El VIH es una epidemia propia de la posmodernidad, que ha llegado para interrogar las políticas económicas, sociales y culturales de la sociedad globalizada. Viene a poner a prueba, principalmente, los sistemas de salud y de educación de los gobiernos, la respuesta apropiada de las investigaciones clínicas y de fármacos, y la solidaridad de los países para quienes cuentan con menos recursos para afrontar la epidemia.

También ha cuestionado el accionar de los Estados respecto de las poblaciones más vulnerabilizadas como son los homosexuales, trabajadoras y trabajadores del sexo, usuarias y usuarios de drogas inyectables y personas que se encuentran privadas de libertad. Es decir, ha interrogado a la sociedad en su conjunto en lo que dice en relación con el respeto de la diversidad, la no discriminación y la tolerancia; en fin, de las diversas formas de vida que hemos adoptado.

Como en muchos otros países, la prevalencia del VIH y el sida en la población carcelaria chilena es mayor que en la población general. En las cárceles, el hacinamiento, la sobrepoblación y la violencia, combinados con la falta de buenas condiciones sanitarias, de una alimentación adecuada y de servicios médicos integrales amplían la vulnerabilidad de esa población en relación con varias enfermedades, incluida la infección por VIH, la hepatitis B, otras ITS y, recientemente, un brote de tuberculosis.

Al igual que quienes viven extramuros, muchas personas privadas de libertad quizás no sepan que tienen VIH, lo que dificulta notablemente el acceso a los servicios de salud. Como contraparte, no todos los recintos penitenciarios ofrecen la prueba de detección del VIH.  Así lo ha señalado un reciente informe de la Contraloría General de la República al sostener que el examen para la detección del sida no se les efectúa a todos los internos a pesar de que existe conciencia que se incorporan a una población vulnerable prioritaria”.

Para las personas privadas de libertad, la principal dificultad en el acceso a los servicios sanitarios es la casi nula confidencialidad sobre su diagnóstico. En este sentido, el informe reconoce que (la confidencialidad) “está amparada bajo la confidencialidad de la ley del sida, norma que se encuentra referida para individuos que se encuentran en el medio libre y no privados de libertad”. Esta situación se ve agravada por la ausencia de un reglamento que haga aplicable las garantías establecidas en la Ley de Sida. Tal como lo constató el Ente Contralor al sostener que “…no obstante la relevancia y las condiciones diferentes a las normales en que se encuentran las personas internas en los recintos penitenciarios, donde las condiciones de hacinamiento, infraestructura inadecuada, carencia de luz natural y de ventilación, de higiene y aseo, etc., que sumado a la condición de alta vulnerabilidad de los internos, (…) hacen aconsejable normas especiales que regulen su trato.” El documento agrega: “Si bien gran parte de estas falencias se han solucionado en los recintos carcelarios concesionados, al no existir un reglamento no se encuentran claras las reglas sobre las relaciones y procedimientos que deben asumir los entes involucrados.”

Respecto al trato hacia las personas con VIH al interior de los recintos penitenciarios, la opinión de la Contraloría es lapidaria: “los traslados sin aviso trastocan todo lo programado referente al tratamiento con fármacos, exámenes y seguimientos. Además, no se consulta el estado de salud del enfermo VIH/sida y no se coordina la documentación referente a su patología”. Esto dificulta notablemente el acceso a servicios sociales y de reinserción penal al permitir una segregación y falta de oportunidades laborales y capacitación: “están confinadas a un lugar alejado de todo y sin oportunidad de nada, no trabajan, no estudian y menos pueden acceder a trabajos como mozo dentro del recinto penal”, puntualiza el  documento.

Son conocidas las falencias en materia de infraestructura penitenciaria, respecto a las cuales la autoridad gubernamental no ha adoptado medidas correctivas apropiadas. Además, la formación en derechos humanos de los profesionales de Gendarmería de Chile se encuentra a años luz de los estándares y recomendaciones internacionales.

Si bien el Estado de Chile ha resuelto poner en marcha un conjunto de proyectos de cárceles concesionadas, lo cierto es que las falencias se han institucionalizado: en la actualidad coexisten dos regímenes penitenciarios, ninguno de los cuales ha sabido dar respuesta a la crisis humanitaria de las cárceles.

La violencia al interior de los recintos de reclusión penal suma cifras alarmantes: al año 2012, Gendarmería de Chile presentaba la no menospreciable cifra de 255 denuncias por violación y 225 casos de personas con VIH. Estas cifras, ampliamente cuestionadas, no reflejan la realidad por cuanto se carece de estudios de prevalencia y de monitoreo de las políticas públicas.

Por otra parte, es indispensable la emisión de normas penitenciarias coherentes con la actual concepción humanitaria que sean reflejo de la realidad del desarrollo del país. Un buen catalizador de la solidez democrática e institucional de los estados es la preocupación por las necesidades de los más débiles, y en este sentido es necesario un cambio de paradigma para construir en base al respeto por lo diverso. Esto implica no solo prevenir las injusticias, sino también promover la justicia social, que consiste en ir más allá de la mera protección a los grupos vulnerables.

La sociedad chilena indudablemente tiene que fomentar una actitud de aceptación y entendimiento por la vida y la dignidad de cada uno de sus miembros, con el objeto de construir sociedades capaces de priorizar el bien colectivo por sobre el individualismo social y político.

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