Hace unas semanas, Javier*, un menor de 6 años fue discriminado por su profesora en el Centro Poblado Naranjillo, quien al conocer su diagnóstico, el cual fue compartido por la madre; tomó como medida sentar al niño en una esquina, avisar a los otros niños que no se junten con él porque estaba enfermo.

La madre confió el diagnóstico del niño a la profesora –y en consecuencia el suyo propio- debido a que esta última le insistió en conocer los motivos que alteraban la regular asistencia a clases; la profesora incluso señaló que mantendría la reserva del caso ya que perenecía a una Iglesia.

El pequeño Javier contó a su madre sobre la separación del resto de los compañeros de clase y la madre de inmediato lo retiró de la escuela -la única en la comunidad donde viven- para protegerlo de mayores expresiones de discriminación. Se trata de un niño que aún esta siendo preparado para conocer de su condición de salud, huérfano de padre; un niño que recibe el mejor de los cuidados de parte de su madre, quien cuida de su atención y garantiza su adherencia al tratamiento.

Ante la evidencia de lo sucedido, la Directora del establecimiento de salud donde recibe atención el menor, Elisa Guzmán Soto, envió una carta al Grupo de Ayuda Mutua(GAM)“Juntos para tu Apoyo”, mencionándo los hechos y solicitando que tomen las medidas necesarias, entre ellas, que se  investiguen los hechos.

El Sub-Coordinador del Grupo de Ayuda Mutua,  Weninter Rengifo, hizo la denuncia respectiva ante la Defensora del Pueblo, que, de inmediato, dio seguimiento a la denuncia por  discriminación hacia el menor y se comunicó tanto con el área de tutoría de la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja; para solicitar su intervención y que se tomen las medidas correctivas, asimismo, se sugirió que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (COPROA) iniciara las investigaciones administrativas y determinara las sanciones respectivas, si fueran pertinentes.

La docente, por su parte, negó haber discriminado al niño. Ahora, tanto ella, la madre y el menor se encuentran recibiendo atención psicológica que les permita superar esta situación.

Hasta la fecha, se ha logrado involucrar el accionar del sector educación, el sector salud, la Defensoría del Puebo y la sociedad civil. Sin embargo, no se ha restituido el derecho a la educación del niño y su desarrollo podría estar en riesgo.

Este caso, aunque pueda sonar aislado, es el segundo que sucede en esta región, donde hace menos de dos años, una niña fue expulsada de una escuela ante la presión de los demás padres de familia que conocieron su diagnóstico a través de los medios de comunicación, donde fue presentada por una organización de sociedad civil para buscar ayuda para su manutención, ya que era huérfana de ambos padres y su familia vivía en la extrema pobreza.

Otros casos de discriminación y vulneración de los derechos más fundamentales de los niños y niñas con VIH han tenido lugar en el Perú, un país que ha sido beneficiario de cuatro grandes proyectos financiados por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y donde el gobierno se precia de haber aumentado significativamente la inversión en VIH.

El caso de esta maestra puede ser uno en un gran universo de profesores y profesoras desinformados, con poca o nula capacitación y que reproducen estereotipos, estigmas y prejuicios frente a los casos de niños con VIH. Los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación ante este tema no se han cumplido y los materiales producidos para la sensibilización del personal de educación y el abordaje del VIH no han llegado a todo el país.

Este caso debe servir de motor para ampliar las acciones de sensibilización y eliminación de estigma y discriminación relacionados al VIH en la población general. Ciertamente no son muchos los casos de niños con VIH en el Perú, pero esos pocos no pueden ser privados de su derecho a la educación.

Nota: el nombre el niño ha sido cambiado para proteger su privacidad.

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