Discriminación, violencia y agresiones parecen palabras que podrían resumir los sucesos que acompañaron la Asamblea General de la Organzación de Estados Americanos (OEA) la semana pasada.

En conversación con Corresponsales Clave, Marcela Romero, Secretaria Regional de la REDLACTRANS, expresó su preocupación sobre la incitación a la violencia hacia la población LGTBI desde las propias autoridades paraguayas, así como sectores de la Iglesia o grupos fundamentalistas que emitieron opiniones sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género que distaban mucho de un enfoque basado en derechos.

Marcela Romero, REDLACTRANS

La semana pasada, se puso en evidencia que las autoridades del gobierno paraguayo y la sociedad en general no estaban informadas sobre los temas a discutir en la Asamblea General de la OEA, lo cual se dejó ver en la marcha realizada por grupos fundamentalistas, que no hizo más que llamar a la violencia contra la población LGBTTI.

“El Estado paraguayo tiene que reparar toda la violaciones a los derechos humanos y evaluar por qué tiene un gran porcentaje de pobreza y desigualdad. -señaló Romero- Nadie nace pobre, el desarrollo e inclusión social debe ir de la mano con información, trabajo y derechos humanos”, concluyó.

Elena Reynaga, Secretaria de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales (RedTraSex), por su parte, dijo estar satisfecha que a dos años de participar en la OEA, la Redtrasex ha logrado visibilizar las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras sexuales

“La OEA, es un espacio político que hay que ocupar aunque sea un proceso lento y burocrático pero que hay que ocuparlo e ir incluyendo los diversos temas de las poblaciones”, afirmó.

Otro punto que considera fundamental  fue la articulación que existe entre las diversas organizaciones de la sociedad civil

La OEA y la discriminación hacia la diversidad sexual

Elena Reynaga (centro) junto a activistas de la RedTraSex.

Como hemos adelantado en un artículo anterior, la Asamblea de la OEA aprobó el año pasado una Convención contra la discriminación que aún no ha sido firmada ni menos ratificada por Paraguay; por ello, la sociedad civil paraguaya lanzó la campaña “Cartes Firmá Qué, no descartes mis derechos”.

Al respecto, Marcela Romero comenta que se elaboró una carta de repudio contra el gobierno paraguayo que sería presentada al Canciller de Relaciones Exteriores, sobre  las graves violaciones a la Constitución Nacional y a las Convenciones Interamericanas sobre Derechos Humanos, la carta también abordaría los abusos de parte de parlamentarios paraguayos, quienes, con total impunidad instaron a la violencia y a la discriminación hacia población LGBTTTI en el Paraguay durante la semana que se llevó a cabo la Asamblea. “La democracia de Latinoamericana y del Caribe tiene una deuda histórica con la comunidad LGBTTI”, finalizó Romero.

Al respecto, Maky Pereira, coordinadora  de la Campaña, manifestó que se ha logrado visibilizar y posicionar la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos, así como poner en evidencia la homofobia y discriminación de muchos paraguayos. “Existe un  bajo nivel de debate sobre el tema”, comentó.

La campaña nos muestra que hace falta una herramienta jurídica que pudiera sancionar comentarios discriminatorios como los que fueron expresados la semana pasada, que incitan al odio hacia ciertas poblaciones.

Maky Pereira

La discriminación, que fue evidente en las discusiones y comentarios de autoridades, parlamentarios y líderes de iglesias, llevó incluso a la agresión de jóvenes que se manifestaron pacíficamente exigiendo el respeto de sus derechos. “Lamento mucho que en Paraguay exista semejante discriminación hacia las poblaciones LGTBI, están a veinte años luz en relación a otros países de la región”, comentó Elena Reynaga y añadió: “Hay que aprender de toda la región, empezar a ocupar este espacio que es más político, hay que buscar recursos para poder participar, cada una con su voz y reclamar sus derechos. Nos queda volver a nuestros países y trabajar con la Cancillería, darle continuidad a los procesos, tener articulación con toda la sociedad civil”

La Asamblea de la OEA deja grandes desafíos al Paraguay, pero seguramente marcó un antes y un después en la discusión sobre los derechos de las población LGTBI en el país.

Queda un gran trabajo con las autoridades y con el Congreso paraguayo para lograr la eliminación de toda forma de discriminación, y principalmente aquella dirigida a la diversidad sexual, que produce tantas muertes.

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