La XXIII Marcha del Orgullo tuvo dos reclamos: la necesidad de actualizar la ley antidiscriminación y  la laicidad del Estado, que fueron acompañados por otras demandas como la aplicación plena de la Ley de Identidad de Género -que a tres años de su promulgación aún encuentra obstáculos del Ministerio de Salud de la Argentina para la reglamentación de varios artículos que tienen que ver, precisamente, con la salud de las personas trans.

Los y las marchantes exigieron también la derogación de los códigos de faltas, el aborto legal, seguro y gratuito y el respeto de los medios de comunicación hacia las identidades sexuales.

Como es tradicional, en el escenario que se instaló frente al Congreso de Diputados de la Argentina, se pasó revista a los reconocimientos y abucheos que los organizadores habían programado: Héctor Aguer, el papa Francisco y la Iglesia católica recibieron un merecido abucheo; también el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quién ha iniciado una campaña de expulsión de inmigrantes y comandado represiones a varias manifestaciones. Asimismo, los partidos de derecha,  recibieron lo suyo: este año le tocó a la senadora del PRO Gabriela Michetti, que tiene profundos vínculos con el Opus Dei y es militante acérrima contra el matrimonio igualitario y el aborto.

Para esta marcha, el PRO, partido del Ingeniero Mauricio Macri, desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amenazó su realización, implementando restricciones a la seguridad de la marcha y exigiendo a los organizadores la responsabilidad sobre la seguridad de los y las asistentes, aún cuando esto fuera en contra de la ley. Un tema que tuvo como antecedente la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que condenara a la Comunidad Homosexual Argentina a pagar el equivalente a 45 mil dólares al determinar su responsabilidad por la seguridad de asistentes a un evento en la vía pública.

Sin embargo, y a pesar de ciertas interrogantes de la Comisión Organizadora sobre las consecuencias que podría traer la falta de permisos, el consenso general fue “marchar de cualquier manera”.

Históricamente, la marcha nació como un símbolo de lucha y reclamo el 28 de junio de 1992, después de años y años de marchar en soledad y con escasos apoyos, la masividad de la marcha y la relación con el Estado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la alberga, hizo poner la atención en las cuestiones de seguridad.

Pero más allá de estos tecnicismos que se los dejamos a los organizadores, la gente que vamos a la marcha, y fuimos a esta edición 2014, sentimos que no necesitamos permisos de nada ni de nadie para recuperar nuestra visibilidad cada año con la escenificación más clara y contundente de nuestra lucha: llenar la capital política de Argentina de gays, lesbianas y personas trans orgullosas, reclamando lo que falta y resistiendo los embates de los sectores conservadores y de la Iglesia.

23 años de historia siguen rodando.

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