El Salvador, país centroamericano con una población de más de 6 millones de habitantes cada vez presenta un revelador retroceso en la aplicación de leyes y el real reconocimiento de la población de mujeres trans, quienes por décadas vienen siendo asesinadas con ensañamiento por sus agresores. Hasta la fecha, y a pesar de las denuncias a nivel local e internacional, el Estado sigue siendo cómplice de estas muertes.

El pasado 28 de Junio se celebró en San Salvador la gran Marcha del Orgullo Gay, actividad en la que también participaron mujeres trans. Entre ellas estaba Talía, una mujer transexual que residía en el departamento de La Paz y que fuera asesinada al día siguiente junto a su pareja, quien se presume era pandillero.

Por registros que manejan las diferentes ONG conformadas por o que trabajan con mujeres trans en El Salvador, cada año, luego de la celebración de la Marcha del Orgullo Gay se registran actos de violencia en contra de la comunidad LGBTI. Este año no fue la excepción y nuevamente la población trans está de luto.

Aunque esta muerte es particular porque hay otras personas que no pertenecen a la comunidad LGBTI que fueron atacadas, las autoridades no hacen más que suponer o expresar hipótesis de los actos de violencia que involucran a la diversidad sexual y, de una manera muy irresponsable, justifican la violencia que la sociedad salvadoreña manifiesta hacia esta población.

Esta conducta de los funcionarios públicos pone en evidencia que el Estado salvadoreño sigue incumpliendo los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos que lo obligan no solo a respetar y hacer respetar la vida de las personas, especialmente aquellas en mayor vulnerabilidad, sino también a investigar y sancionar a los responsables de vulnerar los derehos de otras personas, adoptando protocolos de actuación adecuados ante casos de violaciones.

A pesar de las innumerables recomendaciones que han realizado las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño, este sigue incumpliendo y siendo cómplice de estas muertes silenciosas. Entre las observaciones están:

-  La tipificación de los crímenes de odio en el Código Penal salvadoreño con las consecuentes medidas ulteriores como la creación de una unidad en la Fiscalía General de la República y la implementación de protocolos especializados para la investigación de estos delitos; asegurando una investigación transparente que incluya el acceso adecuado a la información.

-  Que el Estado de El Salvador debe de erradicar prácticas discriminatorias y garantizar el acceso a la justicia, a la efectiva investigación y la reparación de las víctimas.

Las organizaciones de personas trans enviaron comunicaciones al Ministerio de Relaciones exteriores recordándole sus compromisos ante la CIDH, que deberán honrar al investigar este caso. También solicitaron a la Fiscalía la investigación rigurosa del caso.

En el transcurso de la semana se han registrado dos asesinatos más de mujeres trans. El segundo caso se trató  de “José N” que tuvo lugar en la noche del 2 de julio y el último sucedió el 3 de julio y tuvo como víctima a una joven de 20 años que era conocida como “Pucca”.

De la mano de estos nuevos casos de asesinato personas trans, camina el miedo que siembran en el resto de la población trans. Las amenazas de muerte a las líderes de organizaciones trans son comunes, lo que las obliga a vivir permanentemente en la angustia, y busca amedrentarlas para alejarlas de su trabajo en las prisiones con sus compañeras y otras personas privadas de la libertad. La inacción del Estado, por otro lado, las deja en la desesperanza de que no se investigará ni se dará con los responsables de cualquier agresión que pueda afectarlas.

A pesar de tener todo en contra, las organizaciones de personas trans se mantienen firmes en su trabajo por los derechos de su población y continuarán sus denuncias y sus exigencias al Estado para lograr el respeto pleno de sus derechos.

Las población de mujeres trans en El Salvador no vivimos, sino que ¡SOBREVIVIMOS! y en condiciones de vulnerabilidad.  Hasta cuándo el estado salvadoreños dejara de ser cómplice.

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