El jueves 16 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil peruana se movilizaron hacia las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de la compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) para expresar su rechazo a la pretendida intromisión en las políticas de salud púbica y los altos precios del medicamento atazanavir.

Con una banda fúnebre y cargando ataúdes y arreglos florales, activistas exigieron la reducción de los precios del medicamento y el otorgamiento de una licencia obligatoria.

En los últimos meses se ha intensificado la confrontación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Salud, de un lado, y otras instancias del gobierno y los laboratorios Bristol por el otro, por la exigencia de una licencia obligatoria al medicamento atazanavir que permita la adquisición de versiones genéricas del mismo y contribuya a un ahorro aproximado de 8 millones de dólares anuales.

Como informáramos desde Corresponsales Clave en artículos anteriores, Perú invierte el 50 por ciento de su presupuesto de antirretrovirales en la compra de atazanavir, un inhibidor de la proteasa que cuenta con patente en el país hasta el 2018 y cuyo precio es el más alto de Sudamérica.

BMS habría ofrecido inicialmente un descuento del 12 por cierto en el precio del medicamento en el primer año y un 40 por ciento de descuento para el segundo año, reducciones que aún mantendrían al país con el precio más alto de la región. En las últimas semanas, luego de varios meses de diálogo y negociaciones entre el Ministerio de Salud y la compañía Bristol para alcanzar un descuento significativo en el precio del medicamento y así evitar la licencia obligatoria, el laboratorio intentó presionar al Ministerio de Salud, condicionando la reducción del precio del medicamento al aumento del volumen de compra, a través de la introducción del atazanavir –reservado en el país para esquemas de segunda línea– en esquemas de inicio de tratamiento.

Esta solicitud fue respaldada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo y motivó la reacción de diversas organizaciones por la pretendida intromisión en las políticas de salud de la empresa privada y otras instancias de gobierno que defienden los intereses comerciales por sobre el derecho a la salud.

Economía y comercio exterior por encima de la salud

El Ministerio de Salud ha presentado ante el Consejo de Ministros el borrador de Decreto Supremo que otorgaría la licencia obligatoria. Sin embargo, encontró en este espacio la fuerte oposición del Ministerio de Economía y de Comercio Exterior, que ha argumentado que tal decisión retraería las inversiones en el país o lo expondría a denuncias internacionales, argumentos falaces que han sido detalladamente desmentidos y discutidos en foros nacionales e internacionales.

Sin embargo, ante el desconocimiento de la comunidad y de algunas autoridades, los argumentos lograron tener eco en medios de comunicación y algunos activistas.

Continúa el camino hacia la licencia obligatoria

En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), instancia responsable del otorgamiento de patentes y de la ejecución de una potencial licencia obligatoria, presentó un borrador de norma técnica que regule la implementación de esta última. Una iniciativa que ha sido muy bien recibida por diversas instancias.

De otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y de las personas con VIH han expresado su determinación por continuar en la exigencia de una licencia obligatoria, ya que el ahorro en el medicamento en cuestión permitiría la ampliación de la atención en VIH y otros problemas de salud.

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