En Colombia se abrió el debate sobre el respeto, protección y garantía del derecho a la salud, y el debate se centró en cómo los medicamentos de precio accesible son indispensables para ello. Dicho de otro modo, el acceso a tratamientos y medicamentos, de precio razonable, cobertura universal, acorde a los últimos avances internacionales de ciencia, son elementos indispensables en la garantía del derecho a la salud.

Cuando se consagró el derecho a la salud en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 12, se le exigió a los Estados que reconozcan “…el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Dentro de las obligaciones mínimas que garanticen la plena efectividad de este derecho, se exige la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos.

El derecho internacional ha dado lugar a transformaciones progresivas en las prácticas legales e institucionales de los Estados que se han acogido a estos estándares. Este es el caso de Colombia, que desde finales de los años 70 inició ese proceso.

Sin embargo, la garantía universal del derecho a la salud de quienes nos encontramos en este país, se ha visto limitada por la privatización de muchos servicios, sumado a una infraestructura que no logra responder a una creciente demanda de atención por parte de las personas.

El panorama ha sido documentado por organizaciones de sociedad civil, quienes alertan sobre la urgencia de adoptar medidas; también se han documentado casos de personas con VIH/SIDA.

Dos decisiones recientes, por parte del Ministerio de Salud, han devuelto el optimismo sobre las urgentes transformaciones que en tema de medicamentos requiere el país. En primer lugar, se fijaron topes a los precios de 334 medicamentos. Y posteriormente, se fijó un tope a varios Anti Retro Virales (ARV). La historia sobre cómo se llega a estas dos decisiones puede ser resumida en: i) La presión, basada en litigio estratégico y lobby, de organizaciones de sociedad civil, quienes se apoyaron en los estándares internacionales de derechos humanos y la evidencia registrada durante varios meses, y ii) La voluntad política de un Ministro que se acoge a los límites legales que imponen tanto la Constitución como los Tratados de Derechos humanos.

No obstante ello y a pesar de que se adoptaran decisiones y se hayan impulsado los controles de precios, algunas empresas farmacéuticas como Abott aún siguen vendiendo la combinación de  lopinavir y ritonavir a precios muy elevados. Incluso nos posicionamos entre los países con precios más altos en América Latina.

Kaletra, un anti retroviral producido por Abbott que costaba en Colombia 4 mil euros por año por paciente, mientras que Brasil o Ecuador cuesta 1.400 y en Perú 300 euros. Estos sobrecostos respondieron a una intensa campaña de lobby de la farmacéutica en Colombia. Esto llevó a que la inversión en Kaletra® representaran un sobrecosto importante en lo que a medicamentos se refiere.

Alguna vez discutía con activistas de sociedad civil, quienes argumentaban que el Estado no debe contemplar a quien le compran los medicamentos ni a qué precio, mientras logren dar cobertura universal. Pero, nuestros sistemas fiscales y políticos no hacen sostenible esta afirmación. Los recursos limitados deben ser invertidos adecuadamente y ello nos impulsa a pensar en mecanismos más sostenibles como es comprar medicamentos genéricos de menor costo, tal como lo recomendó el Relator de la ONU sobre el Derecho a la Salud, e invitarles a analizar el desbalance que se ha creado entre pacientes con dinero y otros que no los tienen.

Colombia ha logrado avanzar en esta lucha contra la mentalidad mercantilista en el área de la salud, ha recordado su papel de garante de derechos humanos y ha puesto en cintura a las farmacéuticas.

Como es de esperarse, esto ha llevado a una nueva etapa de lobby de las empresas ante el Gobierno, pero los mínimos legales se hacen cada vez más elevados, hay una mayor exigencia de la sociedad civil, en especial de quienes viven con VIH/SIDA y otras personas que se atienden en el sistema público de salud, que ya no aceptan que un médico o una institución le diga “su medicamento está agotado por costoso”.

La respuesta del Estado se hace cada vez más sofisticada y menos prejuiciosa, y debe estar alineada con los estándares de derechos humanos. La salud deberá dejar de ser un privilegio o un favor y retomará su carácter de derecho humano.

Estos aprendizajes pueden ser una base de discusión para que se impulsen otras luchas similares en otros países, con la esperanza necesaria para seguir adelante, y el realismo y pragmatismo que la cuestión política demanda.

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