Justo dos días antes de celebrarse el Día Mundial contra la Homofobia, una jueza realizó una imputación de cargos por discriminación por orientación sexual -agravada por tratarse de un menor de edad-, destrucción y manipulación de pruebas, y falsa denuncia. La imputación fue contra varias directivas del Gimnasio Castillo Campestre: la exrectora  Amanda Castillo, la psicóloga Ivón Cheque y la veedora Rosalía Ramírez.

Activistas esperando el resultado de la imputación de cargos a las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre. Su lema fue: “Los prejuicios matan, justicia para Sergio”. Foto: Cortesía de Colombia Diversa

Estas tres mujeres no solo discriminaron a Sergio Urrego por ser gay sino que también lo acosaron y lo segregaron de la comunidad escolar a la que pertenecía al mostrarlo como “desviado” y “enfermo” ante estudiantes y profesores. De ahí la imputación por discriminación por orientación sexual.

Sergio fue obligado a asistir a terapias psicológicas para “curarse” de su supuesta desviación. De igual manera, marginaron y manipularon a la pareja de Sergio para que a través de sus padres demandara a Sergio por acoso sexual, lo que generó  la imputación de falsa denuncia.

La presión contra Sergio llegó a tal grado que él terminó suicidándose el día 4 de agosto de 2014. La fiscalía investigó y en la recolección de pruebas evidenció que varias habían sido destruidas (actas, emails, etc.), otras manipuladas (como ejercer presión a estudiantes y profesores para que no hablaran de lo que se había hecho contra Sergio), lo que generó el cargo de destrucción y manipulación de pruebas.

Al final de la imputación y ante la gravedad de lo sucedido, la juez acogió la solicitud de la fiscalía de aseguramiento carcelario para los responsables de los tres delitos, mientras se determina la sentencia que podría ser de hasta 10 años de prisión (en este caso y bajo el ordenamiento jurídico colombiano, no aplicaría la detención domiciliaria).

Antecedentes

William Viasus por la época en que fue destituido

El caso de Sergio Urrego sienta un precedente muy significativo, ya que nunca antes se había privado de la libertad a nadie por discriminar a un miembro de la comunidad LGBTI. En algunos casos se lograba que la persona discriminada fuera reincorporada al colegio, universidad o institución en la que fue discriminado y expulsado u obligado a irse, pero no se castigaba al discriminador.
Tal fue el caso del teniente de la Policía William Viasus, quien pese a tener una hoja de vida excelente, con  dos condecoraciones, tres menciones honoríficas, 35 felicitaciones y 150 anotaciones positivas, fue retirado por el hecho de ser gay por órdenes de su superior el coronel Jaime Orlando Velasco Gutiérrez.

Luego de demandar y de esperar siete años, el teniente Viasus ganó la demanda y fue reintegrado al cargo que le corresponde en la actualidad (Mayor) y a recibir el pago de todos los salarios y beneficios dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo por fuera de la Policía. Sin embargo, no hubo sanción alguna para el ex coronel  Velasco.

Sin embargo, ahora la situación es diferente: gracias a leyes aprobadas recientemente, quienes discriminen por orientación sexual serán sancionados penalmente. Esto es un paso muy importante en la construcción de una Colombia más incluyente y democrática, y envía un mensaje muy claro: no se permite discriminar a la comunidad LGBTI.

Campaña por el Día Mundial contra la Homofobia

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