Con una multitudinaria marcha e izamiento de la bandera del arcoíris en más 70 instituciones públicas y embajadas, se celebró en Chile el Día internacional contra la homofobia y transfobia. Las actividades lideradas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual  (MOVILH) y el Movimiento Unificados de Minorías Sexuales (MUMS) llenaron de color la ciudad de Santiago e involucraron a diversos actores sociales en torno a una demanda común: el reconocimiento social y jurídico del colectivo.

Como lo mencionáramos en una publicación previa, la fecha es coincidente con los 25 años de la eliminación de la homosexualidad del registro de enfermedades mentales llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud; sin embargo, a pesar de este gran avance, en Chile existen  muchas barreras para el pleno ejercicio de los derechos por parte de la comunidad LGTB que aún sufre la discriminación en diversos niveles.

Diversas organizaciones efectuarón un férreo llamado a dignificar a la comunidad trans, ya que la transexualidad aún es considerada como un problema de salud mental. Además, la falta de reconocimiento de su identidad de género, somete a las personas trans a un alto grado de discriminación, les impide acceder a salud, las expone a una continua fiscalización de su sexualidad y las segrega socialmente.

Justamente hace 25 años, cuando la OMS consideró, por fin, que la homosexualidad ya no era una enfermedad, se dio un paso importante para acabar con la criminalización y la discriminación de la diversidad sexual y de género; pero aún no hemos podido superar todos aquellos discursos que consideran a la diversidad sexual como enfermedad, delito o algo a perseguir y estigmatizar socialmente

Chile, a pesar de contar con instrumentos legales que penalizan la discriminación en base a la orientación sexual, no ha logrado su efectiva aplicación. El hecho reviste tal gravedad que a pesar de existir una conciencia social respecto a esta problemática, en los últimos dos años al menos siete personas trans han sido brutalmente golpeadas  y asesinadas. Para la organización de trabajadoras sexuales Trans Amanda Jofre el hecho no es nuevo; hace unos meses denunciaron públicamente la existencia de mafias que las atacaban y les cobraban derecho de peaje, además de someterlas a golpizas y otros tratos degradantes al no cumplir sus demandas, hecho que fue denunciado y se encuentra actualmente en conocimiento del Ministerio Público. Sin embargo, poco se ha avanzado en el caso. La impunidad también es un ejemplo de transfobia.

Por otra parte, el proyecto de Ley de identidad de género se encuentra descansando en el Parlamento, con una amplia oposición de sectores conservadores pertenecientes a comunidades religiosas y movimientos políticos .El estado además, no cuenta con políticas gubernamentales transversales en materia de integración, acceso al trabajo, acceso a la educación y la protección social de las personas trans. Chile tiene todavía muchas tareas pendientes.

En el marco del Día internacional contra la Homofobia y transfobia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó a los estados sobre la existencia de normativas que promueven y perpetúan la desigualdad: Las leyes que, de manera directa o indirecta, criminalizan a las personas con base en su orientación sexual o identidad de género exacerban la violencia y discriminación”. Además la Comisión señala que “El estigma y la discriminación que enfrentan los niños, niñas y jóvenes LGBT tienen efectos negativos en su autoestima, y están asociados a tasas más altas de depresión y suicidio que entre sus pares. Las actitudes discriminatorias de los profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información también crean barreras que obstaculizan el acceso de niños, niñas y jóvenes LGBT e intersex a servicios de salud apropiados y seguros.”

Según datos oficiales del Ministerio de Salud en nuestro país al menos un 15% de las personas homosexuales viven con VIH, cifra que se incrementa a un 30% en relación a las personas transexuales. Estas alarmantes cifras reflejan una dura realidad a la que nos debemos enfrentar como sociedad y a la cual debemos responder con políticas de mayor eficacia y permanencia que permitan lograr resultados en la vida de las personas trans.

Nuestros gobiernos deben asumir con responsabilidad su función de garantizar en igualdad de condiciones el derecho a la protección social y al reconocimiento de la comunidad trans; en este sentido, es fundamental que los hechos de violencia sean investigados con premura y castigar a sus responsables, del mismo modo urge implementar políticas y acciones de educación hacia todos los sectores de la comunidad, a fin de fortalecer la participación en igualdad de condiciones.

Respetar los derechos humanos es un proceso continuo para dignificar a todas las personas, valorando nuestras diferencias. Hacerlo es un imperativo para construir una sociedad más democrática e inclusiva.​

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