Un nuevo homicidio de una mujer trans en Colombia ha causado impacto entre la comunidad LGBT. Es el caso de Marcela, de Medellín. Este hecho se enmarca en una tendencia que puso en evidencia la organización Colombia Diversa en su último informe, el cual mostró que durante el 2012 se cometieron  87 homicidios contra personas LGBT.

En su gran mayoría estos homicidios se clasificaron como crímenes contra LGBTI pues la policía al identificar a las víctimas, se refirió a ellas como “hombres vestidos de mujer”, sin entrar a indagar otros aspectos sociales o identitarios de las personas, lastimando la identidad y la memoria de miles de personas trans y reforzando estereotipos negativos en la sociedad. Estos 87 homicidios y el de Marcela se unen a un acumulado de más de 600 que han sido documentados por esta ONG desde 2005.

Ante este escenario, el Estado colombiano ha empezado a trabajar para dar una respuesta. Instaló una Mesa de Casos Urgentes que tramita algunas solicitudes de investigación elevadas por la sociedad civil, las cuales son respondidas por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección.

Esta Mesa funciona simultáneamente al proceso de construcción de una política pública LGBTI, a cargo del Ministerio del Interior que inició en 2008 pero aún no arroja resultados concretos. Se anunció recientemente que será presentada en diciembre de este año.

Por el lado de las instancias que administran justicias, los avances son algo débiles. Colombia Diversa expuso que de todos los casos reportados, solo 20 cuentan con sentencia condenatoria, y de esas, muy pocas reconocen la carga de prejuicio que implicó el homicidio. La Fiscalía designó un funcionario especializado en el tema, quien debe articular los esfuerzos para investigar y acusar a los culpables de los homicidios. El Consejo Superior de la Judicatura poco a poco ha reconocido que los Jueces “podrían estar limitados” en su conocimiento, y ha empezado a prepararlos para sancionar los hechos.

Este panorama institucional deja todavía un sinsabor. Se ha comenzado a reconocer y responder a la problemática, pero aún son limitados estos esfuerzos frente a un escenario tan crudo de violencia y discriminación. Los homicidios solo son la punta del iceberg, en un fenómeno que castiga el tránsito entre géneros y sexos, que no reconoce a las personas trans como ciudadanas plenas y que las va expulsando de círculo a círculo social, hasta confinar a muchas de ellas al trabajo sexual y la prostitución.

El Estado ha conocido estas discriminaciones desde hace más de 20 años. Diferentes sentencias de la Corte Constitucional han evidenciado que se deben tomar medidas. Pero el Ejecutivo aún no ha sido contundente en su respuesta a estos requerimientos. Es decir, anque reconoce que las personas trans son sujetas plenas de derechos, que merecen protección especial por parte del Estado, aún las mantiene presas de los trámites legales y ejecutivos.

El conflicto armado colombiano llevó a naturalizar muchos tipos de violencias, a creer que es imposible ser y vivir en paz, a que hay ciudadanos de segunda y tercera categoría. Pero en una democracia no podemos tolerar que esto siga sucediendo y debemos exigir que las medidas anunciadas sean más eficientes y que podamos ver avances en los próximos meses, que indispensablemente deben dar cuenta de quiénes cometieron los crímenes, las causas subyacentes y cómo garantizar que no sigan sucediendo.

La muerte de Marcela nos recuerda que debemos acelerar el paso, que urgen medidas para que esto mejore, en un esfuerzo conjunto entre Estado, sociedad civil y medios de comunicación. El nivel de garantía de derechos humanos de las personas trans será el indicador de cuan profunda es nuestra democracia y a su vez, una muestra de sus graves fallos.

Vea también comunicado sobre la muerte de Marcela.

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