Hace unos días la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo vital de la madre, embrión o feto incompatible con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea resultado de una violación. La ex Directora de ONU – Mujeres fue enfática al señalar que ante estos casos “no podemos obligar a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos y arriesgamos su vida”.

Se trata de una iniciativa controvertida y de profundas implicancias que tocan las convicciones más profundas de millones de personas. El proyecto pone en debate concepciones de la vida, que en muchos casos se encuentran en contraposición con la libertad de decisión de miles de mujeres, hecho por cierto que impide el acceso con igualdad de oportunidades a los derechos sexuales y reproductivos.

La despenalización del aborto en estas tres causales es una demanda social que aboga por la implementación en el Sistema Nacional de Salud los servicios de aborto seguro. Respuesta imperiosa, imprescindible y necesaria ante el requerimiento y demanda social frente a una práctica que transcurre en la clandestinidad y pone en riesgo la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestro país.

Actores políticos y sociales han salido a exponer sus puntos de vista, tanto a favor como en contra de esta iniciativa legal, despertando un apasionado intercambio de opiniones. Como era de esperar, el bloque oficialista ha respaldado el proyecto de Gobierno, aunque con matices, mientras que la oposición y las iglesias, tanto católica como evangélica, se han opuesto con fuerza.

La presidenta del Senado, Isabel Allende (PS), dijo que “las mujeres nos sentimos orgullosas de una Presidenta que es capaz de entender que este es un tema que afecta a una comunidad; para una sociedad y evidentemente para las mujeres, la interrupción y la despenalización del aborto bajo estas tres causales, es un derecho incluso acorde a los derechos humanos reconocidos internacionalmente y estamos absolutamente dispuestos a apoyarlo”.

Por su parte la Coordinadora de Genero y Diversidad de la Red Chilena de PVVS, Patricia Pigatti, celebró la iniciativa del ejecutivo que consideró pertinente y necesaria. Nuestro país está en deuda con los derechos reproductivos de las mujeres, y este proyecto es un paso para regular una situación que está presente en nuestra sociedad y de la cual, lamentablemente, no se habla” sostuvo la dirigente. Aunque mostró su apoyo al proyecto, la activista expresó su preocupación de que esta iniciativa se convierta en freno para seguir avanzando en la agenda de género impulsada desde la sociedad civil: “esperamos que este proyecto permita seguir avanzando en torno a una despenalización total del aborto, y no se quede  tal como ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica es una simple normativa que reconoce a medias la libertad de para decidir de la mujeres”, sentenció.

En este contexto, el rector de la Pontificia Universidad Católica declaró que en los centros médicos de esa Casa de Estudios no se practicarán abortos por considerarlos contrarios a sus principios, lo que llevó a escuchar advertencias que hablaban hasta de quitarles las subvenciones estatales y expropiarlos.

Si bien esta iniciativa legal deberá sortear un complejo escenario en el parlamento, es fundamental que la discusión sea basada en los derechos; principalmente en torno a que cada persona debe tener la libertad de decidir sobre temas que le conciernen de manera directa y también respecto del rol del Estado en cuanto a poner a disposición de las ciudadanas las condiciones necesarias para ejercer esa libertad.

Las organizaciones sociales pro derechos humanos han expresado en diversas oportunidades que este debate es una oportunidad para garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, estén disponibles en todo el sistema de salud y para todas las mujeres, que permita frenar las desigualdades sociales y estructurales de acceso a dichos servicios asistenciales entre los sectores más acomodados versus los sectores con mayores carencias.

Mantener  la penalización del aborto implica amparar las relaciones desiguales de género construidas socialmente, a partir de las cuales las mujeres ocupan un lugar de subordinación, con una asimetría notable dentro de las relaciones de poder en que viven varones y mujeres,  que se perpetúa y se ve reflejada en las prácticas cotidianas que niegan los derechos de la mujer y refuerzan la inequidad; prácticas que se alejan de los principios de la Conferencia internacional de la Mujer de Beijing y de Cairo.

En el centro de la discusión deben estar la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos humanos de las mujeres.

Se espera que en el desarrollo de este debate sea revalorizado el rol de la mujer y la importancia de contar con una legislación que subsane las diferencias sociales; ya que estos son  indicadores de la calidad de la democracia como sistema político que convive pacíficamente en diversidad y genera igualdad de oportunidades para garantizar a toda la población condiciones para el ejercicio pleno de derechos, sin discriminación alguna.

Eludir el debate en este sentido ya es imposible.

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