). Se han presentado proyectos de reforma en la Legislatura Bonaerense. La institución está intervenida y por supuesto todo ello impacta en los únicos perjudicados, los afiliados.”

Desafortunadamente, nada cambiará sin la denuncia sistemática de los atropellos que se producen en la atención sanitaria de parte de las obras sociales. Sigamos el ejemplo de aquellas decenas de personas que denunciaron los abusos hace ya casi una década. Defendamos nuestros derechos.

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