Tras una apelación presentada por el Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales (GIVAR), la Séptima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima resolvió recientemente ampliar la investigación contra la Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú – EsSALUD, Virginia Baffigo Torres de Pinillos y otros funcionarios, por  presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas que viven con VIH (PVV) y reciben tratamiento antirretroviral en ese subsistema de Salud.

Al igual que algunos otros países de América Latina, el sistema de salud de Perú se compone de varios subsistemas: el Seguro Social de Salud (EsSALUD), que atiende a los trabajadores dependientes cuyo empleador aporta una cuota; la red de hospitales del Ministerio de Salud, que atiende a todos aquellos que no cuentan con un seguro o están en situación de pobreza y las redes de hospitales de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Los dos primeros concentran la atención de la mayor parte de la población a nivel nacional, en tanto agrupan a la mayoría de las personas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV). A diciembre de 2012, EsSALUD brindaba medicamentos antirretrovirales a 5 mil 358 PVV.

El caso de ESSALUD

Durante los primeros meses del año 2013, el GIVAR recibió alrededor de 60 denuncias de interrupción de la provisión de medicamentos (ARV) por periodos prolongados en hospitales de EsSALUD de Lima, Arequipa y Chiclayo. Los medicamentos en cuestión eran lamivudina, ritonavir y didanosina. Siguiendo sus mecanismos establecidos, la coordinación de GIVAR se contactó en reiteradas ocasiones con funcionarios de EsSALUD para hacerles conocer la situación y exigir el restablecimiento normal de la provisión de dichos medicamentos.

A pesar de las múltiples acciones, el Seguro Social de Salud no atendió los reclamos del grupo de sociedad civil y de cientos de usuarios que se vieron afectados. Ante esta situación, el colectivo pensó en una nueva estrategia -ya que los plantones y quejas no estaban logrando cambiar las políticas de esa institución-, y en abril de 2013 inició una denuncia penal por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y por omisión de funciones contra la presidenta ejecutiva de EsSALUD, Dra. Virginia Baffigo, la Ministra de Salud, Midori de Habich, como instancia rectora de la salud en el país, y la entonces Ministra de Trabajo, Nancy Laos, ya que orgánicamente EsSALUD está adscrito al Ministerio de trabajo.

Dra. Virginia Baffigo, Presidenta de EsSalud

La situación de desabastecimiento que se presentó el año pasado fue confirmada incluso por la misma Dra. Baffigo, quien se refierió a ello como “un bache” en la atención a PVV.

En una primera resolución se exoneró a las ministras y se definió que se abriera proceso a la Dra. Baffigo. En marzo del presente año, en una segunda resolución, que desatendía toda la evidencia presentada por los denunciantes de GIVAR y usuarios (recetas, testimonios de usuarios, declaraciones de funcionarios que corroboraban los desabastecimientos), se ordenó el archivamiento del caso.

El colectivo decidió apelar e incluyó en la denuncia a otros funcionarios y hace unos días recibió la resolución de la fiscal Gladys Fernández Sedano, quien abrió el caso nuevamente y ordenó ampliar la investigación.

El impacto de la denuncia

Marlon Castillo, Coordinador del GIVAR, comentó a Corresponsales Clave que desde que se interpuso la denuncia ha habido algunos cambios. “La norma del stock cero ya no existe, ahora compran antes de que se acabe (el medicamento)”, comentó. Esta norma restringía la adquisición de medicamentos de alto costo y obligaba a los establecimientos y funcionarios a esperar que en los almacenes y farmacias se registrara un stock cero, es decir que ya no hubiera el medicamentos, para iniciar nuevas compras, lo cual dejaba a los usuarios y usuarias sin medicamentos por periodos de hasta dos meses.

Castillo también dijo que las comunicaciones con los funcionarios de EsSALUD se hicieron más fluidas, aunque las solicitudes de reuniones iniciales pretendían convencer al colectivo de retirar la denuncia.

La intervención de GIVAR también hizo posible que, ante situaciones de desabastecimientos, se recurra a préstamos de medicamentos de parte del MINSA.

A pesar de los avances

A pesar de las mejoras, que son observables en EsSALUD en el presente año, en el primer semestre se volvieron a presentaron algunos episodios de interrupción de la entrega de raltegravir, enfurvitida y darunavir aunque por periodos más cortos.

En las reuniones que se realizaron entre funcionarios de EsSALUD y GIVAR se acordaron algunos compromisos que hasta la fecha no se han cumplido; como la realización de una auditoría médica, que identifique las irregularidades en la prescripción del tratamiento, ya que hay evidencia de que ésta no se ajusta a los lineamientos nacionales.

Una denuncia, un huevo hito

“Este es un nuevo hito”, señaló el Coordinador de GIVAR, “es como una batalla entre David y Goliat”, añadió, haciendo referencia a la gran estructura y recursos que tiene el Seguro Social de Salud en comparación con GIVAR . Castillo también comentó que la denuncia busca principalmente hacer funcionar la estructura de una institución que está acostumbrada a atropellar la dignidad y el derecho a la salud de sus usuarios y que se empeña en mostrar, a través de cuadros y tablas coloridas, que todo funciona bien. “Nuestra denuncia no pretende dañar a personas. (…) Pone en alerta a los hospitales y funcionarios para que cumplan con sus responsabilidades, para que estén alertas de que su trabajo impacta la vida de miles de personas”, dijo.

Según Castillo, han difundido ahora la resolución y lo actuado porque aún no se ha resuelto el problema de raíz. “Lo que queremos es que mejoren las políticas públicas, que haya una buena planificación, que no suceda que hay medicamentos en un hospital pero no en el otro. (…) Lamentablemente GIVAR no tiene los recursos para evaluar el daño que han producido los desabastecimientos en la salud de los usuarios”, a través de las pruebas de genotipo, por ejemplo, evidencia que sería de mucha importancia para determinar el daño a la vida, el cuerpo y la salud.

GIVAR es un colectivo de diez organizaciones, además de colaboradores voluntarios, que trabajan en la vigilancia de la provisión oportuna del tratamiento antirretroviral en el Perú.  Para esta denuncia tuvo el apoyo de Justicia en Salud, una pequeña organización que brinda asesoría legal.

Finalmente, Marlon Castillo hizo un llamado a la comunidad en genera a que pierda el miedo a denunciar, y que utilicen las herramientas que se tienen a la mano (internet o el teléfono) para dar a conocer si se ha interrumpido la provisión de algún medicamentos en algún establecimiento de salud del Perú.

Desde Corresponsales Clave agradecemos a Marlon Castillo por su tiempo y disposición a la entrevista.

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