En 2008, un hombre denunció judicialmente a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) porque, aseguró, había sido atacado por un desconocido durante un evento público en el marco de la histórica campaña de lucha contra el VIH y sida (Campaña STOP SIDA) que tiene 27 años de existencia en la Argentina y que se realizaba en la zona de Puerto Madero, en la ciudad capital.

En esta actividad de interés general, sin fines de lucro y de acceso libre, realizada en una plaza pública no concesionada, una riña callejera personas extrañas al evento y a la organización, ocurrida en las cercanías de las actividades, derivó en una acusación hacia una organización de la sociedad civil como la CHA por daños a causa de lesiones físicas.

En la demanda, el denunciante también responsabilizó al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal. Sin embargo, tras años de trámite judicial la Cámara emitió la semana pasada una resolución que responsabilizó exclusivamente a la CHA por no haber contratado seguridad privada para garantizar la seguridad de los concurrentes a la actividad y revirtió así, el fallo de un juez de primera instancia.

El equipo legal de la Comunidad Homosexual Argentina, en la voz de su coordinador, el Doctor Pedro Paradiso Sotille, explica que esta condena se fundamenta “en un caso que considera “análogo” resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el que se condena al organizador de un evento deportivo con fines de lucro -en ese caso la Asociación de Fútbol Argentino-, realizado en un estadio público concesionado, de acceso pago y restringido, por lesiones a concurrentes al espectáculo ocurridas durante el partido de fútbol, organizador a quien además, la ley vigente señala como alguien facultado para contratar policía privada dentro del predio concesionado. Esa misma normativa también prohíbe el ejercicio de la seguridad privada en espacios públicos abiertos y no concesionados y, expresamente, prohíbe a las asociaciones civiles (para el caso, la CHA), brindar este servicio por cuenta propia para terceros, en cualquier circunstancia”.

La CHA interpuso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires un recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, que fue rechazado. Por ello, inmediatamente interpuso un nuevo recurso de queja, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que está en proceso de resolución.

Este fallo contra la CHA sienta un precedente de enorme riesgo para la actividad de las organizaciones sociales y la libertad de expresión. Es arbitrario y trasgrede una ley que explícitamente prohíbe a asociaciones civiles y fundaciones brindar servicios de seguridad.

Las graves incumbencias del fallo sobre la libertad de expresión y reunión significa que todas las asociaciones civiles de Derechos Humanos sin fines de lucro que realizan campañas, actos políticos y de interés general en la vía pública, pueden llegar a enfrentar el mismo peligro de quiebra económica institucional y, tal vez, hasta personal.

Pero más allá de este hecho, de por sí grave y que ataca a las organizaciones de DDHH, está el nuevo precedente de impunidad institucional que genera la absolución al Gobierno porteño, a la Policía Federal y a la Prefectura Nacional Argentina. Un hecho por demás inaudito, enmarcado en la reiteración de la violencia institucional y el desamparo social en que las instituciones dejan a las personas.

Este fallo recuerda aquellos fallos neoliberales que vivimos bajo el menemismo en los años 90 como el que le tocó vivir también a la CHA, que resultó en el rechazo a su personería jurídica por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reinaba en aquellos años, el cual fue revertido gracias al apoyo nacional e internacional y la presión que se ejerció sobre el gobierno de Carlos Menem desde distintos sectores sociales y políticos.

Ante un nuevo ataque a una organización de la sociedad civil, la respuesta debe ser la misma: solidaridad y apoyo a la CHA, y repudio al fallo judicial.

Usted puede acompañar a la CHA en la campaña de envío de e-mails a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y apoyar el recurso de queja sobre el fallo. En el asunto escriba: “CHA – Tema de interés colectivo”. El modelo de carta se puede descargar del siguiente link. Envíe su comunicación a los siguientes correos: Dr. Ricardo L. Lorenzetti (privada01@csjn.gov.ar), Dra. Elena Highton de Nolasco (v09@csjn.gov.ar), Dr. Carlos Fayt (privadav05@csjn.gov.ar), Dr. Raúl Zaffaroni (raulzaffaroni@csjn.gov.ar) y Dr. Juan Carlos Maqueda (jmaqueda@csjn.gov.ar).

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