En el año 1989, mientras sólo en Estados Unidos se habían registrado casi 30.000 muertes a causa del sida, el cardenal John O’Connor de la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York condenaba el uso del preservativo. Lo hacía en medio de la más dura batalla que la comunidad gay llevaba adelante contra un nuevo e incontrolablemente mortal virus llamado VIH.

Esa batalla se extendería a todo el mundo como se extendía el VIH sin distinguir clase, orientación sexual, género, identidad de género, procedencia, edad o ideología.

La Iglesia extendió su condena

El preservativo, la herramienta más costo-efectiva existente para prevenir la transmisión de este virus, era condenada y prohibida por la Iglesia católica apostólica romana y en boca de su máximo referente el Papa Juan Pablo II que reafirmaba, a través de su Encíclica Evangelium Vitae, que el uso (del preservativo) “provocaría que el hombre perdiera el respeto a la mujer, considerándola un simple instrumento de goce”. Además relativizaba que el preservativo previniese el VIH de una forma “total y efectiva”. “Su difusión es inmoral, y su uso, contrario a la dignidad”.

Benedicto XVI  -el Papa que sentó precedente al renunciar a su cargo- mantuvo su condena al uso del preservativo. En 2012 en una visita a Camerún, dijo que el avance del sida “no se superará con la distribución de preservativos”.

Este Papa conservador fue más allá y aseguró que las distintas iniciativas para frenar el avance de la enfermedad no son ni “realistas ni eficaces”, y que la solución pasaría, a su juicio, por “humanizar la sexualidad con nuevos modos de comportamientos y por la renovación espiritual y humana del sentido de la sexualidad”. Estas afirmaciones irresponsables fueron hechas en su visita al continente africano, donde según un informe de ONUSIDA/OMS de los casi 33,5 millones de personas infectadas a nivel mundial (según datos de 2008) el 67% corresponden a esta parte del mundo.

La Iglesia, el condón y la diversidad sexual

Lo más paradójico de esta condena al uso del preservativo es la invisibilidad que la Iglesia mantiene hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) al hablar sólo de “hombres y mujeres” en su teoría sobre que el sexo es reproductivo y sólo está asociado a la “ley de Dios” y los demás somos “representantes del Diablo en la tierra”.

La comunidad LGBTI fue y es la más activa en el uso de los preservativos, la primera que impulsó campañas y que exigió a las instituciones de los Estados la entrega gratuita de los mismos. Miles de miles de personas LGBTI tienen marcadas en su piel la praxis terrorífica de esta pandemia. El uso del preservativo no sólo fue una medida política, sino también la práctica real de protegerse del VIH.

Estas exigencias y estas campañas de la comunidad LGBTI hicieron impacto en todos los sectores de la sociedad mundial.

La Iglesia contra la comunidad LGBTI

En 1993 en Argentina, el Cardenal Antonio Quarraccino ya soñaba con un exilio “rosa”: “Yo pensé si no se puede hacer acá una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí. Que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, ¡hasta su Constitución! Que vivan como en una especie de país aparte, con mucha libertad. …
Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación ¡No! pues sería, en todo caso, una discriminación a favor de la libertad (…). Pero, con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia también os voy a decir que así se limpiaría una mancha innoble en el rostro de la sociedad”.

Esa “mancha innoble” volvió en 2011 al discurso de la Iglesia, ahora en boca del actual Papa Francisco, el jesuita y ex Cardenal Primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, durante la lucha por la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina, cuando adoctrinó a los colegios católicos y las congregaciones eclesiásticas: “…no se trata de una simple cuestión política sino de la pretensión de destruir el plan de Dios. (…) Esta guerra no es vuestra sino de Dios”.

Con mi dinero NO

En base a las afirmaciones que transcribimos más arriba, sería sensato pensar que quiénes no comulgamos con estas ideas y que además nos sentimos violentados por ellas, podríamos pedir que los impuestos que los ciudadanos pagamos en muchos países de la región no financien a una institución que nos condena y nos estigmatiza. Que nos simboliza como la “representación de los enemigos de Dios”.

Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos continúa subvencionando a la Iglesia. En el caso de la Argentina la Constitución lo deja bien claro: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Esto implica, básicamente, que el estado Argentino reconoce a la religión católica como la religión oficial y configura su normatividad para subvencionarla. Por ejemplo, la ley 21.950 (decretada durante la última dictadura militar) proclama en su artículo primero que “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto católico apostólico romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”. Sostener a la Iglesia católica le cuesta al Estado argentino, más de 2.500 millones de pesos anuales.

Histórica vulneradora de derechos

Contrariamente a lo que pregona, la Iglesia ha sido históricamente una Institución represora de pueblos y minorías.  Creó y sostuvo la Inquisición por la que decenas de miles de mujeres fueron ejecutadas; ha fomentado y apoyado dictaduras y regímenes totalitarios.

La Iglesia niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; condena a los homosexuales, las lesbianas y a las personas transexuales e intersexuales. Se opone al uso del preservativo, al aborto, a la incorporación de la mujer a la toma de decisiones, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, a la libertad de elegir como cada uno quiere ser.

En el caso específico de la batalla contra el VIH/sida, si bien la Iglesia cumple una labor humanitaria importante en los países pobres del África, donde gestiona la mayoría de las clínicas de atención primarias no gubernamentales, a la hora de opinar de cuestiones más sensibles -como el preservativo- su condena contradice cualquier campaña efectiva contra la transmisión. Asimismo la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTI, que ha llevado adelante a través de la historia, ha propiciado y “legitimado” muchas formas de violencia social y estatal. Como reflejamos en otros artículos de Corresponsales Clave, hay iglesias conservadoras y fundamentalistas detrás de la reciente criminalización de la homosexualidad en Uganda y otros países de África.

La última década ha generado en América Latina gobiernos más progresistas, garantistas y promotores de los derechos humanos, que lamentablemente no han puesto en su lugar a la Iglesia, y han fallado al no desvincularla del Estado tanto política, como económica e ideológicamente.

No necesitamos más “audiencias” con Francisco que sigan estimulando esta renovada influencia eclesiástica en la región. Si vivimos en estados laicos, las propuestas de la Iglesia deben quedar sólo para sus adherentes. Si no, la intromisión de la Iglesia en cuestiones de Estado nos obliga a todos a ser parte de un rebaño en el que no hemos elegido incluirnos.

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