En Latinoamérica la regla general de los sistemas penitenciarios es la debilidad estructural, el hacinamiento y la innegable presencia de poderes paralelos, los cuales parecieran ser los verdaderos tomadores de decisiones y señores de la vida y la muerte dentro de esos complejos espacios. Guatemala no es la excepción.

Las comunidades LGBT –que fuera del contexto penitenciario enfrentan graves retos para la salvaguarda personal y la participación social y política- se ven gravemente vulneradas por las variables mencionadas, pero especialmente por la violencia naturalizada y la indiferencia de las autoridades.

El año pasado, el sistema penitenciario guatemalteco enfrentó una de sus peores crisis al ser evidenciada la influencia de grupos paralelos al más alto nivel, que llegaron incluso a posicionar directores y directoras de cárceles y -en un caso extremo- hasta al mismo director general del sistema penitenciario.

Pese a múltiples esfuerzos por parte de la sociedad civil para mitigar y contener los efectos de los vicios del sistema en las comunidades LGBT, la situación cada vez es más precaria. Por ello, a mediados del 2014 inició el proceso para generar el “1er Diagnóstico de necesidades de personas LGBT privadas de libertad”, impulsado por la Red Nacional de la Diversidad (RENADS), con el apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, a través de uno de sus receptores principales, HIVOS.

Entre los principales hallazgos destaca la escasa formación e impericia de los funcionarios y funcionarias para gestionar, de manera pertinente, las situaciones vinculadas a las personas LGBT y los altos índices de violencias hacia esta comunidad, entre las que destaca la violencia sexual (vale señalar las implicaciones en la diseminación de ITS y VIH, pero especialmente los efectos en la salud mental de las y los afectados). El diagnóstico permitió visibilizar variables como el origen étnico, los niveles de acceso a programación de penas, la valoración de la visita íntima como causal de discriminación y permitió –entre otras cosas-   explorar sobre el conocimiento  de las funcionarias sobre el marco legal que ampara a las comunidades LGBT.

Vale recordar que el año pasado la máxima instancia en materia jurídica, la Corte de Constitucionalidad, dictaminó que el derecho a la identidad de las personas LGBT privadas de libertad incluía las expresiones de género particulares, con lo que cesó el asedio intenso hacia las mujeres trans, quienes eran obligadas a vestir ropa de hombre y obligadas también a usar cortes de cabello “según su sexo”.

A manera de sostener el proceso iniciado, el reciente lunes 16 de febrero, se realizó la  firma pública de un convenio estratégico que pretende – en el plazo de un año- generar y posicionar contenidos de formación para la escuela de estudios penitenciarios, desarrollar un protocolo para la creación de espacios libres de homofobia, lesbofobia y transfobia y promover estrategias de atención diferenciada para las comunidades LGBT en el ámbito penitenciario.

Es necesario señalar las serias implicaciones que para la respuesta al VIH en contextos carcelarios supone el alto índice de violencia sexual. Las violaciones masivas, la explotación y la trata son moneda corriente, especialmente para hombres gais y mujeres trans, aunque también afecta a hombres heterosexuales jóvenes. Identificar y señalar las áreas más sórdidas supone promover una respuesta más estratégica y especialmente avanzar en materia de derechos humanos e igualdad ante la ley ley para colectivos invisibilizados y marginalizados, además de combatir la impunidad en estas instancias del Estado.

La Red Nacional de la Diversidad liderará las actividades orientadas a mejorar la atención a la comunidad LGBT en el ámbito penitenciario, así como en el registro de los casos de violencia que ésta padezca.

Si bien hace falta mucho por hacer para lograr un pleno respeto por los derechos de las personas LGBT en las prisiones, se están dando importantes pasos en Guatemala.

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