Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso -una de las más significativas y de mayor peso político- presentó, junto a otros referentes partidarios y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, el proyecto que propone resarcir con una pensión graciable a aquellas personas trans mayores de 40 años que fueron encarceladas por la aplicación de los edictos policiales que estuvieron vigentes hasta 1996 (y aún lo están en algunas provincias como Córdoba) o cualquier otro acto vejatorio de las fuerzas de seguridad.

El proyecto fue iniciativa de las organizaciones Abogadxs por los Derechos Sexuales (ABOSEX), la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), FUTURO TRANSGENÉRICO y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Los doctores Emiliano Litardo e Iñaki Regueiro, integrantes de ABOSEX y del grupo legal que redactó la Ley de Identidad de Género, fueron los encargados de darle el marco legal a este pedido que partió de la idea de las históricas militantes travestis Marlene Wayar, Lohana Berkins y Diana Sacayán.

El colectivo travesti fue históricamente perseguido y sus identidades negadas y criminalizadas hasta que la promulgación de la Ley de Identidad de Género le confirió sus derechos más fundamentales; para hablar de inclusión total y respeto se debe reparar el maltrato que durante años el Estado y la policía les dio.

“La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el estado-nación. Entre estos grupos figuraban las personas trans, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención y por lo tanto eran víctimas del aparato represivo del Estado, tanto en tiempos de dictadura como en democracia. Travestis y transexuales eran cuerpos instituidos como abyectos que ponían en riesgo la moral sexual. Las identidades trans se forjaron a la luz de la persecución policial por aplicación de los edictos del artículo 2 incisos F, H e I”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

Al respecto Litardo comentó que “una vez sancionada la ley de Identidad, quedaba pendiente el régimen reparatorio del Estado. Lo importante es que este proyecto se pensó desde el movimiento travesti y pretende reforzar el punto del reconocimiento de las identidades a través de la reparación y el sustento económico y jurídico”.

Los antecedentes que confieren legitimidad a este proyecto no sólo están basados en la historia de criminalización de las identidades trans y travestis, sino también en los argumentos para aprobación de la Ley de Identidad de Género, los Principios de Yogyakarta -base fundacional de esa ley y a los que Argentina adhiere-, los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía supra nacional y el fallo conocido como ALITT de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 “reconoció la violencia operada contra los cuerpos trans”.

Lohana Berkins, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nadia Echazú, coordinadora general de ALITT y directora de La oficina de Identidad de Género y orientación sexual en el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, nos comentó: “Está visto cómo el relato de nuestra vida va cambiando cuando es el propio Estado, el que genera otra condicionalidad, otra estructuralidad, donde nosotras vivimos nuestra vida: desde hace dos años, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, empezamos a ver cuáles son las inequidades que produjo el Estado con respecto a nuestras sexualidades.
La importancia de este proyecto es que por primera vez nos reconocerían como las víctimas selectivas que fuimos de los edictos policiales”
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El respaldo político que desde el Congreso se dio ayer a este proyecto mostraron indicios de que años de persecución y de detenciones arbitrarias empezarían a cicatrizarse de alguna manera, aunque suene un tanto extraño habiendo existido tantas muertes y asesinatos de las compañeras y los compañeros del colectivo travesti y transexual. Ninguna de esas muertes, como tampoco las muertes de los gays y las lesbianas, deben dejar de vivir en nuestro recuerdo. Son –sin duda- los cimientos de la construcción de la comunidad LGBTI de Argentina.

Fotos: Agustina Guimaraes Garcia

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