Por Gabriela Melgar.

El Tercer Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y poblaciones en más alto riesgo publicado en el año 2013, recogió datos importantes sobre las violaciones de derechos relacionados a las poblaciones claves. En Guatemala entre los años 2009 y 2012 se registró un total de 1192 denuncias presentadas en organizaciones como la Institución del Procurador de los Derechos Humanos IPDH y Organizaciones No gubernamentales que trabajan la temática.

Atendiendo a esta realidad, en abril de este año 2014, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala inauguró la Defensoría de la Diversidad Sexual, como una respuesta necesaria a la constante vulneración de derechos de la comunidad LGBTI del país. Esta es una iniciativa bien recibida y apoyada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta materia y por la Embajada de Suecia, quien financiará este proyecto por un plazo de diez meses.

La Defensoría tiene como mandato primordial velar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión, la participación, la no discriminación y el respeto a esta población.  Gabriela Tuch, Defensora de la Diversidad Sexual, señala que “Este es el primer espacio que se abre dentro de una institución del Estado, específicamente para el tema LGBTI. Estamos en un momento histórico, en el que una entidad estatal decide abordar de frente el tema, pese a todo el ruido y reacciones que el tema provoca. Me atrevo a decir que en este tema no hay nada en institucionalidad pública, entonces hay mucho trabajo por hacer”.

Stacy Velásquez, activista en la Organización Trans Reinas de la Noche, organización de sociedad civil que vela por los derechos de las personas trans, afirma que “Con la creación de esta oficina se está fortaleciendo el marco internacional de derechos humanos en el país, puesto que ahora se logró la tipificación de las denuncias y el acompañamiento oportuno, abriendo la experiencia de trabajo del Estado en esta materia”.

Otro logro importante, es que la defensoría ha servido como intermediaria, facilitando espacios de diálogo entre la comunidad LGBTI y otras instancias de gobierno, para afianzar algunos procesos de incidencia política, uno de ellos es la Ley de Identidad de Género, que actualmente se está promoviendo, comentó Velásquez.

Gabriela Tuch, Defensora de la Diversidad Sexual de Guatemala. (Foto: Gabriela Melgar Orellana)

Por su parte, Marco Polo Yancor, Director del Colectivo Amigos contra el Sida -CAS-, opina que “La defensoría es una herramienta que va a propiciar que la sociedad civil se empodere en sus derechos y haga que el gobierno visualice las múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero hay que destacar que esta entidad gubernamental no es la solución a todos los problemas de la comunidad LGTBI, en realidad estos problemas deben ser afrontados por la sociedad civil y usar esta oficina como una herramienta para incidir en otras instancias del gobierno”.

Respondiendo a la experiencia de trabajo y realidad nacional, la Defensoría busca que las poblaciones clave gocen, en primera instancia y como una primera lucha, de los derechos fundamentales; es por ello que se han definido algunos ejes de acción: el acceso a la educación, trabajo salud y justicia, pues son estos ámbitos los más vulnerados a causa de la orientación sexual e identidad de Género.

La Defensoría de la Diversidad Sexual referirá denuncias en los casos de violación a los Derechos Humanos de las diferentes comunidades de la diversidad sexual y de género; asesorará y hará seguimiento a todos los casos referidos a Procuración o que por indicaciones del Señor Procurador se señalen; procurará resultados de incidencia legislativa y en las políticas de atención a las comunidades de diversidad sexual y de género; desarrollará actividades de capacitación interna en la temática específica de atención a las comunidades de diversidad sexual y de género, de manera coordinada con la Unidad de Capacitación; asimismo, participará en los equipos de trabajo de verificación que propone Procuración y en los procesos educativos de la IPDH cuando se le demande de manera coordinada con el Departamento de Educación y realizará trabajos de investigación en temas específicos de comunidades de diversidad sexual y de género, pero socialmente sensibles y prioritarios para la IPDH, así como actividades de coordinación y organización que el Procurador de los Derechos Humanos le designe.

Es importante destacar que esta defensoría es la segunda en su tipo en la región Centroamericana y Latinoamericana; Nicaragua fue el país precursor en la implementación de una dependencia que atendiera casos específicos de violaciones de derechos humanos de personas que pertenecen a la diversidad sexual. Actualmente la Defensoría de Guatemala ya ha realizado un primer acercamiento con Samira Montiel, Defensora de la Diversidad Sexual de Nicaragua, para compartir experiencias y generar información que permita replicar buenas prácticas.

Gabriela Tuch, Defensora de la Diversidad, también compartió los principales logros alcanzados en estos primeros cinco meses de trabajo, como la construcción de una Política Pública LGBTI que se está elaborando en conjunto con la Comisión Presidencial  para los Derechos Humanos  y Organizaciones de Sociedad Civil, que previamente presentaron la problemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También se ha logrado que en las boletas de denuncia en las Oficinas de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil se incluya un campo que visibilice a las personas de la comunidad LGBTI; con esto se documentarán los casos de denuncias relacionadas a violación de derechos por orientación sexual o identidad de género y esta información también permitirá caracterizar la violencia hacia las personas LGBTI.

Por otro lado, también se está promoviendo la coordinación de una red de abogados que están dispuestos a acompañar jurídicamente estos casos de forma gratuita, para fomentar la corresponsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil y un abordaje integral de casos a través de una red de apoyo.

Si bien este es un avance importante, el tema de la diversidad sexual como en muchos países latinoamericanos queda mucho por trabajar y, a pesar de que Guatemala es un país signatario de diversos convenios y tratados en materia de Derechos Humanos y que constitucionalmente se reconoce la igualdad y libertad de todos los seres humanos, la sociedad guatemalteca continúa reproduciendo situaciones de discriminación y estigma por motivos de etnia y orientación sexual que limitan el acceso de las poblaciones LGBTI a la educación, trabajo y oportunidades de desarrollo.

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