Hace meses que circula en los e-groups y redes sociales un pedido de apoyo de la Red Bonaerense de PVVS en relación con los inconvenientes ocasionados por el cierre del Proyecto de Argentina del Fondo Mundial. En nuestros país -y en Latinoamérica- no cabe duda que la Red Bonaerense es una de las organizaciones emblemáticas de la respuesta local que desde hace años viene realizando un trabajo maravilloso en la provincia más grande y afectada por la epidemia.

La República Argentina accedió a una subvención del Fondo Mundial en Ronda 10 (2010), el administrador de los recursos o receptor principal fue UBATEC y el proyecto concluyó el año pasado (2013). Más allá de este caso puntual que reflejamos en este artículo, podemos afirmar que la vida del proyecto fue bastante “traumática”, en particular en lo referido a la gobernabilidad del Mecanismo Coordinador de País, que fue una vez más un territorio de batallas interminables.

La respuesta al VIH y el sida en Argentina no necesitaría del apoyo del Fondo Mundial en sentido general, ya que se tiene una alta inversión del Gobierno; sin embargo la sociedad civil sí necesita acceder a más y mejores recursos. Por tratarse de un país de renta media alta está por fuera de la agenda de la mayoría de donantes internacionales, lo que viene ocasionando una lenta desaparición de parte de la diversidad de las ONG y grupos argentinos.

¿Qué pasó?

La Red Bonaerense fue uno de los sub-receptores más grandes del proyecto argentino, en función de la cobertura, las metas y el número de personas contratadas. El proyecto por medio de su Receptor Principal exigió la contratación formal de todo el personal durante la ejecución del mismo. Al concluir el proyecto, estas personas quedaron redundantes y se realizaron los despidos con las correspondientes indemnizaciones. Este no fue el caso para todas las organizaciones.

En general, fue un proceso largo y confuso que significó que algunos de los sub-receptores tuvieran problemas administrativos y legales con la oficina de recaudación impositiva, por los aportes sociales y jubilatorios. Una demora en el pago de las cargas sociales significa el inicio de un proceso administrativo y legal que resulta en algunos casos en el embargo de las cuentas bancarias de las instituciones. Este fue el caso de la Red Bonaerense. Hace meses que todos los recursos que ingresan por otros proyectos son incautados por la agencia recaudadora a cuenta de la deuda y los intereses.

A tal extremo llega esta situación que recientemente la Administración de Ingresos Público habría embargado los pagos mensuales de los planes sociales de 25 PVVS, activistas y miembros de la red. Este subsidio individual cubre las necesidades alimentarias de ellos y sus familias, las que ahora se encuentran sin ningún sustento.

La Red Bonaerense completó su proceso de cierre del proyecto en octubre de 2013 que incluyó la rendición técnica y financiera. Sin embargo, al día de hoy el informe financiero no ha sido aprobado.

Por fuentes cercanas al proyecto sabemos que el Receptor Principal habría solicitado a algunos de los sub-receptores la presentación de facturas y recibos para justificar al Fondo Mundial el pago de las indemnizaciones, las cargas sociales y previsionales. Tres organizaciones habrían presentado estos, entre las que se encuentra la Red. Recientemente, el Agente Local del Fondo, cuestionó la validez y elegibilidad de estos comprobantes y esto habría paralizado el proceso de cierre, con el riesgo de llevar el caso a la justicia.

Un callejón

La situación es muy grave. La Red está administrativamente paralizada, todos sus ingresos fueron incautados, y aun así acumulan intereses por la mora y están en riesgo de perder su personería jurídica. La gente de la Red sigue trabajando en los centros de salud, en las cárceles y en las comunidades pero hace dos meses que no reciben ningún ingreso económico para sostener a sus familias.

UBATEC se comunicó recientemente con la Red Bonaerense para informar que han recibido toda la documentación solicitada por el Receptor Principal, el Agente Local del Fondo y el Fondo Mundial (rendición de gastos certificados por el contador, la documentación de respaldo y las cartas de aval de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otras). Atentos a la urgencia de la situación, se comprometieron a resolverlo con celeridad.

Es mi opinión, ha quedado en evidencia que los problemas en la gestión del Receptor Principal empujaron a las organizaciones a buscar soluciones al borde de la legalidad; las que hoy son sujeto de investigación por parte del Fondo, a través de su Agente Local (Price Waterhouse & Coopers).

También asistimos a la herencia de un desempeño muy pobre del MCP, que estuvo más ocupado en peleas estériles entre grandes egos, que en cumplir su rol primordial de monitorear y supervisar el proyecto y al Receptor Principal. La Dirección Nacional de Sida estuvo mediando en este conflicto los últimos meses pero no tienen injerencia alguna en la resolución del asunto  administrativo y legal.

La solución urgente de este crisis está solo en manos del Fondo Mundial, del Receptor Principal y del MCP (y sus integrantes) que -aunque extinto- sigue siendo responsable por el resultado de su reciente “gestión”.

La realidad es que no podemos dejar solos y abandonados a la Red Bonaerense de PVVS. Situaciones y errores extraordinarios como los que se cometieron en este caso requieren también de soluciones extraordinarias. No es justo que paguen los que más hacen y menos tienen.

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